Las CPPs son fórmulas contractuales entre una autoridad pública y el sector privado (como concesiones, gestión interesada, sociedad mixta o contrato de servicios), para que el socio privado construya y gestione un servicio tradicionalmente público, como hospitales, escuelas, carreteras, vías férreas, agua, saneamiento y energía. Pero el peligro está en que la receta CPP está convirtiéndose en la solución casi única para financiar y/o gestionar nuestros bienes y servicios públicos.

Tanto Eurostat como la OIT reconocen a Maldita.es que es “imposible” comparar el número de “funcionarios” entre países, ya que este concepto difiere entre ellos; por ello, hay que fijarse en valores alternativos como el de “empleados públicos” Según datos más recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 16,3% de trabajadores españoles son empleados públicos, porcentaje que sitúa a nuestro país en el puesto 25 del ránking.

La administración de justicia es el servicio peor valorado por los ciudadanos, según la encuesta de calidad de los servicios públicos publicada este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también revela que los servicios relacionados con la seguridad ciudadana son los más valorados. Según la encuesta, el 66% de los ciudadanos se sienten poco o nada satisfechos con la justicia mientras que un 18% se considera bastante satisfecho y solo un 3%, muy satisfecho, unos datos que ya venían dándose en recientes estudios del CIS.