Silva ha hecho hincapié en que "el aparato judicial no está a la altura" porque "está confortablemente sentado en el entorno de la corrupción" y no se trabaja "contra la corrupción". "En cualquier otro país se trabaja contra la corrupción, en España no se está haciendo", ha recalcado. En esta línea, ha aseverado que la Justicia "parece más un aparato de propaganda política donde no se avanza que hechos y resultados". "¿Me dice algún corrupto que esté condenado o al menos enjuiciado?", ha preguntado.

El paro y la corrupción siguen siendo las dos principales preocupaciones para los españoles según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el que despunta la inquietud de los ciudadanos por la Administración de Justicia, que llega triplicarse. El trabajo de campo de la encuesta se desarrolló entre los pasados 1 y 10 de mayo, antes de la sentencia sobre el caso Gürtel y la moción de censura contra Mariano Rajoy que ha investido presidente del Gobierno al socialista Pedro Sánchez.

La excepcionalidad hace que por ella se introduzca la corrupción legal, porque aparece como germen en la misma base legal que es la Constitución. Por ejemplo el artículo 56.3 de la Constitución española dice: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Esto es algo aberrante que permite que haya otras excepcionalidades que se cuelan por este requerimiento de lo excepcional, pero sin que se vea, porque ya se ha admitido sin más aquello que carece de sentido desde el punto de vista de la legalidad.

El decálogo, una destilación de la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que Ciudadanos presentó el pasado mes de febrero, sintentiza la posición de este partido político frente al fenómeno de la corrupción, que, según Rivera, “ni es una plaga bíblica ni está en la condición humana”.

Las causas de corrupción se llevan años y años en los Tribunales, por ejemplo, del Caso Malaya se tienen las primeras noticias en 2005 y no es hasta en noviembre de 2014 cuando una de sus imputadas y condenadas entra en prisión para cumplir su castigo, Isabel Pantoja. Son 5 años de instrucción, 3 de juicio y uno más para saber la sentencia. Mientras, hace unos días la Fiscalía ha solicitado que se separe en 200 piezas el Caso de los ERES, y teme que los delitos prescriban por la demora en la investigación. Y de Gürtel llevamos ya más de 7 años

El Frente Cívico organiza manifestaciones en todo el país el 15 de mayo con un manifiesto contra la corrupción y por la justicia: “Hay momentos en los que el pueblo tiene que decir hasta aquí hemos llegado”, dice el excoordinador de IU. Ya hay 25 provincias donde la manifestación se hará frente a las subdelegaciones del Gobierno y en Madrid junto al Congreso

Los mayores casos de corrupción han sido perseguidos por la Justicia y alguno de ellos castigados, e incluso en algún caso se ha logrado recuperar dinero público, por la decisiva acción de los denunciantes o alertadores de corrupción. La noticia en unos días debería ser " @AnaGarridoRamos recibe donaciones de miles de personas, y logra salvar su vida para siempre"

Acción Cívica contra la corrupción es una asociación independiente que ofrece una plataforma para que abogados de cualquier punto de España puedan personarse como acusación particular en procedimientos judiciales penales relacionados con el desvío de fondos públicos o casos de corrupción, de forma desinteresada o “pro bono”. La Asociación ofrece también tramitar las denuncias que le lleguen sobre casos de corrupción siempre que lleguen acompañadas de pruebas suficientes, formalizando la correspondiente denuncia ante la Fiscalía.

Las asociaciones de jueces y fiscales están preocupadas por la “situación de máxima alerta” que vive la sociedad española “ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos” han hecho público un comunicado conjunto en el que proponen ocho medidas concretas contra la corrupción y a favor de la regeneración democrática. Cinco asociaciones de jueces y fiscales advierten del riesgo de colapso “de nuestro Estado de Derecho”.

Los juzgados y tribunales españoles han procesado o abierto juicio oral por delitos de corrupción contra 1.378 responsables públicos implicados en un total de 166 casos entre julio de 2015 y septiembre de 2016, según el mapa de la corrupción presentado este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Alianza contra la corrupción denuncia que UGT apremia para que se resuelva el recurso de Roberto Macías. Afirman que pretenden tener una resolución antes de que se ponga en marcha la ley que protege a los "alertadores de corrupción". El sindicato buscar cobrar venganza con un anteproyecto de ley en marcha.

La ONG Murcia Transparente denuncia el posible cambio de rumbo que planea sobre el caso Umbra, debido a la paralización temporal del juzgado que instruye el caso debido a una inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el caso de supuesta corrupción urbanística están imputados pesos pesados como el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y el promotor y presidente del Real Murcia, Jesús Samper.

