Gestionan gastos, claves de seguridad y tramitan expedientes patrimoniales. Suman más de 20 años de inhabilitación por prevaricación o malversación de caudales.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia investigar el uso que hizo el empresario Augusto Tauroni de un ordenador portátil que le intervinieron en la cárcel valenciana de Picassent, donde se encontraba cumpliendo condena -seis años de prisión- por el caso Blasco, relacionado con el fraude en subvenciones de la Generalitat Valenciana.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano pone en oferta pública parte de una casa y dos pisos de los responsables de la fundación que compró unas oficinas en Valencia con los fondos de sendas subvenciones de ayuda a Nicaragua.

Aseguran que habiendo reconocimiento de los hechos no es necesario celebrar el juicio pero que las acusaciones insisten en celebrarlo buscando el escarnio de sus defendidos en un juicio paralelo.

Hay dos apuntes contables por valor de 5.000 euros, en concepto de estudios y trabajos técnicos, a nombre de Luis Fernando Castel Aznar, imputado en el caso Blasco. Castel Aznar era el evaluador externo de los proyectos de Cooperación que se proponían a la conselleria que dirigía Rafael Blasco y que “ha acabado formando parte de la larga lista de imputados de este caso lamentable y vergonzoso”.

El Juzgado de Instrucción número 21 de València, que instruye dos piezas separadas del conocido como caso Cooperación, ha formado una pieza más sobre la supuesta trama de amaño de contratos por servicios informáticos en la que incluye como investigado al exconseller Rafael Blasco, actualmente en prisión.

El Tribunal de Cuentas ha embargado 59.000 euros de tres condenados en el Caso Cooperación, entre ellos, el exconseller y exportavoz del PP en les Corts Valencianes, Rafael Blasco, y ha transferido esta cantidad a la Generalitat Valenciana dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del 'Caso Cooperación' --2 y 3-- en las que se investiga a 21 personas, entre ellas, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití.

La Abogacía de la Generalitat Valenciana solicita más de 170 años de cárcel para los 21 procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco, en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación por posibles irregularidades en subvenciones a ONG y la construcción de un hospital en Haití que habrían cometido como "grupo criminal".

Tres de los acusados en el último juicio del caso Cooperación han alcanzado una conformidad con la Fiscalía por la que admiten su participación en los hechos y aceptan penas de alrededor de un año de prisión. Se trata del empresario Tauroni , la que fuera secretaria general de la Conselleria de Cooperación Tina Sanjuán y el exjefe de servicio de informática Javier Mucia. El exconseller Rafael Blasco, ha rechazado pactar, por lo que el juicio sigue adelante. Anticorrupción reclamaba provisionalmente para él dos años y ocho meses de cárcel.

El exconseller Rafael Blasco ha sido condenado a una pena de 8 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público -que ya no ocupa- como responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de fraude a la Administración en el marco de la quinta pieza del caso Cooperación, por el amaño de contratos informáticos.

Se trata del segundo aplazamiento en el alto tribunal para pronunciarse sobre la causa por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua y por la que Blasco fue condenado a ocho años de prisión, junto con otros ex altos cargos del Consell.

El nuevo juicio deriva de la investigación sobre el fraude en las subvenciones a ONG y en los fondos para construir un hospital en Haití –las piezas 2 y 3 del caso–, en la que junto al exconseller están acusados el empresario César Augusto Tauroni, el exjefe de Cooperación del Consell, Marc Llinares, y otras 21 personas. La Fiscalía Anticorrupción, la Generalitat Valenciana y la Coordinadora de ONGD reclamaron hasta 170 años de prisión en total.

Considera la fiscalía anticorrupción que hubo malversación no sólo en el momento de la concesión de las ayudas, sino que se prolongó durante el desarrollo del proyecto. Si prospera el recurso la pena de prisión a Blasco podría incrementarse hasta los 14 años.

La Fiscalía Anticorrupción solicita la retirada del pasaporte para la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar y su hijo artista, Rafael Blasco Ciscar, alias Rablaci, por presuntas irregularidades que se están investigando en el museo en la época de gestión de la exresponsable de la institución cultural.

La titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha abierto juicio oral contra el exconseller de Cooperación Rafael Blasco y contra otras 23 personas por el fraude de más de 8 millones de euros de los fondos públicos de la cooperación valenciana. La magistrada finaliza la investigación que ha durado casi ocho años y reclama a los acusados que devuelvan subsidiariamente 8,2 millones que debían haber ido a proyectos en Nicaragua, Perú, Paraguay, Haití o Guinea y que acabaron en empresas, apartamentos en Miami y un yate.

Subsidiariamente, el ministerio fiscal ha reclamado el pago de dos millones de fianza, durante la vista celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre medidas cautelares que, a petición de la propia Fiscalía, se debería aplicar tanto sobre el exconseller como para otros seis acusados.

El grupo Esquerra Unida de Les Corts Valencianes ha colocado un cartel con esa frase en el escaño del exconseller de Solidaridad y actual diputado no adscrito, Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación.

Creo que nadie podrá negar que habrá un antes y un después del miércoles 28 de mayo de 2014 cuando, a las 9:15 de la mañana, en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se conocía la noticia de la condena a 8 años y un día de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta a Rafael Blasco Castany.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) han detenido a nueve personas en relación con la investigación abierta a Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de Valencia y sobrino del exconsejero de Solidaridad y exdiputado popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, condenado a seis años de prisión por el caso Cooperación. Uno de los detenidos es el propio Sergio Blasco.

Numerosos medios recogen hoy la noticia de que Miriam Blasco, ganadora de un oro en Barcelona 92, está casada desde hace más de un año con Nicola Fairbrother, la británica que fuera su rival en la final olímpica y de la que es pareja desde hace 22 años. Así se lo revelaba Blasco a Maria Escario en Televisión Española. Lo que esos mismos medios obvian es que el de Blasco, que tras su carrera deportiva se dedicó a la política y fue senadora del Partido Popular, fue uno de los 131 votos contra la ley de matrimonio igualitario aprobada en 2005.

La trama de presunta corrupción que lidera el exgerente del hospital General de València, Sergio Blasco -sobrino del exconseller encarcelado Rafael Blasco- que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de València se apoyó para sus negocios en Guinea Ecuatorial en una empresa que aparece en los Paradise Papers por estar administrada desde un holding helvetico-maltés. La firma Grupo Agem (Auxiliar General de Electromedicina) montó tres centros de transfusión en el país africano, para lo que subcontrató a la empresa de la sobrina de Blasco

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps "jamás" sospechó de ninguna actuación irregular del exconseller Rafael Blasco. "Que sepa no hay nada en firme a día de hoy. La presunción de inocencia es la base fundamental del Estado de Derecho", ha asegurado Camps. Relacionada:www.meneame.net/story/tsj-condena-blasco-8-anos-prision-caso-cooperaci

El juzgado de Instrucción número 6 de Valencia ha imputado al exsíndic y exdiputado del PP en las Corts y exconseller en distintos gobiernos de la Generalitat, Rafael Blasco; a Tina Sanjuán y Marc Llinares, quienes han trabajado con Blasco en distintos departamentos de la administración valenciana; y al empresario Augusto César Tauroni, en la causa abierta por presuntos delitos de cohecho y falsedad documental en relación con los contratos del sistema Abucasis.