Jorge Urdanoz, profesor de Filosofía del Derecho en la UPNA, disecciona el actual sistema electoral español y diagnostica sus deficiencias que hacen que, en su opinión, no valga lo mismo un voto en Soria que en Madrid. Habla también de cómo combatir la corrupción, de listas abiertas y también relata su breve paso por la política activa como parlamentario del PSN.

La reforma de la LOREG pactada por los dos partidos en 2011 para introducir el "voto rogado" se ha vuelto en su contra propiciando una alarmante bajada del voto emigrante. El ejemplo más reciente ha sido el de las europeas en donde solo votaron 34.310 personas de un censo de 1.724.390 electores inscritos en el CERA. Los dos partidos afirman que quieren volver a cambiar la ley para ir a un sistema de voto en urna o por vía electrónica, mientras se cruzan acusaciones de impedir la "contrarreforma".

El Estado español continúa sin aplicar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada en 2008, al impedir ejercer el derecho de sufragio a 80.000 personas que cuentan con una sentencia judicial de incapacidad total –dato de la Fiscalía General del Estado–. Ley Orgánica de Reforma Electoral (LOREG) todavía no ha sido modificada por el Parlamento y miles de ciudadanos quedan excluidos de los comicios.

Estamos ante una limitación del fundamental derecho al voto que no puede calificarse más que de involución democrática. La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados presentó el 16 de Octubre de 2010 una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)y en tan sólo tres días fue admitida por la Mesa del Congreso para su tramitación por la vía de urgencia. Los autores de la modificación legislativa fueron: PSOE; PP; CiU y PNV. Alfonso Guerra presidía la citada comisión parlamentaria, José Bono ostentaba...

Muchas veces hemos escuchado que, por culpa de la Ley Electoral, en Soria el escaño se consigue con muchos menos votos que en Madrid, y que el voto de un soriano vale más que el voto de un madrileño. La primera parte es correcta: los escaños en Soria se consiguen con menos votos en Madrid. Concretamente, el 20D el escaño en Soria costó unos 12.300 votos y en Madrid unos 92.600 votos. La segunda parte no. En Soria se reparten 2 escaños, y el voto de un soriano sólo vale más que el de un madrileño si vota a uno de los dos partidos más votados.

Un total de 96.418 españoles no pudieron votar el 20 de diciembre y tampoco lo harán el próximo 26 de junio. Entre ellos hay personas con alguna discapacidad intelectual en distintos grados, mayores con algún proceso degenerativo y enfermos mentales internados en un hospital psiquiátrico; los casos que contempla la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) en su artículo tercero. A todos ellos se les priva del derecho al sufragio activo porque un juez los ha incapacitado y de inmediato, sus nombres han salido del censo

Podemos ha explicado en un comunicado que hasta 96.418 discapacitados "se encuentran privados de su derecho al voto" en España y, por tanto, no podrán hacerlo en las elecciones generales de este domingo 26 de junio. En concreto, Podemos plantea instar al Consell a que reclame al Gobierno de España la reforma de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (Loreg) de forma que el derecho al voto de las personas con discapacidad quede garantizado y, de esta manera, ninguna persona pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio...

Un total de 96.418 personas con sentencia de incapacidad no podrán ejercer su derecho al sufragio en las elecciones generales de este domingo 26 de junio porque tanto este Gobierno como el anterior no han reformado la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) como establece la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008. "Esto es una violación de los Derechos Humanos. España está en deuda con Naciones Unidas, que le ha dicho que tiene que reformar su Ley Electoral,pero no lo hace...

El Congreso abrirá el 8 de marzo la ponencia para el estudio de la reforma de la Ley Electoral General (LOREG). Ciudadanos apuesta por que el número de diputados aumente hasta los 400 pero con un recorte del Senado. 350 serían elegidos en lista provincial con voto preferente según el método d'Hondt. Los 50 escaños restantes serían escogidos sobre la agrupación de restos de cada partido en las distintas provincias. Los votos en blanco se contabilizarán como los de cualquier otro partido y los escaños que le correspondan quedarán vacíos.

