El secretario de estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, había argumentado ante el Ayuntamiento gijonés y el Principado que el vial soterrado ponía en riesgo 150 viviendas y una residencia. Entre las razones «de interés público» apunta a «la identificación de las incertidumbres que presenta la actuación, lo que conduce a intentar evitar y mitigar los significativos riesgos detectados» y al resultado del estudio de la actuación en fase de licitación, «que ahonda en los riesgos observados desde la Administración».