El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio del Interior a entregar a lamarea.com datos referentes a las sanciones por abuso de poder o desproporción en el uso de la fuerza por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta forma, el CTBG ha estimado la reclamación interpuesta por este medio después de que el ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska no diese respuesta a la Petición de Transparencia realizada el 6 de julio de 2021.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por el silencio administrativo en 131 de las resoluciones con las que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dado la razón a la ciudadanía durante el primer semestre de 2021, lo que representa un incremento del 65,82 % en relación con el mismo periodo del año anterior al inicio de la pandemia.

Los presupuestos de 2015 incluyen 1,9 millones para este órgano. El plazo legal se cumplió el mes de marzo, pero no ha sido hasta hoy que el BOE recoge este decreto. El organismo deberá “articular mecanismos de participación” ciudadana, afirma el documento, que no aclara qué mecanismos ni cómo se pondrán en marcha. Además del presidente, el organismo contará con dos subdirecciones generales y una comisión. A los miembros de la Comisión no se les exige "reconocido prestigio". 2 de ellos tienen que pertenecer a un partido.

Un particular presentó una solicitud de acceso a la información dirigida a la Corporación RTVE, que tenía por objeto conocer el contenido del contrato firmado por la Corporación y la productora VIDEO MERCURY FILMS, el listado de las películas adquiridas y los informes que recomendaron realizar esa operación y su futura rentabilidad.

El organismo encargado de velar por la transparencia de lo público, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado en 2014, trabaja actualmente con la mitad del personal necesario para cumplir sus funciones, según ha señalado a Vozpópuli su presidente interino, Javier Amorós.

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), Esther Arizmendi, ha fallecido "tras una larga lucha contra la enfermedad", según ha informado el organismo público en un comunicado, en el que expresa su "profundo dolor" por la muerte de su presidenta.

Al menos ocho ministerios ningunean resoluciones del Consejo de Transparencia en las que obliga a los ministros a publicar sus reuniones. Argumentan que no existe mayor información que la que ya se publica, aunque Interior reconoce que existe una agenda oficial “no pública” que no se difunde porque no es “necesario, oportuno o conveniente”. Estas resoluciones responden a peticiones de información enviadas por eldiario.es a través del Portal de Transparencia

El ente público establece unas normas para informar sobre los salarios del personal directivo, eventual o de libre designación que dificulta conocer el desglose de los conceptos retributivos en la Administración General del Estado

Entra en vigor la segunda fase de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, un cambio “tibio” según los expertos.Casa Real, a medias tintas en la ley

Siempre que el Consejo de Transparencia, organismo garante de que los ciudadanos reciban la información que por ley les debe facilitar la Administración, exige al Ejecutivo que aclare el precio de los desplazamientos del líder del Ejecutivo, desde el gabinete de Presidencia ponen la misma excusa: no pueden entregar esos datos porque se trata de una información «clasificada». Sin embargo, el Gobierno nunca cumple el procedimiento, perfectamente establecido por ley, que permite transformar unos datos en poder de los organismos públicos en secreto

Transparencia dictaminó que es una información relevante que debía facilitar. [] Exteriores oculta un argumentario político que envió a los embajadores españoles con las directrices diseñadas para ellos después de las elecciones del 28 de abril y en medio del juicio del «procés». El Consejo de Transparencia, organismo encargado de velar por que los ciudadanos accedan a la información pública a la que tienen derecho por ley, dictó una resolución, [] que exige al gabinete dirigido por Josep Borrell que entregue ese dossier

Los empleados públicos del Consejo de Transparencia se repartieron 219.000 euros en productividad y gratificaciones en 2016

El Consejo de Transparencia ha dado un plazo de diez días hábiles al Gobierno para que publique el listado completo de personas autorizadas a viajar en el Falcon del presidente y el número de veces que estas personas han utilizado la aeronave desde que Pedro Sánchez es presidente. Una resolución del organismo recuerda que sólo el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes del Estado Mayor pueden declarar una materia como clasificada: "No parece justificado calificar como secreto el desplazamiento físico del Presidente".

El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional ocultan el listado de migrantes muertos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) desde el 2000 hasta la actualidad y qué ocurrió con sus cuerpos. Interior debería haber entregado esta información a Maldita.es tras una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que daba la razón a este medio de comunicación, pero no lo ha hecho.

El de 10 de mayo de 2013, se acordó en Consejo de Ministros crear una Comisión de Expertos para que analizaran el marco de buen Gobierno de España y propusiera medidas que mejorasen la eficacia y la responsabilidad en la gestión de las sociedades cotizadas. Posteriormente, el 14 de octubre de 2013 se presentó el informe de la Comisión de Expertos con propuestas de medidas concretas que se recogieron en modificación Ley Sociedades de Capital (modificaciones Ley 31/2014). Hay especial avances en la presencia femenina en los consejos...

Tragsa ha sido la última compañía que rechaza facilitar la información pública que se le exige bajo el amparo de la nueva ley de Transparencia. RTVE se ha negado a informar de cuanto ha costado Eurovisión.

El organismo público que vela por que la Administración sea transparente da un mes de plazo al ministro de Industria para que aporte al Supremo toda la información sobre las reuniones y los asistentes que influyeron en la redacción del Real Decreto.

La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas encabezado por Cristóbal Montoro, ha llevado a los tribunales al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Según publica El Confidencial, la agencia ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra una resolución del CTBG, en la que se instaba al organismo dependiente de Hacienda a facilitar la relación de sociedades extranjeras regularizadas gracias a la amnistía fiscal y su jurisdicción.

El Gobierno, durante la última legislatura y con Pedro Sánchez en La Moncloa, utilizó de manera ilegal el secreto oficial para ocultar información a la ciudadanía. Si el Ejecutivo quiere velar un dato, debe servirse de la Ley de Secretos Oficiales, que data del año 1968, y que detalla los requisitos para llevar adelante el procedimiento. El factor clave del trámite es que el Consejo de Ministros rubrique un acuerdo por cada expediente que Presidencia quiera ocultar. Entre enero de 2018 y noviembre de 2019, el gabinete de Sánchez nunca cumplió..

El fallo del Consejo de Transparencia, con el número de serie RT/0290/2018, firmado el pasado 4 de diciembre por el presidente en funciones del organismo, Francisco Javier Amorós Dorda; es un varapalo de quince extensos folios que obliga a la Junta de Castilla-La Mancha a detallar todos los gastos y facturas, una a una, con el nombre del beneficiario, sin ninguna interpretación y con datos parciales, como hasta ahora había hecho García-Page y siempre tras ser inquirido.

Interior en un primer momento ya se negó a entregar esta información ante una solicitud vía ley de transparencia realizada por Maldita.es. Pero este medio reclamó, el CTBG nos dio la razón e instó al Ministerio del Interior a entregar la información “en un plazo máximo de 10 días hábiles” indicándose “los gastos desglosados por partidas, así como los gastos de alojamiento, gastos de desplazamiento, gastos en comidas, dietas y otros gastos para cada una de las personas que conforman el dispositivo”.

"Incumplimiento de principios contables", costes que "no pueden ser objeto de comprobación, debido a la inexistencia de datos" y bienes "disfrutados en situación de precario" que "siguen sin estar reflejados en la contabilidad" del organismo. Son los motivos por los que los auditores de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda han introducido salvedades a las últimas cuentas anuales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).