Un alto ejecutivo de Enagás admitió que no veía al Ministerio de Industria muy partidario de ponerla en marcha. Esas declaraciones desataron una rápida reacción del Gobierno asturiano, a la que este lunes se ha sumado el Ayuntamiento de Gijón, para pedir que las instalaciones entren en servicio cuanto antes. Una sentencia del TSJM declaró ilegal la construcción. EQUO, el partido verde que planteó el pleito, recuerda que el complejo industrial es "ilegal" y que no cabe otra alternativa que su abandono. EQUO debe pagar 2.000 euros por las costas.

El tribunal supremo confirma la sentencia del tribunal superior de Madrid y declara que la regasificadora de Gijón se construyó vulnerando la ley. En un comunicado, EQUO Asturies señala que la regasificadora "que costó más de 380 millones de euros y en la que todavía durante el año 2015 se estuvieron dilapidando millones de euros al conectarla con el gasoducto estatal, es ilegal además de inútil.

Enagás -empresa que gestiona la red gasista de España y que es la propietaria de la regasificadora de El Musel- ya ha iniciado la tramitación ante el Ministerio de Industria de un expediente nuevo de la instalación portuaria para legalizarla después

Enagás se ha referido por primera vez a la posibilidad de que se desmantele la regasificadora de gas natural licuado (GNL) de El Musel (Gijón), una instalación de su propiedad que nunca ha entrado en funcionamiento y que ha sido recientemente declarada ilegal por el Tribunal Supremo.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha comprometido con el Gobierno del Principado a buscar vías para regularizar la situación de la regasificadora de Gijón, paralizada por orden judicial tras una inversión de unos 360 millones de euros, por vulnerar su construcción la normativa vigente entonces. El Tribunal Supremo ratificó la ilegalidad de la regasificadora ya que en el momento del inicio del procedimiento administrativo para su construcción incumplía una norma entonces vigente que prohibía este tipo de instalaciones a menos de 2km.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital tiene abierto hasta el próximo 28 de marzo un plazo de alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se regulan diversos aspectos del Sistema de Gas Natural, un primer paso para la legalización de la regasificadora de El Musel, que fue declarada ilegal el pasado año por el Tribunal Supremo.

Tras las informaciones que apuntan que el Gobierno de España quiere legalizar la regasificadora del Musel, la formación ecologista EQUO afirma de la necesidad de “cumplir la ley y demoler la regasificadora, además de pedir la devolución del dinero público que ya cobró la empresa propietaria por ella”. El proyecto de Real Decreto del Partido Popular, legitima la construcción de de infraestructuras sin que tengan más utilidad que construirlas y cobrarlas a costa del recibo que pagan los consumidores.

El Tribunal Supremo impide la construcción de una planta de gas de Energas que Villar Mir (OHL) pretendía construir en Palos de la Frontera (Huelva).

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado un auto por el que rechaza la petición de Equo de demoler la planta regasificadora de El Musel, que fue paralizada por orden judicial tras una inversión de unos 360 millones de euros por vulnerar su construcción la normativa vigente entonces.El auto considera que la sentencia de 2013, que posteriormente fue ratificada en marzo de 2016 por el Tribunal Supremo, ya está «ejecutada en su totalidad» con «la mera declaración de nulidad» de la autorización, «sin necesidad de demolición».

La regasificadora de El Musel: cara, mal ubicada y, ahora, paralizada por la justicia. Siete años después de que se iniciaran los trámites para la construcción de una regasificadora cerca del puerto de El Musel, en Gijón, los tribunales han anulado su funcionamiento, por su cercanía a viviendas

Pola, en este sentido, ha recalcado que este nuevo Real Decreto establece que se retoma la tramitación administrativa de infraestructuras gasísticas como la de El Musel, que habían quedado en suspenso años atrás.

Admite a trámite un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia con la que el Alto Tribunal anuló la legalización exprés de la planta de Mugardos que el Gobierno de Rajoy aprobó en funciones en 2016. El TSJM también tramita un recurso que pide al Gobierno paralizar la instalación; Transición Ecológica lo rechaza y subraya que "en 12 años de operación no se ha producido ningún tipo de incidente ambiental"

La regasificadora de El Musel permanece paralizada desde 2013 por orden judicial, tras una inversión de unos 360 millones de euros, por vulnerar su construcción la normativa vigente entonces, y ahora está pendiente de una nueva declaración de impacto ambiental que permita consolidar su autorización administrativa tras haber tenido que reiniciar el proceso.

En 2019, la demanda de gas natural en España creció un 14% y se situó en 398 TWh, el dato más alto desde 2010. Según datos de Enagás, este incremento estuvo motivado principalmente por el crecimiento de la demanda para generación de electricidad, más de un 80%, ya que el gas ocupó el hueco dejado por las plantas de carbón paradas, y el consumo de la industria, que subió un 2% y representa alrededor del 60% del total de la demanda (214 TWh).

«Los tiempos tienen que ser cuasi inmediatos», señaló el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán

El portavoz de un proyecto en el que está Enagás para suministrar al norte del continente apuesta por los hidroductos

A expensas de que la resolución llegue al BOE y concrete las condiciones con las que resultado autorizada la instalación, las fuentes consultadas confirman que Enagas podrá operar la infraestructura con gas natural licuado en una primera fase, si bien lo hará con vocación de explotar el hidrógeno cuando este mercado se encuentre más maduro.

Los populares exigen la planta para lograr «energía más barata» y porque las centrales eléctricas de Tenerife ocupan el sexto lugar entre las más contaminantes de España

"Lamentablemente si no lo remediamos nuestro puerto quedará completamente al margen de todos estos planes, a pesar de que tenemos una regasificadora finalizada y lista para entrar en funcionamiento desde hace diez años y en la que se han invertido casi 400 millones de euros", ha lamentado Pérez Carcedo.

Su construcción ascendió a 400 millones de euros y sigue sin actividad pese a su elevado coste de mantenimiento

Esta infraestructura faraónica, innecesaria, perteneciente al proyecto grandonista del gobierno Areces, aplaudida por casi todo el espectro político, empresarial y sindical de la época, fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo en 2016. La sentencia fue una victoria de un grupo pequeño, pero muy activo y combativo, que logró hacer valer un reglamento que protegía a los vecinos y vecinas de la zona frente a la instalación de (más) infraestructuras innecesarias, peligrosas y contaminantes.

El Gobierno confirma que la instalación comenzará a operar en unos meses como punto estratégico de almacenaje ante la crisis agravada por la guerra en Ucrania. Construida hace diez años, con una inversión de casi 400 millones, la planta está en estado de hibernación, con importantes costes anuales en cuanto a mantenimiento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictaba en 2017 un auto por el que rechazaba la petición de Equo de demoler la planta regasificadora de El Musel, que fue paralizada por orden judicial

La Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón cree que ha de pesar la opinión de los tribunales, que ya se han pronunciado en contra de su puesta en marcha por no cumplir las leyes respecto a equipamientos «peligrosos, tóxicos e insalubres». el gobierno regional bajo el mando del socialista Vicente Álvarez Areces «intentó ‘salvar’ modificando ‘in extremis’ el reglamento al uso». Un «Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas que prohibía instalaciones de este tipo a menos de 2.000 metros de una zona urbana.