La fiscal hizo valer su escrito de conclusiones provisional y no movió un ápice su petición inicial de condena, que suma un total de 100 años de cárcel, aunque a sabiendas que los 13 investigados, cuatro ellos policías del grupo de drogas de la Comisaría de Ourense de 2015, serán absueltos ante la nulidad de las escuchas decretadas por la Audiencia provincial en el trámite de cuestiones previas.

Asuntos Internos fue quien denunció una presunta trama de corrupción policial, a partir de la desaparición de armas en la comisaría.El procedimiento se inició en el año 2014, cuando de oficio la comisaría denunció el robo de varias armas reglamentarias. En ese momento, el asunto fue archivado. Sin embargo, en marzo del 2015, a partir de un oficio de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional se reabrió el caso y se intervino el teléfono del inspector de policía que estaba al frente del grupo de drogas de la comisaría.

La sentencia absolutoria de la llamada operación Zamburiña, en la que se investigó delitos de tráfico de drogas, revelación de secretos, omisión de perseguir delitos, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas, abre la puerta para que los inculpado recuperen las pertenencias que les fueron intervenidas durante los registros, salvo la droga, casi siete kilos de cocaína, heroína, hachís y dos armas.

El juicio de la operación Zamburiña, un caso de presunta corrupción policial en Ourense, ha sido zanjado por la Audiencia Provincial con una sentencia absolutoria. No hay evidencias contra el exjefe del Grupo de Estupefacientes de Ourense y otros tres agentes de su departamento que demuestren que favorecieran a nueve supuestos narcotraficantes. La anulación de escuchas telefónicas dejó sin pruebas a la fiscalía, que lamentó la "vulneración" del derecho a un proceso con todas las garantías. La sentencia no despeja las dudas que se ciernen sobre

El Supremo desestima el recurso de la fiscal contra la absolución de cuatro policías y otros nueve acusados de tráfico de drogas: “No bastan simples conjeturas para autorizar escuchas telefónicas; las sospechas deben estar objetivadas”