La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requisó el 11 de febrero de 2016 en la casa del gerente de Esperanza Aguirre y administrador electoral del PP, Beltrán Gutiérrez Moliner, un dispositivo de almacenamiento de memoria (USB) que, según concluyen los agentes en un informe de diciembre de 2018 del caso Púnica, guardaba evidencias de que el partido en Madrid habría ocultado en 2011 gastos electorales por un montante cercano a los 3 millones de euros.

Las sospechas de fraude vuelven a extenderse sobre el jamón. Esta vez sobre los jamones congelados. Según ha podido confirmar elEconomista.es a través de distintas fuentes, el Seprona de la Guardia Civil está investigando, en estrecha colaboración con la UCO, la venta masiva de jamones, sometidos a un proceso de congelación y descongelación sin avisar al consumidor, tal y como establece la normativa. Hace un año, la Guardia Civil ya descubrió un almacén frigorífico donde se guardaban 10.700 piezas, de productos congelados en mal estado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, de que ha encontrado unas facturas sospechosas que podrían estar relacionadas con presuntas comisiones vinculadas con la "ejecución de obras en México adjudicadas a la sociedad española Infoglobal SA, de la que Javier López Madrid es accionista a través de Financiera Capital SLU y SIA Capital Management SA".

La presidenta de la SGAE ha sido espiada. El ordenador de Pilar Jurado ha sido hackeado, según ha constatado la UCO, que ha precintado inmediatamente el ordenador para investigar de donde venía el pirateo y que ha estado horas en su sede buscando información, tal y como han contado a este periódico fuentes de la entidad.

Villar Mir ha remitido un escrito al juez en el que le exige que identifique a los confidentes que alertaron a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pago de una comisión ilegal al expresidente madrileño Ignacio González en contraprestación por la presunta adjudicación fraudulenta del contrato de la línea de ferrocarril entre Móstoles y Navalcarnero; fue imputado "porque unas fuentes ignotas le atribuyeron haber entregado un cheque a determinado investigado". Y, según el abogado, esas "fuentes aportaron a..

La Guardia Civil le recrimina que le encargó atestados ya hechos años antes, que ordenó parar otros y que no le dio los expedientes para poder investigar

El expresidente de la Generalitat habría situado al frente de Ciegsa, la empresa de construcción de colegios, a personas afines como Máximo Caturla o el marido de la socia de su mujer en una farmacia de València. Los investigadores del caso Taula aseguran que la constitución de la empresa pública se realizó expresamente para desviar fondos al partido y comisiones para particulares..

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cita a Antonio Suárez Santana por desvío de fondos. El también presidente de la Federación canaria sustituye en la RFEF a Andreu Subies, también investigado.

En el informe de la UCO, se explica con todo lujo de detalles el sistema de repatriación de dinero desde la empresa Imisión Internacional, creada por los Cotino en Luxemburgo para el pago de las supuestas mordidas al expresidente, hasta otra empresa instrumental, Medlevante, esta a nombre de testaferros, para que la trama pudiera comprar varios inmuebles con los que dar un pelotazo urbanístico. El sumario expone, además, que pensaban, como mínimo, duplicar lo invertido.

Un informe policial, en el que se han basado juez y fiscal, señala que Rus utilizó a contratistas públicos del Ayuntamiento de Xàtiva, donde era alcalde, así como de la diputación que presidía para obtener fondos ilícitos tanto para él como para el equipo, llegan a recaudar 755.000 euros de varios contratistas. Una cifra que podría ser muy superior puesto que hay más empresas bajo la lupa de los investigadores.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre las presuntas mordidas que el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus cobró de 23 empresas contratistas a través equipo de fútbol del que era presidente, el Olímpic de Xàtiva, apunta a que las comisiones fueron una constante durante su presidencia. Para la UCO, los cargos públicos y privados ostentados por el expolítico del PPCV "habrían propiciado la instrumentalización de los primeros para obtener beneficios en los segundos"

