- Las comunidades autónomas tienen las competencias sobre las residencias de mayores. - Durante la crisis del coronavirus, el Gobierno declaró las residencias servicios esenciales y reforzó la intervención de las comunidades autónomas en públicas y privadas - El ministerio que dirige Pablo Iglesias aprobó un fondo extraordinario de 300 millones de euros que las comunidades deciden cómo gastar. - El Ministerio de Derechos Sociales también coordina las intervenciones de la UME en las residencias de mayores

Un informe sobre las residencias de mayores en Canarias desvela que en varias de estas instalaciones se han encontrado con sarna, ratas, chinches y falta de atención en centros de mayores en Canarias: “La conmoción es indescriptible, ya que no se quiere ver lo que ocurre dentro”, por desgracias tampoco en el resto de España

Los residentes del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid han pedido disculpas por los gritos machistas que profirieron."Lo sucedido no representa los valores y la educación que se imparte en nuestro centro, que siempre ha sido ejemplar, consiguiendo lo mejor para todos los que vivimos y han vivido la etapa universitaria en este colegio mayor", han expresado los residentes en una misiva dirigida a las estudiantes del colegio mayor femenino y difundida por la Orden de San Agustín, que gestiona el centro masculino.

Las comunidades autónomas tienen las competencias sobre las residencias de mayores: se encargan del registro y la inspección de calidad de los centros. Durante la crisis del coronavirus, el Gobierno declaró las residencias servicios esenciales y reforzó la intervención de las comunidades autónomas en públicas y privadas. El ministerio que dirige Pablo Iglesias aprobó un fondo extraordinario de 300 millones de euros que las comunidades deciden cómo gastar según unas finalidades concretas marcadas por el Gobierno.

Una residencia de mayores de Madrid puso el viernes en la calle a una mujer de 69 años que llevaba casi seis años viviendo en ese centro. Alrededor del mediodía, los sanitarios y trabajadores sociales se encontraron a la mujer sentada en un banco cercano. Fueron avisados por la residencia, el centro Los Nogales Hortaleza, en el este de la capital española. La empresa, una cadena con diez hogares de mayores en Madrid, alega que la mujer era una usuaria problemática que había incumplido el código de conducta.

La Asociación por los Derechos de los Mayores y sus Familiares (Ademaf) envió el pasado domingo un correo electrónico a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia para avisar de que el agua de los grifos de la residencia Parque de los Frailes salía sucia. Los trabajadores dicen que la situación viene desde hace una semana y que ha provocado un brote de gastroenteritis entre los mayores, incluso con derivaciones al hospital.

Durante los primeros meses de 2020 se ha producido una emergencia sanitaria: la pandemia de coronavirus (COVID-19), ya conocida. La enfermedad ha provocado una elevada cifra de fallecimientos de personas mayores. Pero ha causado también una desgraciada notoriedad de estas instituciones de alojamiento colectivo, por la alta mortalidad de personas residentes en ellas, que han mostrado aparentemente un comportamiento ante la muerte muy desigual, por excesivo, del observado entre los residentes habituales en viviendas familiares.

Un total de 44 residencias de mayores están cerradas a visitas al registrar nuevos casos de coronavirus, según han informado fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, que aseguran que los casos "son puntuales y están controlados".

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha publicado una resolución por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras comprobar un aumento de los brotes activos en las residencias de mayores de la región. Sin duda un espejo de lo que esta pasando en toda España con el colectivo de personas mayores.

La prohibición del bingo ha reducido las visitas a residencias o centros de mayores en Cataluña.

El sector de las residencias de mayores no ha parado de crecer en los últimos cinco años. Desde 2008 hasta 2018, pasó 4.055 a 4.500 millones de euros (10% de crecimiento), con previsión de alcanzar los 4.850 millones en 2020, según datos del Observatorio Sectorial de DBK. Y es que se trata de una inversión que supone inicialmente un gran desembolso de dinero (construir, equipar y dotar de servicios sociosanitarios al centro), pero que a medio y largo plazo suele ser bastante segura y estable, más teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento

Diez usuarios de la residencia de personas mayores La Paz y una auxiliar de enfermería de este centro han dado positivo por coronavirus, según ha indicado el sindicato Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). Según han informado en un comunicado, los casos por COVD-19 han sido confirmados por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), organismo autónomo de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional.

