Utiliza un informe parcial de un fiscal en un juzgado de instrucción sobre dos trozos de la grabación que le hizo el empresario Miguel Ángel Ramírez para extenderlo a todo lo grabadoLa Fiscalía de la Comunidad Autónoma da valor a la grabación íntegra y pide para el juez 10 años de cárcel

Ha interpuesto un incidente extraordinario de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado noviembre confirmó su condena a seis años y medio de cárcel, 18 de inhabilitación y una indemnización de 60.000 euros a la magistrada Victoria Rosell, víctima de sus actividades delictivas planeadas para beneficiar al entonces ministro José Manuel Soria.

El tribunal reprocha al condenado sus maniobras dilatorias por haberle comunicado el último día de ingreso voluntario en prisión una patología conocida por él hace meses

La Audiencia de Las Palmas considera ahora que ese comportamiento "espurio" del juez Alba invalida la declaración posterior y formal de Ramírez, con una consecuencia favorable a sus intereses: si no es válida, formalmente no existe y, si no existe, la Justicia no cumplió con su obligación de citarlo en los plazos legalmente previstos para darle la oportunidad de exponer su versión, asistido por su letrado.

Las palabras dichas por los parlamentarios iban desde "el asco" que le produjo al portavoz del PSOE, Ignacio Álvaro Lavandera, hasta "el horror" que, off the record, se instaló en varios diputados del PP.

La Consejería de Justicia confirma que el magistrado dio "instrucciones precisas" al servicio de seguridad, lo que contradice la versión de la supuesta "declaración espontánea" del empresario contra Victoria Rosell. Alba autorizó el acceso de Ramírez por la zona reservada primero de forma verbal y después por escrito y evitó así que el investigado pudiese ser visto en el control de acceso y en las zonas públicas de las dependencias judiciales.

El médico que firma la baja por enfermedad del magistrado Salvador Alba Mesa no es su facultativo de cabecera, ni en la sanidad pública ni en la privada. Sergio Hernández Sánchez, sobre el que pende una petición fiscal de seis años de cárcel por supuestamente haber manipulado el historial médico de su exmujer, presta sus servicios en el Centro de Salud de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que su presunto paciente vive en la ciudad de Telde, a casi 20 kilómetros de distancia.

Hace cuatro años la magistrada Victoria Rosell decidió dar el salto a la política, y encabezó como independiente la lista de Podemos al Congreso por Las Palmas. En octubre de 2015 dejó su plaza en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria para concurrir a la cita electoral de aquel 20 de diciembre.

Desde que estallara el ‘Albagate’, el magistrado ahora condenado anuló las grabaciones que dieron origen a una de las principales tramas de corrupción de Canarias y absolvió a dos exalcaldes del PP acusados de cobrar comisiones ilegales en una causa con 21 arrepentidos.También levantó el precinto de una bodega que,para la Fiscalía, constituye “el peor atentado medioambiental” de la historia reciente de la isla de Lanzarote.Muchas de esas resoluciones firmadas por Alba acabarían siendo corregidas por sus propios compañeros o por instancias super

El magistrado condenado por conspirar contra Victoria Rosell había recurrido el acuerdo que le apartó de la carrera judicial y haber recibido la notificación de esta resolución a pie de avión

Ha pedido a una jueza de Madrid que envíe a la Fiscalía un artículo publicado en la revista ‘Mongolia’ por el director de Canarias Ahora

Antonio Doreste relata en un informe remitido al Poder Judicial el "ardid" del magistrado, a través de su esposa, para intentar obtener "alguna indiscreción" de su jefe el mismo día en el que supo que iría a juicio por cinco delitos

El ‘copia y pega’ es tan evidente que se inserta en otra fuente de letra manteniendo expresiones como “este Magistrado” y con numerosas frases literalesEl informe está fechado el 9 de diciembre de 2015; se elaboró a petición de la fiscala de Delitos Económicos en unas diligencias de la Fiscalía declaradas ilegales por el TSJCAl magistrado