El Gobierno de Rajoy incumple la ley de transparencia, actúa de forma opaca, no practica el regeneracionismo y no publica los bienes de los altos cargos.Siete meses después de la entrada en vigor de la ‘Ley de Transparencia’, el Gobierno de Rajoy sigue sin cumplirla y se resiste a publicar la declaración de bienes y patrimonio de altos cargos de la Administración Pública, tal y como establece la propia norma

La ley de Transparencia no se cumple. Especialmente por parte de las administraciones locales.

El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España firmó convenios de colaboración de manera verbal, sin formalización de documento escrito alguno, en los últimos ejercicios auditados por el Tribunal de Cuentas. Eso supone que Marca España se saltó las leyes administrativas de procedimiento y de transparencia. Uno de los principales problemas de este organismo,según exponen los auditores,es que Marca España configura su estrategia mediante objetivos generales que carecen del necesario desglose en objetivos sectoriales y acciones concretas

El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, dio este martes una semana más a los grupos para pactar la adaptación de la institución a la ley de transparencia. Tal y como informó este diario, la cámara lleva un retraso de un mes en el cumplimiento de esta legislación. El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 10 de diciembre de 2013, reflejaba que las obligaciones de transparencia para la actividad pública en esta y otras instituciones entraban en vigor un año después.

Ninguna de las normativas aprobadas contemplan una modificación del sistema judicial contencioso administrativo para garantizar el derecho de acceso a la información pública y conseguir que las Administraciones cumplan de forma real y efectiva sus obligaciones de transparencia

El borrador que prepara el Ministerio de Presidencia incluye restricciones que no aparecían contempladas en la ley base aprobada en diciembre de 2013. Con este reglamento, denuncian ONG especializadas, "se acaba limitando el derecho de solicitar información a un número reducido de personas". Los requisitos que fija el reglamento son "una excesiva carga" sobre el demandante de información.

Usted también puede ser el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y pedir explicaciones y evidencias sobre las declaraciones de un ministro. En una resolución favorable a El Confidencial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha avalado que, en cumplimiento de la Ley de Transparencia, los poderes públicos deben proporcionar los documentos que sustenten los datos ofrecidos por los altos cargos políticos, toda vez que esta información “resulta de especial interés para el escrutinio efectivo de la actuación de la Administración

Único por sus características, el OCM (Observatorio Ciudadano Municipal) de utópico proyecto se ha convertido en un instrumento de participación ciudadana al alcance de todos.

Presidencia del Gobierno, en avenida Puerta de Hierro. 8 de octubre. Diez de la mañana. Comparecen las empresas interesadas en el concurso para diseñar la creatividad de la campaña de información de la Ley de Transparencia, un jugoso contrato con un presupuesto base de licitación cercano a los 80.000 euros. Peccata minuta, eso sí, en comparación con lo que el Ministerio gastará para promocionar la norma. Y es que, según consta en el resumen de la sesión informativa hecho público por el departamento de Soraya Sáenz de Santamaría, el montante...

Entrevista a la periodista de Fundación Civio y autora de Españopoly: "El BOE es un pozo de sabiduría con millones de titulares". "Tenemos un problema. A la hora de nombrar altos cargos en lo público no hay control. El Tribunal Constitucional siempre se ha repartido entre PP y PSOE. Esto no es normal". "Si tu gobiernas pensando en que el ciudadano es imbécil y no explicas las medidas que tomas las cosas irán mal. Si lo explicas bien todo el mundo lo entenderá"

La norma, aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, obliga a detallar esa información a través de Internet.

La ley reguladora del alto cargo ratifica que los presidentes del Gobierno, tras su cese, mantendrán su propio estatuto aprobado por decreto ley en 1992 por Felipe González. En 2008 Zapatero añadió un artículo a ese decreto para que, en caso de fallecimiento, las parejas de los exmandatarios dispongan de coche oficial y protección, si Interior lo estima necesario.

