La patronal de grandes constructoras Seopan ha solicitado un plan extraordinario de infraestructuras con una inversión de 65.835 millones de euros tanto pública como privada, a ejecutar durante la próxima Legislatura. Seopan calcula que esta inversión en obra pública permitiría crear 1,02 millones de puestos de trabajo en los próximos cuatro años y generaría un retorno fiscal para las arcas públicas de 30.716 millones de euros.

Aquí cada cual quiere arrimar el ascua a su sardina. Que razón tiene la sabiduría popular. La noticia de la que nos hemos enterado hace pocas horas, es en verdad bastante recurrente y se lleva escuchando desde hace años, propuesta por unos o por otros. Pero vaya, es que proponer por proponer es muy fácil, sobre todo si lo que propongo me beneficia.

Resulta que SEOPAN, la patronal que representa a grandes constructoras españolas, como Acciona, Dragados, Ferrovial, FCC, OHL o Sacyr, por citar algunas como ejemplo, propone que se aplique un peaje "blando" a los 16.455 kilómetros de carreteras de alta capacidad de la red nacional y autonómica, es decir, a todas las autovías y autopistas de España.

Cristina Sota, alcaldesa de Tafalla, ha sido imputada por supuestos delitos de «falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes» en relación con una constructora de la que era socia y que quebró hace dos años.

Grupo Collosa, constructora especializada en obra pública, pagó 354.560 euros a Federico Trillo en casi tres años, y a Pujalte 75.000 en poco más de uno, informa El País. La Agencia Tributaria encontró contratos y facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos: Sirga XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de Vicente Martínez-Pujalte y la entonces diputada por Valladolid y ahora senadora Ana Torme, y en el segundo participa, con el 70% de las acciones, Federico Trillo,

Ayudas públicas irregulares y exenciones fiscales se camuflan en un escenario de apoyo social a este deporte. Distintos clubs de fútbol españoles gozan de tratos de favor fiscales, urbanísticos y normativos, por los que la Comisión Europea está investigando sobre una posible vulneración de la normativa comunitaria.

Martínez-Pujalte declaró al Congreso que sus asesoramientos no tenían ninguna relación con la Administración, pero toda la actividad de la constructora para la que trabajó depende del erario público.

El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte creó su consultora privada solo unos días antes de recibir su primer cobro de 5.000 euros de la constructora Collosa, adjudicataria de la Administración pública.

Las acciones de OHL México se desplomaban por segunda jornada consecutiva en la Bolsa de México, a un mínimo de casi 30 meses, castigadas por la difusión de audios de ejecutivos discutiendo supuestos sobrecostos en una autopista local. Relacionada: www.meneame.net/story/varias-grabaciones-revelan-presuntos-sobornos-oh

Es la compañía del Ibex que más sociedades 'offshore' posee: 141. El Banco Santander cuenta con 81 e Iberdrola con 61. Las 35 mayores empresas españolas mantienen un total de 540 sociedades en centros financieros opacos. Delaware es el paraíso preferido de las firmas nacionales: el 41% de sus participadas están domiciliadas en ese estado norteamericano.

Según consta en una denuncia presentada ante el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre presuntas irregularidades cometidas en el consorcio público Casa Mediterráneo durante el Gobierno de Zapatero, el exministro Miguel Ángel Moratinos utilizó su influencia sobre esa institución cultural para conseguir que empresarios de su entorno recibieran un trato preferente en España y el extranjero.

Para algunos la situación puede parecer divertida, pero la triste realidad es que los constructores temen que el cerro de lodo sobre el cual se asienta la casa pueda venirse abajo en cualquier momento. O simplemente quieren aumentar su obra.

El «caso Bidegi» registra una importante novedad. La Diputación de Araba confirmó ayer jueves por escrito, tras la revisión de sus técnicos, que no había motivo alguno para que la sociedad pública guipuzcoana pagara las constructoras de la AP1 10 millones de euros en 2011. Tras ello, la Diputación de Gipuzkoa llevará a los tribunales a Eneko Goia, Markel Olano, Luis María Apraiz y Félix Urkola.

