El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido disculpas a la sociedad por la sentencia del conocido como "caso De Miguel" porque condena acciones "reprobables" que, no obstante, ha precisado que se corresponden con "actitudes particulares" sin vinculaciones "partidistas", en referencia al PNV. Urkullu ha hecho estas declaraciones después de que se haya hecho pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que ha condenado a 13 años y 3 meses de cárcel a Alfredo de Miguel, el que fuera número dos del PNV alavés y diputado foral

Los 26 imputados en el ‘caso De Miguel’, a los que se atribuye la presunta comisión de 11 delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, son los siguientes:

Las tres Haciendas tienen como deudores de más un millón de euros a 240 contribuyentes con Lagilur a la cabeza

Con 26 imputados y unos 150 testigos, es el caso de corrupción más importante de Euskadi y salpica a exdirigentes del PNV de Álava encabezados por el que fuera 'número dos' territorial, Alfredo de Miguel, acusado de 21 delitos

Gobierno vasco y partido tratan de poner un cordón sanitario sobre un caso que ya generó serios problemas internos a Urkullu, entonces líder del PNV, cuando estalló la trama tejida por el ex 'número dos' peneuvista en Álava, 'Txitxo' de Miguel. Andoni Ortuzar, presidente del PNV, desvincula al partido del caso y sospecha de un "interesado impulso político" en clave electoral para dañar a su formación.

El Código Penal establece que los condenados a prisión por múltiples delitos cumplirán como máximo el triple de años de la mayor pena que se les haya impuesto. Los delitos que entrañan condenas más altas para Bárcenas y Correa son de seis y cinco años respectivamente, por lo que cumplirán como máximo 18 y 15 años. Es diferente cuando de trata de delitos de sangre, porque en ese caso la permanencia en prisión puede llegar a 30 años.

En puertas de que se cierre el plazo de apelaciones del mayor caso de corrupción vasco, no accede a la petición de la Fiscalía de Álava de revisar el delito de coacciones

Cuando el 27 de enero de 1993 encontraron los cuerpos sin vida de Miriam, Toñi y Desirée (bautizadas por la opinión pública como ‘las niñas de Alcásser’) en una fosa próxima al pantano de Tous, una ola de indignación y miedo nos sacudió. Conocer los atroces detalles de cómo murieron estas tres jóvenes sumió a muchos en una profunda tristeza. No sólo fueron violadas y asesinadas, sino también torturadas de una manera cruel e inhumana. La pregunta que planeaba en el aire era: ¿quién podía haber cometido semejante aberración y por qué?

Alfonso Arriola, exdirigente del PNV condenado a cuatro años de inhabilitación, no ha perdido su trabajo en el Gobierno vasco y seguirá cobrando casi 80.000 euros brutos al año. El Ejecutivo de Urkullu interpreta, según publica El Correo, que debe mantener a Arriola en su puesto de funcionario porque la sentencia del Supremo solo le inhabilita para trabajar en empresas públicas, pero no en la Administración.

El instructor del caso Nóos se planteó dejar constancia sonora del encuentro con Miquel Roca para luego "optar por denunciar los hechos o borrar las grabaciones si su contenido resultara inocuo".

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reabierto, a petición de la Fiscalía, el caso del secuestro y asesinato en 1997 del concejal del PP Miguel Ángel Blanco para investigar al etarra José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, en vista de los indicios de que ordenó matarlo. En un auto, el juez ordena la reapertura del sumario y cita al etarra el próximo 10 de febrero. Rel: menea.me/1ijyf

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado declarar la jubilación voluntaria anticipada del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miguel Florit, en respuesta a la solicitud realizada por el magistrado. El pasado 14 de noviembre, el CGPJ ya certificó que Florit, acusado por el conocido como 'caso Móviles', cumplía todos los requisitos para poder jubilarse de manera anticipada el 31 de enero de 2020.

El Juzgado de Instrucción que investiga el caso Umbra, sobre presunta corrupción en la expansión norte de la ciudad de Murcia, ha decidido prorrogar por cuarta vez el secreto de la pieza separada que abrió para investigar el patrimonio del alcalde, Miguel Ángel Cámara. La resolución del magistrado señala que esta nueva prórroga se debe a que el funcionario encargado de realizar el informe ha puesto en conocimiento del Juzgado que aún no ha recibido la información que debe suministrarle una entidad bancaria.

La ONG Murcia Transparente denuncia el posible cambio de rumbo que planea sobre el caso Umbra, debido a la paralización temporal del juzgado que instruye el caso debido a una inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el caso de supuesta corrupción urbanística están imputados pesos pesados como el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y el promotor y presidente del Real Murcia, Jesús Samper.

Ante la indignación de los grupos municipales de la oposición –PSOE, IU-Verdes y UPyD–, que consideran vergonzosa la maniobra, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, confirmó ayer que su marcha al Senado por designación autonómica es una posibilidad que "se ha planteado pero que "habrá que esperar a ver qué ocurre". Cámara confirmó su intención de ser senador, algo que ya ha solicitado al PP, con lo cual adquiriría la condición de aforado y el Tribunal Supremo debería hacers cargo de la causa del Caso Umbra, en la que está imputado.

Preocupa enormemente y lamentamos sobremanera la decisión del CGPJ de ordenar una inspección en el Juzgado Nº8 -que investiga el Caso Umbra en el que está imputado el alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara- a poco tiempo de la posible apertura de juicio oral. Esta inspección llevará consigo una paralización en la actividad de dicho Juzgado durante unos tres meses. Cuando parecía que el Juzgado Nº8 iba a contar con refuerzos para acelerar las diligencias de este procedimiento,se produce esta decisión.

La Universidad de Alicante (UA) ha anulado la decisión de su Gerencia por la que había acordado suprimir el nombre de Antonio Luis Baena Tocón, secretario judicial que participó en el juicio que condenó a muerte a Miguel Hernández, de varios textos firmados por el catedrático de Literatura de la entidad académica alicantina Juan Antonio Ríos. En la resolución al recurso de alzada presentado por Ríos, la UA considera que las funciones desempeñadas por Baena Tocón, al ser públicas, “son de interés público”, por lo que “la publicación de su nombre

El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta ha archivado la causa en la que investigaba al senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, por un supuesto cochecho al estimar que las dádivas que supuestamente obtuvo del constructor José Ana Pérez Lobajos, también imputado, están prescritas al ser los hechos anteriores a 2005.

La juez de instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado auto de apertura de juicio oral por el caso de Las Teresitas, en el que fija una fianza de 109 millones de euros a los 13 imputados, entre ellos el anterior alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC). La Fiscalía Anticorrupción pide 60 años de prisión para los imputados. + info: elpais.com/elpais/2013/10/12/media/1381593433_348041.html

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha notificado este viernes un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra el magistrado Miguel Florit, y contra el Estado como responsable civil subsidiario, por la incautación de móviles a redactores que cubrían el caso Cursach.

El caso Acuamed, las sociedades ‘offshore’ de su esposa, sus negocios petroleros… complican su papel como comisario europeo. La implicación del exministro en el 'caso Acuamed' ha aumentado las dudas acerca de su continuidad en Bruselas