El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) aprobó este domingo en su congreso una propuesta para reintroducir el impuesto a los patrimonios, para fortunas a partir de los 2 millones de euros, con lo que subraya su giro a la izquierda. El impuesto a los patrimonios no se cobra en Alemania desde la década de los noventa con motivo de una sentencia del Tribunal Constitucional que obligaba a una reforma que ha estado aplazada desde entonces.

Las mentiras, repetidas cien veces, no son verdad. Una de ellas es esa que se repite continuamente y que asegura que en Europa ya sólo existe impuesto del Patrimonio en España. Es falso. Alrededor de una decena de países europeos tienen el mismo impuesto, un equivalente o uno similar aunque lo llaman “Impuesto a la Fortuna”, “Impuesto a la Fortuna Inmobiliaria” o directamente “Impuesto a la Riqueza”. Ninguno de estos impuestos equivale al IBI español o Précompte Immobiliere, como se llama en los países francófonos, que se cobra aparte.

El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha anunciado esta mañana en el debate de las enmiendas a la totalidad contra el presupuesto de Ayuso para 2023, que el gobierno madrileño no va a reestablecer el impuesto de Patrimonio como quiere imponer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por tanto, Ayuso se declara en rebeldía y mantendrá la bonificación vigente del 100% al impuesto de Patrimonio.

Los denominados ‘súper ricos’ –con un patrimonio superior a 30 millones de euros- se ahorran una media de 600.000 euros al año cada uno. La bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio que aplica la Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes supone que las arcas públicas madrileñas dejen de recaudar 660 millones de euros al año, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de la estadística de Patrimonio difundida por la Agencia Tributaria esta semana.

El caso es que, mientras España sigue manteniendo en pie el Impuesto de Patrimonio, cada vez son más los países de la Unión Europea que apuestan por su abolición. Y es que estamos ante un tributo que apenas recauda (su aportación ronda el 0,1% del PIB), pero que sí tiene un efecto muy negativo a la hora de captar grandes patrimonios, lo que a su vez redunda en menos inversión, menos consumo y menos recaudación fiscal.

Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido el protagonista de esta semana, tras anunciar este lunes que en su territorio se bonificará al 100% el impuesto sobre el patrimonio. Se trata de un que grava el patrimonio personal de las personas físicas, que se cede a las comunidades autónomas para que sean las que elijan si subirlo, bajarlo, mantenerlo o eliminarlo. Por este motivo es por lo que existen grandes diferencias entre unas y otras.

La tendencia de los últimos años se mantiene invariable y los contribuyentes catalanas siguen abonando el 45% de todo el impuesto de patrimonio que se pagó en España en el año 2020. En Madrid, los ciudadanos susceptibles de pagar ese impuesto se lo ahorraron en el año 2020 poco más de 992 millones de euros gracias que el gobierno regional lo bonifica al 100%.

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Como muestra el mapa adjunto, muchos países nunca han tenido un tributo sobre el patrimonio (es el caso, entre otros, de Italia, Grecia, Portugal, la República Checa, Hungría o el Reino Unido), mientras que otros Estados lo han ido eliminando en las últimas décadas. Austria lo hizo en 1993; Alemania, tres años más tarde; y en 1997, Dinamarca. Luego, en el 2001, se sumaron Polonia y Holanda (lo incorporó al impuesto sobre la renta), Irlanda, Luxemburgo y Finlandia (2006); y Suecia, un año después. Actualmente solo se declara en Noruega y Suiza.

El Tribunal Constitucional ha admitido este martes a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la subida del impuesto de Patrimonio incluida en los Presupuestos Generales de 2021. El magistrado encargado del primer estudio del caso y la elaboración del proyecto de sentencia es Alfredo Montoya, catedrático de Derecho Laboral y perteneciente al sector conservador del Constitucional.

El presidente de la Junta, en un desayuno informativo en Madrid, ha anunciado que suprimirá el impuesto al Patrimonio en la sexta rebaja tributaria que ha impulsado desde que llegó a la Junta de Andalucía, hace casi cuatro años. El decreto que aprobará el Consejo de Gobierno de la Junta este martes incluye otras dos reformas que ya estaban anunciadas. Una es la deflactación del IRPF en los tres primeros tramos de renta para reducir el impacto de la inflación que será del 4,3%.La otra medida es la suspensión del canon del agua durante un año.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha manifestado este martes que la supresión del impuesto de patrimonio en Asturias, como ha anunciado el presidente de Andalucía Juan Manuel Moreno en Andalucía, supondría la desaparición de políticas sociales como las ayudas a la natalidad o a la pobreza energética.

El Gobierno de Sánchez, y su lugarteniente de extracción de rentas, la señora Montero, ministra de Hacienda, Están empeñadas en que España siga siendo una anomalía en el mundo desarrollado al mantener el inmoral impuesto sobre el patrimonio, que el PP está eliminando de las comunidades autónomas en las que Gobierna.

El Impuesto de Patrimonio está bonificado al 100% en la Comunidad de Madrid para los 18.798 altos patrimonios que deberían pagarlo.

Las comunidades autónomas tendrán que decidir si recaudan ellos el impuesto al completo o que sea la Agencia Tributaria la que lo recaude y pase a formar parte de los presupuestos del Estado.

Un número récord de superricos están abandonando Noruega por países con impuestos más bajos después de que el gobierno de centroizquierda aumentara el impuesto sobre el patrimonio. En 2022 abandonaron Noruega más milmillonarios y multimillnarios que el número total de superricos que abandonaron el país durante los 13 años anteriores. Se espera que incluso más personas superricas se vayan este año debido al aumento en el impuesto. La mayoría de los superricos noruegos eligen como nueva residencia Suiza.

La comunidad de Madrid exime de pagar este impuesto a todos sus habitantes, a pesar de la obligación de declararlo a aquellas personas que poseen más de dos millones de euros.

Si las haciendas vascas y el conjunto de Euskadi ya tenían un problema serio con la fuga de contribuyentes a Madrid –un goteo anual de salida de las principales fortunas y también de altos ejecutivos de empresas-, la decisión de la comunidad andaluza supone un problema que quizá alcance mayores dimensiones. Miles de vascos y un elevado porcentaje de los contribuyentes por el Impuesto de Patrimonio en Euskadi tienen, precisamente, una segunda residencia en Málaga o Cádiz, las dos provincias con mayor actividad turística.

El impuesto sobre el patrimonio es un gravamen de naturaleza estatal cuya gestión y recaudación están cedidas a las CCAA, que tienen margen para bonificarlo. En 2008 fue suprimido pero se ideó un sistema para compensar a las autonomías por ese agujero en los ingresos. El problema es que ese sistema de contraprestaciones siguió vigente cuando el impuesto fue recuperado por Mariano Rajoy. Y todavía hoy perdura.

La Comunidad de Madrid está perdiendo anualmente la cantidad de 660,8 millones de euros por conceder estas ventajas fiscales que benefician exclusivamente a las clases altas.