El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha incoado de oficio una información previa para averiguar si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática en Decanatos y Órganos Judiciales que se puso en marcha en 2010.

Por estas casualidades de la vida, la Ley 31/2014 por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital “para la mejora del gobierno corporativo” entró en vigor apenas unas semanas antes que la operación Indra, por la que Telefónica adquirió un 6% de su capital con la finalidad de provocar un cambio en su, precisamente, “gobierno corporativo”; es decir, con la finalidad de sustituir a Javier Monzón, su anterior presidente. rel www.meneame.net/story/caso-indra-nueva-operacion-capitalismo-castizo

La magistrada de lo social Emilia Ruiz Jarabo se ha pronunciado sobre al menos cinco casos en los que la multinacional era parte desde que comenzó su colaboración con la Comunidad de MadridDe los cinco casos, dos acabaron con sentencias favorables a Indra y otras tres fueron contrarias a los intereses de la empresa

Los jueces decanos de la Comunidad de Madrid han defendido este martes los pagos que reciben por parte de Indra a cambio de tareas de asesoramiento para mejorar sistemas informáticos por responder a una actividad "creativa" y compatible con sus cargos como jueces o magistrados.

Indra entra en pérdidas de 92 millones tras llevar a provisiones 313 millones en 2014. Indra ha vuelto a cerrar en rojo desde que fue privatizada en 1999. La empresa regresó al redil del Estado en 2013 y ahora los fuertes saneamientos han provocado pérdidas de 92 millones.

Indra registró unas pérdidas netas de 92 millones de euros en 2014, frente al beneficio neto de 116 millones de euros del ejercicio precedente rel www.meneame.net/story/capitalismo-amiguetes-gobierno-corporativo-caso-

En octubre de 2013 dos trabajadores afiliados al Sindicato del Metal, Minería y Química de Madrid, fueron apartados de sus puestos de trabajo en Indra Torrejón como represalia por denunciar su situación de cesión ilegal, como muchos otros trabajadores en este y otros centros de trabajo de Indra. Ahora, dos años después, dos directivos de Indra han sido imputados por delito de falso testimonio en el juicio de estos trabajadores.

Hoy en mi sitio me he encontrado un papelote en que solo habia una frase: ¿Trabajas este puente? Y un codigo QR. Me encontre después con un post de un sindicato indicando unos consejillos para cuando te "obligan" a trabajar "voluntariamente" fuera de horario. Muchas veces en el sector de las TIC no tenemos ni idea de como actuar o defendernos ante abusos de los gestores.

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha archivado las diligencias abiertas el...

González usó Indra para pagar dinero en 'B' y así mejorar tanto su imagen como la de otros políticos de su partido. Lo hizo a través de la empresa, a la que pagó tres sobres, tres pagos en 'B', de un total de 120.000 euros. Entre las operaciones a las que iba destinado ese dinero estaba una para llevar a cabo campañas que trataban de contrarrestar informaciones negativas sobre los principales miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Es la división más importante, aunque de límites imprecisos, más importante al tiempo que menos rentable. Hablamos de unas 14.000 personas, en teoría, porque insisto en la indefinición: estarían dirigidos por Santiago Rouras (ex Fenosa). En la práctica, por la elevada rotación de contratos, podríamos hablar de una ETT. En cualquier caso, perímetro INDRA, que cuenta con un plantilla de 43.000 personas. Eso supondría librarse de un plumazo de la tercera parte del Grupo.

Según la declaración judicial del exdirector de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, fue el número 2 del gobierno autónomo, quien le ordenó que solicitara 3 pagos en negro a la empresa Indra. El presidente de Indra afirmó al juez que no le constaban tales peticiones. Sólo dijo saber que que le ofrecieron un trabajo a cambio debido a las “presiones” del jefe de la informática de la comunidad.

La etapa de Mónica de Oriol como consejera del grupo tecnológico Indra (cuyo principal accionista es el Estado) puede resumirse en una abultada factura: más de 12 millones de euros para la polémica expresidenta del Círculo de Empresarios si se suma lo facturado a Indra por su grupo de seguridad privada, Seguriber-Umano, y lo que ha cobrado por sus funciones como vocal en estos años.

Cuando cargó contra el salario mínimo, la expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, sentenció que “a gente diferente, trato diferente”. Aquella frase se enmarcó en un discurso contra los ninis, pero ahora se comprueba el auténtico calado de sus palabras. Según Cuatro, acaba de ser cesada del consejo de Administración de Indra llevándose 12 millones de euros.

El resultado neto de la compañía suponen unas pérdidas de 20 millones de euros.

La UTE formada por Prodevelop y iProcuratio supera en los pliegos técnico y económico a dos multinacionales y supondrá la gestión informática de casi cien millones de recetas anuales con un gasto para la Conselleria de Sanidad de 1.100 millones

Un plan del que se rumorea que incluirá un ERE para despedir a más de 3.500 empleados y, lo que es peor, la venta de la División de Sistemas –la que engloba desarrollo y consultoría informática- en la que trabajan otros 14.000 empleados. Pero ¿cómo ha podido llegar a esta situación la principal compañía tecnológica de este país, con una facturación de más de 3.000 millones de euros al año?

El grupo presenta un resultado negativo de 84 millones de euros, con 73.000 empleados y 4.300 millones de facturación. Prevé el cierre de la minería de interior de Hunosa

Las vallas entre Melilla y Marruecos, al menos 10 millones de euros al año. Detener en España y deportar a sus países de origen a migrantes y refugiados, 49 millones anuales. El proyecto de investigación Sniffer, financiado con fondos europeos para reconocer por su olor corporal a las personas escondidas en un vehículo que intentan cruzar una frontera, 3,5 millones de euros.

Algunos de los accionistas ha denunciado además la indemnización del expresidente de Indra, Javier Monzón, que percibirá unos 16 millones de euros, tildando de "excesivo" el finiquito del directivo que, en su opinión, "ha demostrado ser un incompetente". En este sentido, Abril-Martorell se ha limitado a señalar que el expresidente recibirá la indemnización estipulada en su contrato.

La multinacional, cuyo mayor accionista es el Estado con un 20%, abre un proceso de "reestructuración" que podría afectar hasta a 2.000 empleos e incluso suponer la venta de alguna de sus divisiones.

Los sindicatos han tildado de "atentado grave" contra la plantilla de Indra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la compañía en España y que supondrá el despido de 1.850 empleados, lo que representa un 8,5% de la plantilla en el país. Relacionada: www.meneame.net/story/trabajadores-indra-abren-negociacion-ere-acusand