Elena Sánchez Pérez, directora general de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid hasta hace dos semanas, prestó ayer jueves declaración ante la UCO durante más de 5 horas.Su adjunto a la Dirección,Raúl Castillo Muñoz, también prestaba testimonio durante 3 horas ante la Guardia Civil.Una tercera persona del equipo de prensa de Ana Botella,el delegado de Medios del Ayuntamiento,Pedro Gil Caballero también declaró como testigo ante los agentes.La Guardia Civil sospecha que podrían guardar información referida a contratos con la ‘Púnica’

Los expertos de la UCO de la Guardia Civil se han fijado en otros 20 ayuntamientos que habrían adjudicado contratos públicos irregulares a la trama Púnica. La atención se centra ahora en concesiones a la multinacional francesa Cofely en la Comunidad de Madrid.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Púnica ha permitido descubrir que la presunta trama corrupta no sólo intervino en adjudicaciones a Cofely...

La UCO investiga la relación del número 3 de Cifuentes con 8 contratos de la Púnica. Noticias de España. La empresa pública Arpegio, presidida por Granados, adjudicó a empresas de la trama contratos del plan de inversiones Prisma, que estaba gestionado por el ahora consejero Jaime González Taboada

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil viajará mañana con destino Córcega, tal y como ha podido saber este periódico, a por el cuadro de Pablo Picasso Cabeza de mujer joven (1906), hasta el momento propiedad del banquero Jaime Botín. El caso está en manos de un juzgado de Pozuelo, lugar de residencia del ex presidente de Bankinter, que ha dado la orden a la UCO para el traslado a Francia a recuperar la obra. En el avión de la Guardia Civil irá un equipo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para supervisar el movimiento.

La Guardia Civil investiga a un funcionario de la Comunidad de Madrid por filtrar información privilegiada a la trama Púnica y centra sus miras en la consejería de Justicia y Presidencia, controlada por Francisco Granados durante dos legislaturas. El sumario de la Operación Púnica recoge una llamada entre el empresario Marjaliza y Francisco de la Orden Gómez, ex subdirector de Infraestructuras Judiciales, dependiente directamente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La detención del administrador de la sociedad 'pantalla' supuestamente utilizada por el expresidente de la entidad para cobrar comisiones ilegales se produce después de que la Guardia Civil descubriera que el primero ejercía de "asesor de Presidencia" de la entidad y que se ofreció a las empresas que ganaron el contrato de publicidad a cambio de una comisión de dos millones. Su declaración ante el juez que le ha enviado a prisión añade nuevos datos en el cerco judicial al político.

“Pedro García Pérez recibe una llamada de un desconocido. Pedro le comenta que ya está cerrado el tema de Brunete, que van a quedar a cenar el día 30, que ha estado reunido con Borja (alcalde), y le ha dicho que hay un problema de tiempo, que van a ir avanzando”. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron esta llamada el 16 de octubre de 2014, dos semanas antes de que se produjeran las primeras detenciones de la operación ‘Púnica’. Uno de los interlocutores

Un informe de la Guardia Civil reconoce que algunas son "de gran complejidad" y, por tanto, de "prolongada" duración, como las vinculadas a la empresa Waiter Music o la de los colegios concertados. Al menos dos, las que se siguen en Murcia y León,las considera prácticamente terminadas. La línea de investigación sobre Waiter Music ha constatado que su propietario realizaba contraprestaciones "al partido político al que pertenecen los alcaldes" que le adjudicaban los festejos.Las pesquisas sobre la construcción de colegios privados concertados..

Las supuestas irregularidades detectadas en las millonarias adjudicaciones de las campañas de publicidad lleva a los investigadores a ampliar las pesquisas a todas las contrataciones importantes realizadas por la entidad financiera durante la presidencia del político.

Varios testigos habrían relatado a la Guardia Civil que la lideresa del Partido Popular les informaba de los ingresos irregulares para su campaña.

La exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP, Rita Barberá, habría sido uno de los cargos del partido en la capital valenciana que cobró en B, según adelanta hoy el diario 'El Mundo'.Los miembros de la UCO responsables de la investigación de la trama de corrupción denominada 'operación Taula' sospechan que Barberá habría estado enterada de los blanqueos de dinero de su entorno político.Según apunta el citado diario, el nombre de Barberá habría aparecido durante las diligencias pertinentes a la investigación en una lista junto a decenas..

