Los fiscales del caso ERE parecen compartir con la jueza el relato de lo sucedido, pero no su inverosímil hipótesis de que todo fue ideado y sostenido durante diez años por Chaves y una veintena de sus altos cargos.

El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha elevado una queja ante el CGPJ por los dos autos emitidos por la juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, en los que pedía investigar el papel de la Cámara ante irregularidades por "posible afectación al ejercicio de las funciones de los parlamentarios, el respeto al principio de separación de poderes y a la propia inviolabilidad del Parlamento". La queja se justifica "en defensa de las funciones del Parlamento andaluz gravemente lesionadas por la actuación" de la juez Alaya.

El portavoz de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro, ha considerado que el escrito remitido por el presidente de la Cámara, Manuel Gracia, al Consejo General del Poder Judicial por la actuación de la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, en lo que respecta a este órgano autonómico, "era una actuación necesaria", "desde IU nos gustaría ver esto desde la normalidad, poniendo a cada uno en su sitio, y delimitando de manera adecuada los poderes públicos".

El letrado mayor del Parlamento andaluz, José Víboras (hermano de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, del PSOE), ha instado a poner en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los autos de la juez Mercedes Alaya en los que pide investigar la actuación de la Cámara andaluza respeto a las partidas del caso de los ERE fraudulentos.

La juez alude a que determinados informes y atestados aún por recibir y la "extraordinaria" interrelación entre las piezas no hacen conveniente desmembrar "por ahora" la causa ante hipotéticos "fallos contradictorios".

La jueza Mercedes Alaya ha remitido sendos escritos al Congreso y al Senado para pedir información sobre la situación de aforados del diputado y expresidente andaluz Manuel Chaves y su sucesor y actual senador Manuel Griñán relacionados ambos con la causa de los ERE en Andalucía, han informado fuentes parlamentarias.

El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, ha anunciado este martes que "devolvió" a la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, el oficio dirigido a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al exconsejero de Empleo andaluz José Antonio Viera, que considera no ha seguido el "procedimiento adecuado".

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares en Andalucía resalta en el auto la "imposibilidad de notificar en los domicilios" a los dos expresidentes de la Junta. La juez alude, en este sentido, a las noticias que "han aparecido en los medios de comunicación en las que se pone de manifiesto que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado tienen intención de negarse a realizar las correspondientes notificaciones aludiendo a que este Juzgado debe dirigirse al Tribunal Supremo".

El presidente del Tribunal Supremo ha enviado a los presidentes del Congreso y Senado los "autos de preimputación" en los que la juez Alaya ofrece acciones a varios aforados, entre ellos los expresidentes andaluces, Chaves y Griñán. La juez había pedido hoy al Supremo y al TSJA que la "auxilien" para notificar el auto de "preimputación" después de que las Mesas del Congreso y Senado acordaran devolver a la magistrada los requerimientos. La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido para que la causa contra los aforados se remita al Tribunal Supremo.

Confesión de uno de los cargos implicados en los ERE a la Juez Alaya.

Según declaración de J.A. González Baro, que compareció como imputado ante la juez Mercedes Alaya el pasado 18 de diciembre tras ser detenido en la segunda fase de la operación Madeja, su empresa asumió como algo natural el pago de las mordidas que le sugerían con más o menos descaro funcionarios con poder de decisión y partidos políticos, como IU. Su padre y verdadero dueño de la empresa, Rafael González Palomo, ya confesó ante la juez que entregó un sobre con 30.000 euros que -según le dijeron- era para el PSOE.

La jueza imputa a otras 15 personas entre los que se encuentran, además del exdiputado popular, el exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO, José Luis Montesinos, y el actual secretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT, Manuel Morales Larrubia, así como a varios "intrusos"

Anula la imputación de Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano por la falta de precisión en los hechos relatados por la magistrada.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que suspenda las declaraciones fijadas para el próximo martes 29 de abril del "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, cuyo "entramado societario" en la Sierra Norte de Sevilla recibió 34.264.273,70 euros en subvenciones excepcionales, han informado fuentes del Ministerio Público.

Hace una "motivación reforzada" de sus argumentos contra los ex directores generales de Presupuestos, a los que atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

¿Va a soltar el Caso de los ERE? ¿Elevará las piezas con aforados implicados (las del 'procedimiento específico' y la de la Sierra Norte)? Antes tendría que fraccionarlo ¿Seguirá investigando en exclusiva las sobrecomisiones, el papel de las mediadoras o el de los sindicatos en torno a las subvenciones sociolaborales? Después de más de tres años de investigación, de 166 imputados ( los últimos 15 hace menos de diez días), de 'preimputaciones' y de 'reimputaciones', conceptos inexistentes jurídicamente...

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, toma declaración mañana al expresidente y al ex director general del Grupo Barbadillo por el tiempo en que fueron consejeros del Matadero de Sierra Morena, cuyas ayudas están siendo investigadas.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado el recurso interpuesto por la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

El juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, comandado por la jueza Mercedes Alaya, ha procesado finalmente al expresidente del Real Betis Balompié Manuel Ruiz de Lopera y a las restantes siete personas imputadas en torno a la anterior gestión del club heliopolitano, entre ellas Luis Oliver, Ángel Guillermo Martín y Francisco Javier Páez, por la "descapitalización" de la entidad "en beneficio" de las sociedades instrumentales controladas por el propio Lopera.

La juez Mercedes Alaya, en su auto de procesamiento dado a conocer hoy, acusa a Manuel Ruiz de Lopera de “enriquecerse a costa del Betis en virtud de un plan preconcebido desde que fuera vicepresidente del club” y señala también que “no desembolsó un importante paquete de acciones del que aparecía como titular”.

La juez de los ‘ERE’, Mercedes Alaya, ha iniciado hoy el embargo de seis inmuebles y cinco cuentas corrientes, entre ellas una en Luxemburgo, a la exministra Magdalena Álvarez para cubrir su fianza civil de 29,5 millones.

Alaya cita declarar como imputado en el caso de los ERE el próximo miércoles 21 a las 12:00 horas a Braulio Medel, presidente de Unicaja. Lo hace en relación con los pagos que la Agencia Idea, la empresa que pagaba las ayudas sociolaborales que investiga la jueza, abonó al tándem 'Rosendo-Sayago', dos exconcejales socialistas de El Pedroso, en Sevilla. Braulio Medel formó parte de uno de los consejos rectores de esta agencia pública

La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE irregulares en Andalucía, ha imputado al presidente de Unicaja, Braulio Medel. La titular de juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha citado a declarar a Medel el próximo miércoles, 21 de mayo, a las 12.00 horas en relación con los pagos que la Agencia Idea abonó a los exconcejales socialistas Enrique Rosendo y José María Sagayo.

¿Elige la jueza Alaya los momentos políticos oportunos para lanzar sus autos? Es la pregunta que siempre sobrevuela cada vez que la magistrada que investiga el caso ERE marca un nuevo paso en su dilatada instrucción, como ocurrió en distintas campañas electorales e incluso en la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz. “Alaya es una experta en marcar los tiempos políticos”, afirmó ayer el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo.