La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras que poseen viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes, lo que supone un incumplimiento de lo establecido en la Ley de Vivienda Protegida y en la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta.

Entre ellas se encuentran el BBVA y el Santander. Las posibles multas ascienden a 11,1 millones de euros, 60.000 euros por casa. Este procedimiento sancionador es similar al abierto contra el denominado banco malo.

La impactante noticia del impresentable órdago de Susana Díaz a la ejemplar consejera de vivienda Elena Cortés ante el realojo de la Corrala Utopía ha disipado cualquier duda: si IU ha escogido la utopía, PSOE ha escogido el régimen. Y es muy importante para la izquierda entender el modo en que ambos discursos, ambos caminos, fueron destruyendo a esa necesaria izquierda a manos del retorcido capitalismo.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha apuntado este sábado, a cuenta del acuerdo alcanzado entre PSOE-A e IULV-CA para la Corrala Utopía, que supone el realojo provisional de ocho de las 22 familias del colectivo en viviendas de titularidad pública, que "no se va a producir ningún realojo más" al margen de los ocho acordados.

En el reciente proceso de desahucio y realojo de la Corrala Utopia y la crisis del Gobierno Andaluz hemos asistido, en días, a dos procesos de desinformación interesada masivos: a)Confusión de asignación de vivienda VPO con realojo de emergencia b)Presuntas cesiones de Izquierda Unida para el cierre de la crisis del Gobierno andaluz ¿Qué hay detrás de ellas? ¿Por qué las realizan al unísono el conjunto de los medios oficiales y se incorpora el sector más sectario de los “alternativos”? Lo que hay es miedo, mucho miedo.

La Consejería de Fomento y Vivienda trabaja para contabilizar la vivienda protegida que se encuentra desocupada, que sólo tiene cuantificada en la capital hispalense, con 528. La crisis de la Corrala Utopía ha puesto en evidencia que las administraciones no acaban de dar con la respuesta a las necesidades de los ciudadanos en materia de vivienda.

El Ayuntamiento de Sevilla ha enviado una carta a la Junta de Andalucía, acompañada de un informe técnico en el que se concluye que sólo dos de las familias desalojadas de la Corrala Utopía cumplen los requisitos para formar parte de una lista de espera como demandantes de viviendas de protección oficial.

La alcaldesa de Madrid justifica la venta a precio de saldo de 1.860 pisos de protección oficial para "mantener la permanencia de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo". Lissavetzky advierte del peligro de una subida de alquiler a los inquilinos.

Ha comenzado a enviar cartas a los alcaldes y presidentes de diputaciones para que se comprometan a darle salida a las más de 5.600 que calcula que controlan, "igual que ha hecho la Junta de Andalucía con sus 638". La consejera detalla que la Junta de Andalucía ha procedido desde 2001 a 637 realojos como el de la Corrala Utopía porque "está previsto en la ley" y es una medida "excepcional" por "riesgo de exclusión social".

...han renunciado hasta ahora a una de las 47 viviendas de vppb (viviendas con protección pública básica) de una promoción del plan de vivienda joven del consistorio (...) Estas viviendas tienen entre 73 y 84 m2 útiles y se localizan en la zona de roza martín. sus precios oscilan entre los 213.538 euros y los 234.990 euros.

El pleno del Ayuntamiento de Gasteiz ha acordado, con los votos a favor del PP, PSE y EH Bildu y la abstención del PNV, instar al Gobierno de Lakua a que revise a la baja los alquileres de las viviendas de protección oficial para evitar desahucios por impago de las rentas.Los grupos municipales del PSE y EH Bildu han promovido la celebración de un pleno extraordinario para votar una moción impulsada por la plataforma Stop Desahucios. El objetivo de la iniciativa es que el Gobierno de Lakua adopte de forma urgente las medidas necesarias para que

la agencia de la vivienda de la Generalitat de cataluña ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el ministerio de Fomento por la supresión retroactiva de las ayudas subsidiación VPO. 300.000 familias afectadas en todo el estado español.

Todos los afectados convocados a la concentración. Para exigir que paguen ayudas vivienda después de 5 años de impagos. Para presentar más de 300 reclamaciones. Para pedir responsabilidades por la supresión retroactiva (RD20/2012 Y LEY4/2013) etc.

