La experiencia demuestra que los obstáculos no son las capacidades intelectuales sino las económicas. Hasta 2010 existían algunas líneas de ayuda para los opositores que otorgaban el Ministerio de Justicia y, en el caso de Canarias, la Consejería competente. Con ese dinero se podía hacer frente al gasto de los libros y al pago de los preparadores, jueces que te forman durante ese período y, obviamente, cobran por ello. También se incluía el sobrecoste de la insularidad: los viajes a Madrid. Las ayudas que existían entonces han desaparecido.

Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra. CASO A, hechos: Dar una paliza y acuchillar a la víctima, estando el agresor en estado de embriaguez. Sentencia: 18 meses de prisión. CASO B, hechos: Estar en el mismo grupo en el que alguien arrojó colorante a una piscina salpicando también el traje del gerente, el cual sufrió un empujón. Sentencia: 36 meses de prisión. Entre ambas sentencias sólo median unos días. Uno de los principios básicos de la administración de Justicia es que debe ser proporcional.

En España, también es sabido, no hay tradición de depositar votos en las urnas, pero sí en cambio de asaltar hemiciclos. Desde el general Pavía al chusquero Tejero, lo de ejercer violencia bárbara contra los representantes electos de los ciudadanos es hábito que siempre ha contado con gran predicamento en la plaza.

Cuatro años después de nuestra primera entrevista en la que alertaba de que la reforma de la jurisdicción universal se debía a los intereses de Telefónica en China, volvemos a repasar la situación de la Administración de Justicia en España con uno de sus más destacados veteranos, el jurista José Antonio Martín Pallín. El sistema de acceso a la carrera judicial, las violaciones de derechos humanos en Melilla, los Centros de Internamiento de Emigrantes o los crímenes franquistas, son sólo algunos de los temas tratados.

El 17 de julio de 2014 la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "Sanchez Morcillo contra BBVA" declara que el procedimiento de ejecución hipotecaria viola el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). El artículo 47 de la CDFUE se corresponde con artículo 24 de la Constitución Española. Traducido al lenguaje de los mortales: el TJUE dice que se ha violado el derecho a un juicio justo. Por tanto, nos encontramos ante un incumplimiento reiterado de la legislación europea.

En el citado caso, el ex Jefe de la Sección de Minas de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Maurilio Parrado Castro fue condenado a 3 años de cárcel y 5 de inhabilitación por delitos de cohecho en concurso con el de negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsedad en documento oficial. Una condena que posteriormente ha sido confirmada íntegramente por el Tribunal Supremo.

Apuntan que "la presión a los magistrados y magistradas" busca "eliminar cualquier atisbo de control sobre el poder empresarial".."Se nos acusa de haber forzado la voluntad del legislador, interpretando la ley en sentido contrario a ésta, lo que, se afirma, genera inseguridad jurídica". Aseguran que la reforma laboral de 2012 "adolece de una deficiente técnica legislativa".. Se trata de una normativa llena de lagunas y contradicciones". "las reducciones exponenciales de la plantilla y de los medios" son la causa del"colapso de la jurisdicción

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto una multa de 2.000 euros al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina (Toledo, Fernando Presencia Crespo, por ausentarse sin permiso para asistir a la vista de su divorcio en Valencia, lo que obligó a la suspensión de cinco juicios civiles señalados para ese día. El juez optó a presidir el TSJ de Castilla-La Mancha proponiendo que los jueces cobraran derechos de autor por sus autos y sentencias.

Spanish Puppeteers Alfónso Lázaro de la Torre and Raul García Pérez could be headed to prison after a decision by Judge Ismael Moreno Chamarro. The Court noted that the two men performed for children in a play that included "the hanging of a doll dressed as a judge, the stabbing of policeman, the rape of…

Un magistrado con una trayectoria de entre 15 y 20 años y que trabaje en Madrid percibirá unos 4.000€ al mes. De entrada, su salario estará entre los 2.500€ y 2.700€.

El magistrado valenciano Juan Carlos Mompó es el juez más eficaz de España según el Consejo General del Poder Judicial. Su juzgado, el número 1 de Primera Instancia de Valencia, va tan al día que los señalamientos de los procedimientos se realizan a una media de un mes. Eso es algo impensable en otros juzgados que están señalando hasta a un año vista. De hecho, la celeridad no es mayor por los propios plazos que marca la ley.

La juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid, María del Prado Torrecilla, quien decretó este lunes el tercer grado penitenciario al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra fue suspendida en sus funciones durante siete meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2003. Se le sancionó por las presiones que ejerció sobre su compañera Reyes Jimeno en favor de la concesión del tercer grado penitenciario al exbanquero Mario Conde, quien en esos momentos cumplía condena por el 'caso Banesto'.