El Ministerio de Justicia ha reconocido que desconoce el destino de los más de 500 millones de euros recaudados a través del cobro de las nuevas tasas judiciales impuestas por el extitular de la cartera Alberto Ruiz-Gallardón en el año 2012. En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví al respecto, Justicia asegura que "el Ministerio no dispone de información al respecto".

"Desde hace dos años, cuando salimos a gritar del dolor porque no aguantábamos más que nos estén matando, violentando y violando, nadie hace nada. Ahora tenemos las pruebas, sabemos que el sistema de justicia dejaba que todo pasara como si nada". En un comunicado que salieron a las calles a "exponer nuestra indignación colectiva ante el incremento de feminicidios, violaciones, casos judicializados sin condena, las mujeres desaparecidas y las demás afectaciones del sistema machista, racista, impune y corrupto".

Gürtel, ERE, Nóos... Los principales casos de corrupción se ahogan en interminables procesos judiciales que dejan abierta la puerta de la impunidad, teniendo en cuenta los plazos de prescripción. Con la última reforma penal, los delitos fiscales prescribirán a los cinco años.

Resulta difícil delimitar a qué “minoría” se refiere el señor ministro cuando habla de los políticos que han metido la mano en la lata del gofioY puestos a pontificar, un poco de bobería: “Una vez los tribunales así lo decidan, yo lo que creo es que tiene que ser contundente la aplicación de la ley”El PP, lleno de mierda hasta las orejas, descubre ahora que la corrupción es mala porque los ciudada

El decano del Partido Judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha criticado la falta de "voluntad política" de que los jueces cuenten con más medios, "ni siquiera" contra la corrupción, lo que impide que afloren otros casos que en la actualidad "se encuentran en la zona" oscura y no han podido salir a la luz debido a esta ausencia de recursos.

El Govern balear ha recuperado para las arcas públicas de la comunidad autónoma 1.014.110 euros en causas judiciales por delitos de corrupción contra la Administración Pública desde el año 2007. La cantidad es solo una parte de lo que debería haber percibido el Govern, ya que faltan 5.746.263 euros derivados de sentencias condenatorias que ya son firmes, pero están pendientes porque los condenados todavía no han pagado, según datos de la Abogacía de la Comunidad Autónoma facilitados por la Conselleria de Presidencia.

Denunciantes de corrupción piden que la nueva Oficina pueda imponer más sanciones. Precisamente entre los comparecientes que este lunes desfilaron por el Parlamento está la asociación Alianza contra la corrupción, integrada por denunciantes de casos de fraude, como Roberto Macías que destapó el caso UGT-A. Este colectivo solicitó que la nueva Oficina Anticorrupción andaluza «amplíe la potestad sancionadora» y pueda perseguir «todo tipo de ilegalidades», incluidos aquellos fraudes que ahora se califican como «irregularidades administrativas».

La Justicia está acorralando a FCC por el presunto pago de sobornos millonarios en Centroamérica. El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional dispone de indicios que implican a la compañía en el pago de comisiones ilegales para adjudicarse la construcción de dos grandes viales en la capital de Panamá por un importe de 306 millones de euros, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción en la querella que interpuso contra la empresa el pasado 17 de octubre y que, dos semanas después, provocó su imputación y la de varias filia

Para una lucha multidisciplinar y eficaz contra el fraude, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ve tres frentes claros que necesitan reformas: El ámbito preventivo, la cooperación nacional e internacional, y la incentivación para conseguir la colaboración de implicados con las autoridades."Ahora mismo algo tan básico como averiguar qué cuentas corrientes tiene un acusado en España supone una demora en la investigación de más de un año". Relacionada www.20minutos.es/noticia/2181300/0/

Mientras los casos de corrupción en España hunden cada vez más la imagen que la ciudadanía tiene de sus políticos, el Gobierno dice que se está planteando una mejor definición de la figura del imputado que evite la connotación tan negativa del término. Los cientos de imputados, muchos ellos cargos políticos, en diversas investigaciones relacionadas con la corrupción la han situado como la segunda preocupación para los españoles, que también cuestionan por qué no hay más dimisiones.

Con sus últimas reformas en materia penal y procesal, el Gobierno está abonando el terreno de la impunidad y preparándose una salida plácida en los tribunales ante los casos de corrupción que le acechan.. revisar todos los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de la ley se hallen aún vivos, en fase de investigación, y a archivar los que hubieran excedido los plazos legales.. las acusaciones populares se verán reducidas a un mero papel testimonial, lo cual supondrá la impunidad para los presuntos delincuentes imputados por corrupción.