Los carteros podrán recoger en el domilicio los votos de los electores, inclusive el mismo día en que entregan la documentación en las casas, de forma que los ciudadanos pueden ejercer su derecho sin salir de sus domilicios para el 12 de julio. Han decaído las otras peticiones que había hecho la Xunta para la solicitud del voto por correo. Concretamente, el Gobierno gallego había interesado que se hiciese un protocolo para el voto de los usuarios de residencias de mayores, personas enfermas o personas en situación de aislamiento preventivo.

Los centros de mayores fueron la zona '0' de la pandemia durante la primera ola, especialmente en Madrid, que contó con un exceso de mortalidad un 53% superior a la media española. Uno de los mayores expertos en el asunto es el periodista, Manuel Rico, que explica en su libro '¡Vergüenza! El escándalo de las residencias' las causas de este drama. "En una entrevista ha dado las claves que explican lo que ocurrió y señalan a los responsables: las administraciones, a las empresas privadas y a la propia estructura de las residencias.

La Generalitat no ha cumplido su propia ley en materia de inspecciones de servicios sociales en las residencias de gente mayor. Son investigaciones que se hacen para garantizar que en los centros hay las condiciones adecuadas para el bienestar de las personas mayores que viven ahí. Esta normativa deja claro que hay que inspeccionar al menos una vez al año todas las residencias de Cataluña, sean públicas, privadas o concertadas.

Plataformas y colectivos recogen firmas de apoyo a la trabajadora. La dirección de la RPPMM Gran Residencia, con apoyo de delegados del CSIT y CSIF y miembros del Comité de Empresa, han denunciado a una compañera TCAE por expresar su opinión y facilitar información sobre las deficiencias y mala gestión en redes sociales durante la pandemia. Este expediente sancionador intenta amedrentar a los trabajadores para seguir ocultando, a familiares y opinión pública, la verdad vivida en las Residencias

Familiares de residentes, profesionales, periodistas, actores y organizaciones se unen para dar a conocer una nueva plataforma que busca que se investigue lo que sucedió en las residencias durante la primera ola de la pandemia. Se llama 'Verdad y Justicia' y se presentará dentro de un mes...

Desde dar los fármacos fuera de los horarios pautados, hasta recetas que se cobran pero el residente nunca recibe. Familiares y asociaciones ponen el foco en el control o en la falta de este que tanto medicamentos como en el copago tienen en los centros para mayores.

Pacientes psiquiátricos menores de 65 años están ingresando en las residencias de mayores de la Xunta de Galicia. Los deriva el Servizo Galego de Saúde, pese a que estos centros carecen de personal especializado –ni médicos ni enfermería– en enfermedades mentales. Tampoco existen protocolos específicos. La situación es, según alertan trabajadoras del sector, explosiva. La convivencia resulta difícil, las instalaciones no están adaptadas y carecen de profesionales adecuados para la labor.

La directora de la residencia con mayor número de muertos por coronavirus en Galicia señala a la Xunta como responsable de un brote que acabó con la vida de 53 usuarios, un tercio del total de residentes. La Xunta niega las acusaciones y la empresa propietaria de esa residencia asegura que la carta se redactó "en un contexto de crisis".

La Residencia Nuestra Señora de Consolación de Iniesta (Cuenca) no tiene, ni ha tenido, ningún caso confirmado de covid-19 ni tampoco ha tenido con sintomatología a ninguno de sus 52 usuarios actuales. La directora del centro geriátrico, Miriam Granero, ha explicado que “el fin de semana del 6 al 8 de marzo ya empezamos a ver que se avecinaba algo serio en nuestro país por lo que elaboramos un estricto protocolo de seguridad e higiene".