El auto de la Audiencia Provincial de León indica que el recurso presentado debe ser estimado ya que la conducta de Lindorff puede ser constitutiva de una infracción penal. "Es posible que a través de las llamadas se haya tratado de minar o socavar la voluntad de la denunciante para conseguir que efectuase el pago de una deuda que la entidad parece no estar dispuesta a reclamar judicialmente". Lindorff, que no ha querido hacer comentarios a esta información, ha cerrado este año el proceso de fusión con el grupo Intrum Justitia.

La situación que están generando estas entidades de recobros ha dado lugar a numerosas denuncias en los juzgados por amenazas y coacciones. No es la primera vez que una de ellas suplanta a un funcionario del servicio de notificaciones y embargos de los juzgados. Se utilizan todo tipo de métodos. Incluso coaccionando a familiares y vecinos.