Organizaciones feministas se dirigen al Ministerio de Justicia y al CGPJ para alertar de una sentencia que alude al Síndrome de Alienación Parental, según el cual un progenitor aliena a su hijo en contra del otro Ha sido rechazado por las principales organizaciones científicas e invalidado por el CGPJ, cuyas fuentes reconocen que, a pesar de ello, siguen existiendo sentencias que lo utilizan La Asociación Española de Neuropsiquiatría rechaza su uso y lo define como "castillo en el aire" de Richard Gardner, su creador.

Argumentando limitaciones presupuestales, y pese a que fue promesa de campaña su creación en anteriores administraciones, el gobierno estatal eludió sistemáticamente el compromiso de crear el Consejo de la Judicatura.

La decisión de la Fiscalía de amenazar con la detención de 712 alcaldes catalanes no ha encontrado un seguimiento unánime en el mundo judicial y ha generado alarma en sectores, en principio propicios a las medidas que se habían adoptado hasta la fecha para frenar la posibilidad de un referéndum.

Ecologistas en Acción asegura que la democracia está involucionando en nuestro país y se refiere a España como «un estado cada vez más totalitario, donde algunos jueces, en lugar de garantizar los derechos de la ciudadanía, hacen acusaciones con argumentos impropios y surrealistas».

La carga de trabajo es el principal factor de riesgo psicosocial –vinculado a los conceptos de estrés o fatiga- de jueces y magistrados, según los resultados del primer informe de evaluación de riesgos psicosociales de la Carrera Judicial, cuya elaboración fue encargada por el Consejo General del Poder Judicial en desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos. Así, mientras el porcentaje de hombres que se sitúan en el nivel de riesgo “muy elevado” es del 80 por ciento, el de mujeres asciende al 87 por ciento.

La Comisión ejecutiva de la Unión Europea abrió el lunes un nuevo caso legal contra Varsovia por cambios en el Tribunal Supremo de Polonia, que según los críticos socava la independencia este poder y el estado de derecho, ambos principios clave para la Unión. "La Comisión opina que estas medidas socavan el principio de independencia judicial, incluida la inamovilidad de los jueces", declaró el organismo con sede en Bruselas en un comunicado. Le ha dado a Polonia un mes para responder, lo que significa que el procedimiento no evitará…

El grupo Anonymous ha hecho pública la supuesta identidad de un quinto juez que participó en los correos insultantes contra políticos catalanes y contra el movimiento independentista. Según ha publicado este grupo en Twitter, se trata de la jueza de instrucción Leire Aparicio Martínez.

María Pilar de Oliva Marrades, en la Comunidad Valenciana desde 2010, es la única presidenta de los 17 Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, una figura prácticamente reservada a magistrados hombres. En las nuevas promociones que ingresan en la carrera judicial a través de una oposición los rostros de mujeres eran mayoritarios frente a los de los hombres. Pero, ¿cómo se eligen los doce miembros del TC? Cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, otros cuatro a propuesta del Senado, dos por el Gobierno y los últimos dos por el CGPJ.

Si algo ha facilitado el recorte de derechos civiles que hemos sufrido en este país,ha sido la ley con que Gallardón rediseñó las más profundas entrañas de la alta judicatura..se ha logrado impulsar en el Congreso un acuerdo de mínimos para modificar la estructura del CGPJ; el acuerdo asegura que estos nombramientos lo sean por mérito,capacidad y paridad,favorece la transparencia de las decisiones del Consejo,y recupera para la magistratura los derechos laborales que el PP les recortó en el 2012. No es a las élites a las que ha de servir..

"En diez años como jueza he visto una denuncia falsa por violencia de género". Esteve lleva diez años ejerciendo la judicatura en constante formación y desde su posición en una localidad periférica reclama que se dote al sistema judicial de medios para poder llevar a cabo su trabajo como la ley y las víctimas exigen. La magistrada reivindica la necesidad de formación de los funcionarios de justicia y los cuerpos policiales, tal como recogen los convenios internacionales, para hacer efectiva la prevención de los delitos.

La mayoría de las asociaciones judiciales han 'celebrado' el fracaso, al menos hasta el momento, de las conversaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para la formación de un gobierno en coalición. Y no por cuestiones genéricas de tipo ideológico sino por el freno a una propuesta en la esfera judicial que unía a Sánchez e Iglesias: la defensa de un sistema de ingreso en la Judicatura que limite o incluso elimine el peso de la vía de la oposición para mitigar el "elitismo" en la carrera judicial y/o garantizar

La Guardia Civil ha detenido a un magistrado del Tribunal Constitucional acusado de un delito vinculado con la violencia de género. Fuentes cercanas al caso informan a El Confidencial de que el magistrado Fernando Valdés, designado a propuesta del PSOE, ha sido conducido a comisaria aunque por el momento se desconocen los detalles del episodio que ha conducido al arresto. Valdés es aforado por lo que su vinculación con los hechos tendrá que ser instruida por el Tribunal Supremo.