El registro de este jueves en la sede principal del partido es el primero conocido por el caso Púnica, pero no el único. En otras dos ocasiones, el juez Velasco ordenó acudir al edificio para hacerse con documentación en papel y volcar los correos electrónicos de tres miembros destacados del partido en Madrid,Granados y sus sucesores. En la segunda visita, la UCO requirió al PP de Madrid varios de sus contratos en busca de indicios de financiación irregular..

Agentes de la Guardia Civil acuden al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde el actual diputado regional fue regidor hasta 2012, para requerir el expediente de la adjudicación a Cofely de un contrato de 14 millones de euros. El constructor David Marjaliza ha señalado en su confesión al político como presunto receptor de una 'mordida' de 60.000 euros.

Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario atribuye a Santiago Fisas, que llevó el área de Cultura y ahora es eurodiputado, los delitos de prevaricación y malversación. Los tentáculos del caso Púnica vuelven a agarrar con fuerza a otro exconsejero de Esperanza Aguirre. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Santiago Fisas Ayxela, actual eurodiputado del PP y titular de la Consejería de Cultura del Gobierno regional entre noviembre de 2003 y junio de 2009, los delitos de prevaricación, tráfico de influencias

No hay lunes en que la Guardia Civil no acompañe el desayuno de los españoles con la detención, a cual más rumbosa, de un pez gordo del PP fallero.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga desde hace un año decenas de contratos adjudicados por el Canal de Isabel II que podrían ser fraudulentos. El procedimiento -habitual desde hace años en las adjudicaciones del Canal de Isabel II- consistía en valorar primero los aspectos económicos de las ofertas y solo después realizar el trabajo técnico, aspecto más subjetivo.

La Unidad Central Operativa (UCO) busca las pruebas definitivas sobre el nepotismo que durante años ha reinado en el Ayuntamiento de Valencia, y sobre las ‘mordidas’ que presuntamente les llenaron los bolsillos a los imputados de la trama Imelsa. En el punto de mira de la UCO está, ni más ni menos, que un sobrino de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

Agentes de la Guardia Civil acudieron el pasado lunes a la sede de Arpegio, la sociedad pública del suelo que estuvo bajo control de Francisco Granados. Reclamaron nuevos expedientes del Plan Prisma, el programa de inversiones en municipios en el que el Ejecutivo regional invirtió cientos de millones de euros en la etapa que era controlado por el político hoy encarcelado. Una directiva de este organismo ya está imputada por supuestas irregularidades.

Más presión sobre Juan Soler: la UCO le investiga por varios contratos con la Púnica . Noticias de Madrid. Getafe firmó cuatro contratos con Waiter Music y dos con Cofely que suman 611.000 euros. Un juzgado de la localidad madrileña tiene abierta otra causa por más contratos irregulares. Dos s investigaciones acorralan al equipo municipal de Juan Soler, que dirigió la alcaldía de Getafe entre 2011 y 2015 y hoy ocupa escaños tanto en la Asamblea de Madrid como en el Senado. A la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 4 de...

Uno de los pasajes más llamativos del sumario del caso del presunto blanqueo de capital por parte de miembros del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia es el que relata el registro del domicilio de la secretaria del citado grupo en el consistorio, Mari Carmen García-Fuster, imputada en la causa. Así, según describe el sumario, en la visita realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) el 26 de enero a la casa de la secretaria se encontraron varios sobres con dinero efectivo cuya suma total ascendía a 5.690 euros.

Los movimientos de una de las cuentas del partido revelan que entre 2011 y 2014 una estrecha colaborada de la entonces alcaldesa ya hizo tres sospechosos ingresos en efectivo por 38.050 euros.Los investigadores creen que los populares decidieron cambiar de sistema de 'lavado' para las elecciones municipales de 2015 por el de ingresos individualizados de 1.000 euros que ha terminado destapando el escándalo..los nuevos ingresos bajo sospecha fueron realizados por la 'mano derecha' de Rita Barberá,la misma persona que entregó los billetes de 500