Los agentes de la policía autonómica encontraron dos bidones cargados con un total de 200 litros escondidos entre la vegetación de una zona de la comarca del Solsónes, en la provincia de Lleida, que irían a utilizar unos individuos que presuntamente forman parte de los conocidos como CDR, los "Comités de Defensa de la República". Junts y ERC reclaman su puesta en libertad.

Se unen a la European Semiconductor Regions Alliance (ESRA), junto a otras 23 regiones de la UE donde hay una industria de semiconductores. Se busca fomentar el crecimiento y competitividad en esas regiones, según su acta fundacional presentada el jueves, y agilizar las ayudas públicas y asegurar suministro de agua, energía o materias primas a este sector. La recién aprobada Ley Europea de Chips busca que la UE duplique su producción de semiconductores para cubrir en 2030 un 20% de la producción mundial, y reducir su dependencia de Asia y EEUU.

El tribunal especial cierra el sumario contra los 12 independentistas procesados y da cinco días a la Fiscalía para presentar su acusación por pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos

El equipo de Feijóo equipara lo ocurrido frente a las sedes del PSOE a las protestas que tuvieron lugar en marzo de 2004 frente a las sedes de los populares cuando el Gobierno de José María Aznar mintió a la población afirmando que los graves atentados del 11M, que causaron centenares de muertos en Madrid, los provocó ETA, cuando ya sabía de su autoría islamista

El PP ha publicado un comunicado relativo a las manifestaciones de este lunes frente a las sedes del PSOE para protestar contra la ley de amnistía en el que evita condenar los ataques violentos. En el mensaje, el partido dice que en marzo de 2004 cuando se produjeron protestas frente a la sede del PP la delegación del Gobierno “no ordenó cargar a la Policía ni usar gases lacrimógenos”. Además, los populares critican que se tratase a los manifestantes “como si fueran CDR [colectivos independentistas catalanes radicales]”.

La violencia vista en las protestas en Ferraz esta semana ha puesto entre las cuerdas a muchos sectores de la derecha, que protestaban por amnistiar a los manifestantes que protagonizaron los actos violentos en Barcelona mientras replicaban las mismas acciones. La incoherencia entre el discurso y los hechos ha perjudicado la imágen de estas manifestaciones, y algunos sectores de ultraderecha han contestado con su mejor arma: la mentira, buscando cabezas de turco para para deshacerse de la culpabilidad, y alimentando la figura del "infiltrado".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado hoy el escrito de acusación en la causa de los CDR, en el que reclama penas de 27 años de prisión para ocho detenidos en la operación Judas y de ocho años para otros cuatro. El fiscal considera que las actividades de esta célula radical supusieron la comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista y, para nueve de los investigados, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos de carácter terrorista y de tentativa de estragos de carácter terrorista

La caja de solidaridad del independentismo, que se hizo cargo de gran parte de las multas a soberanistas a lo largo de estos años, denegó la ayuda para la defensa de Alexis Codina, uno de los miembros del comando de los CDR detenidos en el marco de la operación Judas. La defensa de Codina solicitaba 28.700 € para hacer frente a los gastos judiciales. Via Independència, una de las plataformas más activas del soberanismo, reconoce que la caja de solidaridad se ha desentendido y por lo que han puesto en marcha una campaña en gofundme

Los independentistas reclaman en sus enmiendas a la ley de olvido penal eliminar el párrafo que excluye los delitos calificados como terrorismo para que afecte a los CDR y el Tsunami Democràtic

El Gobierno, tras la insistencia del juez, ha enviado finalmente este jueves los tres autos del Tribunal Supremo que autorizaron al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el espionaje con el programa Pegasus a Pere Aragonès. Hay varios fragmentos de las resoluciones borrados, pero en los autos sí ha aparecido la razón que motivó la infiltración total de las comunicaciones del dirigente de ERC: según el CNI, Aragonès era un líder “en la clandestinidad” de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Considera que el juez Manuel García-Castellón pidió al Supremo imputar a Puigdemont sin investigar lo suficiente. Además, insiste en que no hay terrorismo y acusa al instructor de confundir esta causa con la de los CDR.