La sentencia declara a cada uno de los penados autor de un delito continuado de agresión sexual por su participación directa en los hechos.

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha concluido una investigación que acredita que, durante el mandato del exalcalde popular de Callosa de Segura Francisco Javier Pérez Trigueros, el consistorio abonó un total de 187.885 euros en 548 facturas para analíticas de control de la calidad del agua al marido de la entonces secretaria municipal, sin expediente de contratación alguno.

El TSJCV incide en que la demolición fue ejecutada por el Consistorio y no por la Conselleria que dirigía Marzà, de la que añade que únicamente emitió un informe a petición del consistorio y que el mismo fue firmado por la directora general de Cultura y Patrimonio.