Los perjudicados son principalmente ciudadanos comunitarios. La banda contactaba con las víctimas a través de una empresa ficticia. Por el momento se han esclarecido 15 hechos delictivos.

Treinta y seis personas han sido detenidas y una más investigada como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a estafas masivas en el ámbito de la multipropiedad de la Costa del Sol. La investigación, que sigue abierta y podría arrojar nuevas detenciones, ha concluido que los implicados podrían haber defraudado 17 millones de euros con unos beneficios netos que alcanzarían los 12 millones, mientras que las víctimas, mayoritariamente británicas, podrían ascender al medio millar.

La multipropiedad o contratos de régimen compartido, un régimen a caballo entre alquilar un apartamento turístico y pernoctar en un hotel que se introdujo en España a finales de los años setenta, atraviesa un pésimo momento. El pasado mes de julio se disparó el número de sentencias del alto tribunal resolviendo la nulidad de estos contratos, lo que abre la puerta a miles de demandas potenciales de fundamentalmente turistas británicos.

La venta de paquetes vacacionales en multipropiedad, entre 1993 y 2002, que ideó el inglés presuntamente asesinado, dejó al menos 205 damnificados en las Islas, la gran mayoría turistas extranjeros.

Pacaso adquiere viviendas, les hace una mínima reforma, crea una empresa (LLC) que es propietaria de las mismas y las reforma mínimamente, aparte de decorarlas por un profesional. Después pone a la venta un octavo de estas viviendas a compradores que pueden desear una vivienda de este tipo, pero no quieren o no pueden permitirse comprar la vivienda al completo. Su modelo de negocio está muy alejado de la multipropiedad o "timeshare" como se conoce en EEUU, dado que se trata de ser dueño de un activo y no se compra un derecho de uso temporal.

21 años después de la apertura de las diligencias, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena que impuso en 2019 la Audiencia Nacional a los colaboradores de John Palmer en Tenerife. Pese a que se consideran probados los delitos de estafa y asociación ilícita con unos 70.000 turistas engañados, las penas impuestas ni siquiera suman los 2 años,por lo que ninguno (salvo al que se halló una pistola) pisará la cárcel. La clave radica en las dilaciones indebidas en un procedimiento que tardó 15 años solo en terminar la fase de instrucción