El «caso Bidegi» registra una importante novedad. La Diputación de Araba confirmó ayer jueves por escrito, tras la revisión de sus técnicos, que no había motivo alguno para que la sociedad pública guipuzcoana pagara las constructoras de la AP1 10 millones de euros en 2011. Tras ello, la Diputación de Gipuzkoa llevará a los tribunales a Eneko Goia (candidato a la alcaldía de Donostia), Markel Olano (candidato a las Juntas de Gipuzkoa), Luis María Apraiz y Félix Urkola.

La resaca electoral se sigue sintiendo en los parqués españoles. Aunque en unos sectores más que en otros. Entre las más afectadas, las empresas más reguladas y vinculadas a las obras públicas

Enrique Ortiz recibió 44 millones de euros por una empresa valorada en solo 12.000. Un negocio con una rentabilidad fuera de cualquier mercado que corrió por cuenta de Bancaja, la principal caja de ahorros de la Comunidad Valenciana. La operación fue detectada en 2013 por los auditores externos contratados por Bankia para analizar las cuentas de la entidad, presidida entonces por José Luis Olivas detenido hace dos semanas por la Audiencia Nacional.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha trasladado una protesta al Gobierno este martes por el indulto concedido a un constructor que agredió a la arquitecta del municipio de A Illa de Arousa en 2010. En un comunicado en el que anuncia el envío de la protesta, CSIF ha lamentado el indulto parcial que se le ha concedido a Juan Manuel Chaves Daporta, condenado en 2012 por agresión y retención ilegal contra la arquitecta. 'A los empleados públicos les cuesta dar el paso de denunciar y resulta escandaloso que se indulte'.

Una semana después de que fuera investida como alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena recibió la visita de Florentino Pérez en el Ayuntamiento. Fue el 25 de junio. Antes ya se había reunido con representantes de la patronal madrileña, pero Pérez fue el primer presidente de una empresa del Ibex-35 en plantarse en la antigua sede de Correos, en la plaza de Cibeles.

Las principales firmas adjudicatarias de obra pública de la Generalitat pagaron decenas de miles de euros por suscribirse a la revista de CDC. Sólo en un año recaudó 156.000 euros.

Cuando lo habitual escuchar que son bancos los que solicitan la ejecución de un desalojo de una vivienda o bajo comercial por impago de hipoteca o alquiler, acaba de trascender que hay quien les va a pagar con su misma moneda. Los representantes legales de un conocido constructor de Riveira presentaron recientemente en los juzgados de la capital barbanzana una demanda de desahucio contra una entidad financiera por una supuesta falta de pago del alquiler de un bajo comercial.

Los bancos y la Sareb tienen que negociar con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, su aportación al programa de viviendas sociales para familias en situación de exclusión; las compañías eléctricas harán lo propio para coordinarse con el Consistorio y evitar cortar la luz a los hogares más pobres ante la llegada del invierno; las constructoras tendrán que promover la reactivación de proyectos urbanísticos como la Operación Chamartín o Canalejas, entre otras, así como los contratos de recogida de basuras y de limpieza de la capital.

Así exprimen las grandes constructoras del Ibex 35 a las pymes: tardan 310 días en pagar. Frente a los 60 días que marca la ley, Ferrovial tarda 536 días en pagar; Acciona, 425; Sacyr, 337; FCC, 195; ACS, 188, y OHL, 184 días. Una morosidad que ahoga al pequeño empresario.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha presentado un informe a partir de datos públicos depositados en la CNMV sobre los plazos de cobro y pago de las constructoras de nuestro país que cotizan en el Ibex35. Recordemos en este punto que el plazo máximo de pago que permite la ley son 60 días,…