Las CPPs son fórmulas contractuales entre una autoridad pública y el sector privado (como concesiones, gestión interesada, sociedad mixta o contrato de servicios), para que el socio privado construya y gestione un servicio tradicionalmente público, como hospitales, escuelas, carreteras, vías férreas, agua, saneamiento y energía. Pero el peligro está en que la receta CPP está convirtiéndose en la solución casi única para financiar y/o gestionar nuestros bienes y servicios públicos.

La administración de justicia es el servicio peor valorado por los ciudadanos, según la encuesta de calidad de los servicios públicos publicada este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también revela que los servicios relacionados con la seguridad ciudadana son los más valorados. Según la encuesta, el 66% de los ciudadanos se sienten poco o nada satisfechos con la justicia mientras que un 18% se considera bastante satisfecho y solo un 3%, muy satisfecho, unos datos que ya venían dándose en recientes estudios del CIS.

A este proceso de privatización-venta de empresas del sector público- o externalización de servicios básicos de carácter público, el geógrafo británico David Harvey lo ha llamado la "acumulación por desposesión". La acumulación por desposesión no es algo nuevo. Forma parte del ADN originario del capitalismo. Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que garantizaban su subsistencia y una cierta independencia es una inveterada tradición liberal. El ejemplo de los enclosures en Inglaterra es un ejemplo.

Una campaña vista en Francia ha triunfado en las redes. "Cuando todo sea privado, estaremos privados de todo. Viva el servicio público", se lee en algunos carteles que han sido difundidos por varios tuiteros.