La Audiencia Provincial de Madrid da la razón a Arturo Valls y condena a la empresa de Rocío Monasterio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, por realizar una “obra ilegal”. La reforma se hizo “vulnerando la legalidad urbanística”, según la sentencia. Y la empresa de Monasterio la llevó a cabo siendo “consciente de su ilegalidad”. Era necesaria una licencia y se hizo sin haberla obtenido.

La líder de Vox repitió el patrón de operaciones anteriores al construir en suelo industrial una vivienda que nunca obtuvo permiso de habitabilidad. La compradora perdió 298.000 euros. Con el plano y el proyecto del estudio de Monasterio y con la intermediación de su marido, Iván Espinosa de los Monteros, Amaya compró un taller de coches en el barrio de Tetuán. En él construyó un loft por el que pagó, en total, 475.000 euros. El matrimonio se embolsó en este negocio 156.000 euros. Los dos dirigentes de Vox no han querido aportar su versión.

Dos vecinos de Melilla han sido presentados como investigados por la Policía Nacional en los juzgados por la muerte de un migrante en un accidente laboral en una obra ilegal. La investigación trata de determinar si fue contratado para trabajar de forma irregular en una obra ilegal en una vivienda de la barriada de la Cañada. Allí, presuntamente, se precipitaría desde una altura equivalente a la de un piso, según ha informado un portavoz policial.

Alberto González Amador se dirigió formalmente al Ayuntamiento de Madrid el pasado 21 de marzo para intentar legalizar las obras realizadas en uno de los dos pisos que disfruta junto a Isabel Díaz Ayuso en el mismo edificio del distrito de Chamberí, según revelan a elDiario.es fuentes conocedoras del procedimiento.

'Del dinero que daba a la Obra no tengo ningún recibo; es dinero negro en realidad'. Ana Azanza, exnumeraria del Opus Dei, nos ha contado, entre otras personas, cómo funciona una de las organizaciones religiosas más cerradas y con mayor representación en las élites de poder.

El problema de los descartes ilegales de atún en el mar balear no cesa. La Fundación Marilles ha advertido, una vez más, de que existen barcos atuneros que arrojan al mar las capturas que mueren durante sus operaciones para que no se les compute en la cuota de pesca que tienen asignada cada una de las embarcaciones. «No queremos un cementerio de atunes en nuestras aguas. Es evidente que algo huele mal en el negocio de las granjas de engorde de atún»

Una investigación de WWF calcula que "hasta 1.360 hectáreas de cultivos -aproximadamente 35.000 toneladas de fresas y frutos rojos- se están regando ilegalmente" en Doñana fuera de la zona agrícola regable. Por otra parte, el estudio identifica que del total de "la superficie ilegal, 294,8 hectáreas corresponden a fincas regadas ilegalmente en zona forestal de alto valor ambiental -zona A del POTAD-, es decir, un área donde los agricultores arrancaron deliberadamente las masas de árboles para instalar sus cultivos ilegales".

HP en 2013, en 2016, Indra, Movistar...las denuncias por cesión ilegal se están ganando de forma relativamente fácil por el sector TIC, pero... ¿Qué es la cesión ilegal de trabajadores? Los siguientes son algunos indicios de cesión ilegal aunque no es necesario que se cumplan todos: – La contratista (la que nos paga el sueldo) no hace gestión alguna salvo abonar los salarios. – Que el trabajo se haga en los locales y centros de trabajo de la empresa cliente. – Que los trabajos se realicen, fundamentalmente, con medios y herramientas del cliente

El sector de la construcción tiene problemas para encontrar mano de obra cualificada. Sin embargo, hay unas profesiones donde las empresas tienen más dificultad para encontrar empleados. Un 65% de las constructoras ve «extremadamente difícil» contratar encargados de obra, según el I Informe sobre el Estado de la Mano de Obra, realizado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) entre casi medio millar de compañías asociadas.

La Guardia Civil de Navarra interviene más de 220 métodos de caza ilegales y seis cepos prohibidos La Guardia Civil de Navarra, a través de una patrulla de seguridad ciudadana de Lerín y de la patrulla de Seprona de Artajona, ha intervenido en las últimas semanas 220 artes ilegales de caza (denominadas 'costillas') de varios tamaños, un lazo y seis cepos metálicos prohibidos.