El Gobierno gallego deniega la adaptación de los grupos de interés a los códigos de conducta de los estándares europeos. El presidente del Consejo Gallego de la Competencia identificó, en una comparecencia en el año 2015, a tres grupos de interés potentes en la comunidad: la cadena del sector lácteo, el de la energía y el de la distribución de carburantes. Además en el ámbito de las infraestructuras viarias,como es el caso de todo lo que rodea a Autopistas del Atlántico S.A (Audasa) han marcado la agenda de las obras públicas autonómicas..

Se ve que Ángel García, el alcalde de Siero, al que todo el mundo llama ‘Cepi’, tiene una visión muy restrictiva de la Ley de Transparencia y entiende que le obliga a exponer a la ciudadanía su patrimonio, pero no su origen. Solo así se explica que sus propiedades y su capital, que suman casi 450.000 euros, sigan en boca de sus vecinos, dando pábulo a todo tipo de rumores y teorías, porque su alcalde se niega a explicar el origen de su misteriosa fortuna. Si alguna explicación ofreció fue a su partido, el PSOE, que dio el asunto por cerrado.

El Congreso de los Diputados instó al Gobierno a elaborar el listado de inmatriculaciones en abril de 2017, con votos a favor del PSOE y bajo el mandato de Mariano Rajoy, pero dos años y ocho meses después el listado sigue sin ser público. Maldita.es solicitó al Ministerio de Justicia una copia del listado, pero el departamento de Dolores Delgado se negó a entregarlo. Por ello, este medio acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), quien nos dio la razón e instó al Gobierno a entregarnos esa copia. A pesar de esa resolución...

Registro de lobbies y Consejo de Transparencia con funcionarios, entre las 450 enmiendas a la ley de transparencia PP, Podemos y Ciudadanos han presentado esta semana más de 450 enmiendas a la Proposición de ley de transparencia, de acceso a la información pública y de participación de la Comunidad de Madrid del PSOE entre las que se incluyen incorporar a los ayuntamientos, crear un registro de 'lobbies' y un Consejo de Transparencia integrado por funcionarios. "Es un borrador en el que trabajar", señaló el diputado socialista José Cepeda

El pasado 10 de diciembre se cumplía el plazo de dos años que se dió a los ayuntamientos para adaptarse a la famosa la Ley de Transparencia. Desde ese día todos los Ayuntamientos de España están obligados por ley a tener publicados en sus webs "de manera clara, estructurada y entendible" los presupuestos municipales; los salarios de sus altos cargos; los contratos firmados, las subvenciones concedidas, y otra multitud de datos. A día de hoy la mayoría de los Ayuntamientos siguen fuera de la ley ¿Que consecuncias tiene esta ilegalidad?

La nueva Ley, bautizada “Ley de Transparencia”, entra en vigor solo en el sector público estatal, porque las CCAA y entes locales dispondrán de otro año más para implementarla. La Ley ha sido criticada por diversos expertos por la falta de independencia del organismo que debe velar por su cumplimiento (el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno), por no reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental y por no incluir informes, borradores y material de trabajo de las administraciones como documentos accesibles al público, entre

Todos los expertos consultados sostienen que la ley de transparencia tiene un error de base y es que deja en un limbo legal la transparencia de los miembros de la familia real. Según las últimas resoluciones del Consejo de Transparencia a las que ha accedido este medio, el organismo justifica las desestimaciones de las peticiones porque actualmente Juan Carlos I forma parte de la familia real y no de la Casa Real, que es la institución

Casi dos tercios de los periodistas consideran que la ley de transparencia no es una herramienta útil en su trabajo diario. La gran mayoría apenas visita el Portal de la Transparencia y considera poco útil la información que contiene. Solo uno de cada seis periodistas ha trasladado preguntas al Gobierno usando las herramientas de esta ley, y solo uno de cada doce ha elaborado información utilizando las respuestas. El presente artículo recoge las principales conclusiones de la encuesta de valoración sobre esta norma.

Hoy ganan los buenos. El Tribunal Supremo ha dado la razón a Civio y establece que las administraciones públicas sí están obligadas a dar a los ciudadanos información creada antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Así, tumba la sentencia de la Audiencia Nacional que, en una interpretación de la Ley de Transparencia que limitaba el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, sentenció que solo debían dar datos confeccionados desde la entrada en vigor de la norma, en diciembre de 2014.