La Audiencia Nacional (AN) ha avalado el cese del exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Ángel Sánchez Corbí, acordado por el secretario de Estado de Seguridad el 1 de agosto de 2018 por pérdida de confianza de la Dirección General de la Benemérita y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aporta nuevos datos al caso Erial: una presunta comisión de algo más de 150.000 euros que recibió Fernando Castelló, que fue conseller de Industria en el Gobierno de Eduardo Zaplana, a cambio de adjudicaciones; "enchufes" en la Administración valenciana y en consejos de administración de empresas privadas; y el papel que jugó en el entramado societario el peluquero del 'expresident', que está investigado en la causa.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en el Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) para requerir diversa documentación de contratos menores en el marco de una investigación judicial que afecta a la etapa de David Lucas (PSOE) y por la que se han realizado diferentes citaciones en sede policial en calidad de testigo, según fuentes de la investigación.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha presentado un escrito de defensa en la pieza separada del caso Lezo sobre la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II en el que pide anular las grabaciones iniciales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según consta en el documento de 70 páginas firmado por el abogado Esteban Mestre, que busca invalidar todo el procedimiento.

La Guardia Civil, en la denominada operación CETIL, ha desarticulado una importante organización delictiva de ámbito internacional, a la que se responsabiliza directamente de la introducción de más de 6.000 kilogramos de cocaína procedente de Sudamérica, por distintos puntos del continente europeo. En la última fase de esta operación, agentes de la UCO de la Guardia Civil, junto con agentes de la Policía de Holanda y de las agencias estadounidenses HSI, han actuado simultáneamente en distintos puntos de España y Holanda coordinados por EUROPOL.

La Guardia Civil ha acotado el circuito de desvío de fondos que la constructora brasileña Odebrecht habría impulsado junto con exaltos cargos de FCC con dos megaproyectos de Panamá. Los agentes, que ya advirtieron del reparto de mordidas entre altos directivos de estas empresas y autoridades del país centroamericano, constatan ahora el recorrido de las comisiones que amasaron durante años tras inflar los contratos de estas obras públicas y que acabaron en la caja B de la empresa brasileña.

El coronel Manuel Sánchez Corbí, ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dejará el servicio activo a mediados del próximo mes de febrero para incorporarse al grupo Acciona. La destitución del oficial vallisoletano fue una de las primeras decisiones de calado que adoptó Fernando Grande-Marlaska tras hacerse cargo del Ministerio del Interior.

El grupo de delitos económicos en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examinará con lupa durante los próximos meses la etapa más convulsa de Abengoa. Esa en la que su expansión parecía imparable, con centenares de proyectos en 80 países y un pico de 26.400 empleados. El esplendor previo al preconcurso de acreedores de finales de 2015, cuando su excúpula bordeó o traspasó la frontera del delito para mantener a flote un gigante cuyo negocio principal, de puertas para adentro, era el financiero. Para la Bolsa, Abengoa era una mul

Desvela un 'pelotazo' fallido en Ciempozuelos entre los principales cabecillas de la trama cuyas firmas están bajo sospecha por adjudicaciones públicas. La Policía Judicial al frente del caso Púnica ha remitido un nuevo informe a la Audiencia Nacional en el que acredita indicios que apuntan que uno de los constructores claves de esta trama, Ramiro Cid Sicluna, integró en sus sociedades parte del patrimonio del exsecretario general del PP madrileño.

Los últimos avances de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han permitido determinar, a través de dos informes recientemente aportados, el recorrido de alrededor de 20 millones de euros entre Andorra y Luxemburgo, todos ellos pertenecientes a la "organización criminal" que les atribuye la juez. La causa indaga en una supuesta trama liderada por Zaplana para el cobro de comisiones ilegales a través de la adjudicación del Plan Eólico de la CV y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).

Uno de los hallazgos más llamativos de la GC en el caso Erial se produjo en el registro del despacho de Francisco Grau, cerebro financiero de la presunta trama liderada por el exministro Zaplana. Se trata de una hoja de cálculo encontrada en un disco duro intervenido y en la que constaba prácticamente el inicio de la operativa internacional. El documento, denominado por Grau 'La cuenta de la vieja', fue creado en 2005 y se describen cantidades que son concordantes con los activos que se estarían manejando en Imison Internacional.