Por una mala comunicación con el Registro de la Propiedad, dio garantías de que un inmueble estaba libre de cargas cuando pesaba sobre éste un embargo. El Supremo ha fallado que el notario "aunque pudiera alegar que desconocía la circunstancia del embargo" no puede justicar así su ausencia de responsabilidad. "Debe cerciorarse de que informa al comprador de las cargas que pesan sobre la finca".

“O pagas o a la calle. No somos una ONG. Somos inversores. Hemos invertido millones y queremos ganar dinero”. Fue la respuesta que los inquilinos de viviendas sociales jóvenes del Ivima recibieron de Encasa Cibeles, la sociedad pantalla que esconde a Goldman Sachs y a Azora a la que la Comunidad de Madrid ha malvendido casi 3.000 VPO por 201 millones de euros cuando se tasaron en 300 millones. Les ha costado cada piso unos 67.000 euros, mientras que a sus adjudicatarios, si quieren ejercer el derecho a compra, les exigen unos 150.000 euros.

El cardenal Tarcisio Bertone, exsecretario de Estado del Vaticano, se está mudando a un piso de lujo. La Santa Sede está bastante preocupada: la mudanza explícitamente contradice al llamamiento del papa Francisco a "una Iglesia pobre". Según detalla el diario italiano 'La Repubblica', el piso que causó la polémica tiene 600 metros cuadrados más una terraza de 100 metros cuadrados. La vivienda será unas 10 veces más grande que la del propio Pontífice.

Decía una canción de mick jagger que ‘los viejos hábitos nunca mueren’, y al rolling stone parece que no le falta razón: siete años y siete millones de embargos después, los estadounidenses vuelven a considerar la vivienda como la mejor inversión posible a largo plazo.

Seis familias formadas por madres solteras se han lanzado a okupar un bloque de viviendas en el centro de Madrid. Ellas no querían. Cinco madres solteras con ocho hijos a su cargo y dos abuelas okuparon el pasado sábado el bloque de pisos sito en la C/ Monteleón 28, en el barrio de Malasaña (Madrid). No tenían otra elección. Son familias sin recursos o con una situación de extrema precariedad que se encontraban sin alternativa habitacional. Ni el Ivima (Instituto de la Vivienda de Madrid), ni el ayuntamiento, ni ninguna de las administraciones