Ante la avalancha de sentencias judiciales favorables a los afectados, los pronunciamientos institucionales (Defensora del Pueblo, defensores autonómicos, declaraciones de parlamentos autonómicos, diputaciones y corporaciones locales, PNLs) y el respaldo de la práctica totalidad de los partidos de la oposición, juntamente con la presión colectiva de las asociaciones de afectados, Fomento finalmente cede y anuncia que retirará los criterios interpretativos del Art. 35 RD 20/2012 con los que se denegaron miles de prórrogas de subsidiación de prés

El pasado octubre, el Instituto de Vivienda de Madrid vendió unas 3.000 viviendas públicas de protección oficial a EnCasa Cibeles, una empresa financiada por el fondo de inversión Goldman Sachs. Muchos vecinos mostraron entonces su malestar pero desde IVIMA aseguraron que sus condiciones de alquiler no cambiarían: En lugar de cobrar nosotros, lo harán ellos, detallaron. Las promesas, sin embargo, se han quedado en papel mojado. Tras la venta, miles de familias se han quedado, según denuncian muchas de ellas, en absoluto desamparo...

Según el Partido Popular de Andalucía, la Junta presidida por Susana Díaz gastará 400.000 euros en amueblar el edificio en el que finalmente se alojarán a los 'okupas' de la Corrala Utopía. El inmueble de San Benardo, próximo a la Avenida de Málaga, fue diseñado en principio para el alquiler de jóvenes con necesidades y personas mayores de 65 años. Los 400.000 se suman a los 14 millones de euros que ha costado el complejo.

los afectados por la eliminación de las ayudas a la subsidiación para la compra de vivienda protegida siguen esperando a que el ministerio de fomento cumpla la promesa anunciada hace dos meses.

La directora gerente del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima), Ana Gomendio, está citada a declarar mañana en el juzgado de instrucción número 48 de Madrid a raíz de varias querellas por presunta malversación y prevaricación en la venta de 32 promociones a un fondo de inversión.

Para analizar con seriedad lo que es el mercado español de la vivienda hay que saber de dónde surge esta costumbre nuestra, casi manía, de ser propietarios del piso en el que vivimos...

El boom de la construcción también hizo mella en la Ciudad del Torcal. Antequera cuenta con unas 300 viviendas vacías, en un municipio de unos 41.000 habitantes. Y frente a las viviendas vacías destacan los 539 demandantes de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Raúl Sánchez, concejal de Izquierda Unida desde hace 15 años en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,es propietario de un piso de protección oficial en el barrio madrileño de Vicálvaro pese a que no reside en él, sino en un chalé ubicado en Rivas-Vaciamadrid, desde hace más de quince años. La legislación que regula la VPO obliga a que el beneficiario de una de estas viviendas resida en ella. Sin embargo, Raúl Sánchez se hizo con ese piso en 2002, cuando ya vivía en su chalé de Rivas, domicilio que no ha abandonado.

A algunos columnistas de la derecha el escenario elegido por Felipe VI para su primer discurso como Rey parece antojárseles demasiado plebeyo. Entre las críticas llama especialmente la atención la del periodista Carlos Herrera, quien le reprocha en ABC que “haya elegido un decorado propio de vivienda de protección oficial. ¡Con la de rincones que debe de haber en La Zarzuela!”. Por lo demás, defiende su discreción con el caso Urdangarin ya que “el Rey no puede ser un cuñado desatado con un par de copas de más”.

Apoyo “oficial” de la defensora del pueblo a la apertura de un nuevo plazo de 6 meses para presentar la solicitud de prórroga (afectados rd20/2012) Gran éxito de la coordinadora Un paso más en la recuperación de nuestros derechos injusta e ilegalmente sustraídos. ¡seguimos en la lucha! El ministerio cambió los criterios ministeriales para los afectados del rd20/2012, pero excluyó a los afectados que no tenían presentada la solicitud.

No todo en esta vida es alquilar o comprar. Hay otras formas de acceder a una vivienda, como es a través del desconocido “derecho de uso”. Se trata de un modelo habitacional más asequible que está ampliamente desarrollado en los países nórdicos y que en España comienza tímidamente a desarrollarse. La cooperativa "sostre civic" es la pionera en levantar viviendas donde el cooperativista no compra la vivienda ni tampoco la alquila, sino que lo que hace es pagar una cuota mensual más económica por ser usuario de la casa de manera indefinida.

El entonces alcalde promovió en Sanchinarro una promoción de casas baratas para jóvenes para "evitar una forma de exclusión social". Diez años después su precio se desboca. Los inquilinos denuncian que la gestión del nuevo dueño es pésima y además les quitan la opción de comprar su vivienda. El fondo se justifica y dice que están negociando puerta a puerta y que las subidas son graduales.