La culpable de que el Tribunal de Cuentas haya confirmado que la formación Unidos Podemos, integrada por Podemos, Izquierda Unida, Equo y otros partidos más, se hayan saltado la ley electoral sobre el uso de cuentas electorales, ha sido la deuda contraída con los proveedores de la formación que ha alcanzado un total de 566.165.07 euros, que todavía están sin abonar en su totalidad meses después de la celebración de las elecciones.

El Partido Popular se abstiene de ejercer su rodillo en el Senado. La iniciativa del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha conseguido aglutinar a todo el arco político. Desde la implantación del voto rogado en 2011 para quienes residen en el Exterior, la participación en las elecciones ha caído brutalmente, debido a la combinación de dificultades que hace que se convierta lo que es un derecho fundamental en una auténtica carrera de obstáculos, en muchos casos insalvables. La movilización social de estos últimos años abre su brecha.

Los populares incluirán la medida entre sus propuestas para la reforma de la Loreg, cuyo debate se inicia en el Congreso en septiembre. La iniciativa ya fue presentada por los conservadores en julio de 2015 y reclamada por Rajoy en las campañas de las elecciones del 20D y del 26J.

Ciudadanos y PSOE se reunirán el miércoles en el Congreso para hablar de la reforma electoral que plantea el partido naranja, en el marco de la ronda de contactos promovida por esta formación con el objetivo de que las próximas elecciones generales se celebren con una nueva legislación "más equitativa".

Joel Delgado Cáceres, senador por Lanzarote, firmó un contrato con el Cabildo de la isla para "producir" este show humorístico en 2016. Después de llevarlo a cabo, aseguró hasta en dos ocasiones a la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara Alta que no estaba cobrando dinero público por otros trabajos. El parlamentario conservador reconoce este cobro, y afirma que remitió hace meses un escrito a los letrados de la Cámara Baja para que le aclarasen si ha "cometido un error", y por tanto si ha incurrido en incompatibilidad.

El partido de Rivera esperará a ver los términos de la propuesta con la que el PP quiere evitar que haya "pactos de perdedores".Albert Rivera sostuvo en 2015 que en un sistema parlamentario como el de España los gobiernos deben formarse con pactos y alianzas poselectorales. Pero en Catalunya lamentan que no se haya respetado la victoria de Inés Arrimadas. Y en Madrid justifican su apoyo a que continúe el PP a que fue el partido que "ganó las elecciones"..

En estos días se ha hablado mucho de la autorización de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos a los partidos políticos para que puedan recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos “en el marco de sus actividades electorales” (apartado 2 de la Disposición Final 3ª, que introduce un nuevo artículo 85 bis en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General).

La LOREG establece en su Artículo 66 que "durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que elabore la Junta Electoral". Y por proporcionalidad, no corresponde esa cobertura a Vox. En 2015, Podemos y Ciudadanos habían logrado representación en elecciones de nivel nacional (las europeas de 2014), lo que justificaba su inc

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recibido cerca de 50 reclamaciones por publicidad electoral de partidos políticos, de ellas, "hay una referencia escasísima" al polémico artículo 58 bis de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) sobre la utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales. Estas reclamaciones se encuentran en fase de análisis, es decir, que todavía no han sido ni admitidas a trámite ni desestimadas.

La repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre permitirá estrenar una reforma legislativa acordada por los partidos en 2016 por la que no sólo se acortan los plazos del procedimiento electoral, bajando de 54 a 47 días, sino que, además, reduce la campaña y las subvenciones a la mitad. Por primera vez, una campaña sin encuestas

Los partidos y coaliciones recibirán 14.817,35 euros por cada escaño del Congreso y del Senado que logren en las elecciones generales de este domingo, una cantidad menor que la que se abonó en los comicios del pasado 28 de abril porque la repetición electoral ha rebajado en un 30% las subvenciones del Estado.