La Consejería de Educación ha introducido por primera vez en la circular que se envía a los centros a comienzo de curso una mención expresa sobre los deberes escolares. «Lo que queremos es introducir mucho sentido común en este aspecto y una mayor coordinación entre el profesorado sobre los deberes, que tienen que ser adecuados en cantidad y calidad, razonables, y siempre en beneficio del alumno».

La CHD, tras rechazar las alegaciones de ADIF, sanciona en su cuantía máxima el incumplimiento del requerimiento «teniendo en cuenta las pérdidas de caudales de los arroyos con una pérdida de un volumen anual (situado entre 8 y 10 hm3) y el tiempo desde que se viene produciendo sin que se haya conseguido una solución». La CHD considera que ADIF incumplió el plazo de dos meses para presentar una solución definitiva que corrigiera la derivación de aguas a la vertiente asturiana como consecuencia de la intercepción de acuíferos a través del túnel.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha sancionado a ADIF por no solucionar ni inventariar los daños causados por los túneles ferroviarios de Pajares. La CHD insta a ADIF a que proceda a cumplir ambos requerimientos. El expediente sancionador se inició tras las denuncias presentadas por la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y la Asociación LACERTA por los daños causados por las obras.

341: tal era el número de páginas del voluminoso informe con el que la Oficina Europea de Lucha Antifraude recomendó en 2014 la devolución de la subvención de 247,5 millones de euros que la Unión Europea había otorgado para las polémicas obras de ampliación del puerto gijonés de El Musel. En él, la OLAF desgranaba pacientemente sus consideraciones sobre lo injustificado del sobrecoste que la Autoridad Portuaria de Gijón había aprobado con respecto al presupuesto inicial de los trabajos.

De momento, no ha habido más beneficiados con la ampliación de El Musel que los empresarios de las grandes constructoras responsables de las obras, algunos de ellos investigados en la instrucción abierta en la Audiencia Nacional por múltiples supuestos delitos, entre ellos malversación de dinero público. Las obras duraron cinco años (2005-2010) y costaron 826,4 millones de euros. «Un puerto, simplemente por existir, genera tráfico, y eso es un hecho». Lo dijo un técnico de El Musel en 2005.

Navarra y País Vasco son las comunidades autónomas con los mejores servicios sanitarios en 2017, mientras que Comunidad Valenciana y Canarias repiten un año más como las peores, en un grupo de cola en el que también están Cataluña y, por primera vez, Andalucía. En dicho informe, que esta entidad publica anualmente desde hace más de 10 años, se tienen en cuenta distintos parámetros relativos a la financiación, recursos y funcionamiento de los recursos sanitarios, gasto farmacéutico, valoración de los ciudadanos, lista de espera y privatización.

La Policía Nacional ha detenido en Oviedo a un ciudadano de origen camerunés, cuyas iniciales son E.N.T.T. de 46 años, perteneciente a un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas, como autor y participe de un delito de estafa por el método de las 'cartas nigerianas' a través de Internet.

El gobierno socialista del Principado se llama andana en las fuertes condenas por corrupción del caso Marea, aunque impliquen al anterior Ejecutivo regional. Como Rajoy a Bárcenas, ahora Javier Fernández no conoce de nada a Areces y Riopedre. La amnesia se extiende entre la clase política. El Gobierno de Asturias considera muy positivo que ya se hayan hecho públicas las condenas correspondientes al caso Marea. Éste ha sido siempre el objetivo: que la justicia delimitase con claridad y firmeza las responsabilidades de todos los implicados.

Fiscalía del Principado de Asturias pide penas de cinco años de prisión para R.S., el que fuera jefe de prensa en el Ayuntamiento de Oviedo con los exalcaldes del PP Gabino de Lorenzo y Agustín Iglesias Caunedo. También solicita la misma pena de prisión para el jefe de Modernización municipal, I.H.Según la calificación del fiscal, se considera que tanto uno como otro son responsables de un delito continuado de falsedad documental.

Desde el Colectivo Ecologista de Avilés se ha pedido explicaciones al gobierno del Principado de Asturias para que informe si los elevados valores de contaminantes que se midieron ayer por la tarde en la comarca de Avilés tienen relación con los malos olores de los que se quejaron algunos vecinos de Avilés, o con los peces muertos que se volvieron a ver ayer por la tarde por la orilla de la ría.

El presidente del Comité de Empresa de la factoría de CAPSA en Granda, Ramón Urbano, ha subrayado hoy el «éxito» en el seguimiento en la segunda de las ocho jornadas de huelga convocadas por la falta de acuerdo en la negociación del convenio, con «un paro total de la actividad» en la planta de Siero.

Hasta cinco grandes investigaciones se han abierto en los últimos meses rodeando a la anterior corporación y dibujando un pentagrama de corrupción que atañe al gobierno de la capital en décadas pasadas. Están siendo juzgados o ya han sido condenados, un exjefe de policía, un teniente de alcalde, un responsable de prensa, un concejal y el que fuera designado como sucesor de Gabino de Lorenzo, hoy Delegado del Gobierno en Asturias.

La Fiscalía pide tres años de cárcel para cada uno de los socios de la empresa Cubo Express por condiciones abusivas y faslificar documentos

Reanudan los paros desde las 06:00 horas hasta el próximo miércoles a la misma hora.En total los casi 800 trabajadores del grupo Capsa están llamados a tres jornadas de huelga esta semana y otras tres para la que viene.Reclaman la firma de un nuevo convenio que les permita mantener su poder adquisitivo y que se eviten todo tipo de deslocalizaciones.El comité de empresa denuncia el desvío de más 1.200.000L de leche a Lugo.

Vídeo que muestra la pericia de los camioneros para descender por la pendiente al terminar la penúltima etapa de la Vuelta .

La exdirectora de Planificación de la Consejería de Educación del Principado, María Jesús Otero, con el "conocimiento y aquiescencia", del exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, favoreció la adjudicación de todo tipo de contratos a las empresas de Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (APSA), confabulándose con aquellos para dar una apariencia de legalidad a las operaciones que realizaban.

Riopedre, que ha llegado acompañado de su abogado, ha sido condenado a seis años de prisión por prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y cohecho. Otra de las principales acusados, la exdirectora general María Jesús Otero ha sido condenada a nueve años y seis meses de prisión mientras que la funcionaria Marta Renedo a nueve años. Dos empresarios implicados fueron condenados a seis años y medio cada uno. Son las principales condenas del caso.

El exdirector financiero de Almacenes Pumarín (APSA), investigada en el caso Renedo, ha declarado hoy que el dueño de esta empresa reveló a los trabajadores que la acusada María Jesús Otero, funcionaria encausada, le mandó pagar viajes, coches y patrocinios.

La Audiencia describe con todo lujo de detalle, en una prolija sentencia, que consta de 1.079 folios, cómo se gestó el «caso Marea», la mayor trama de corrupción en el Principado cuyo coste ha sido imposible determinar, pese a los seis años de instrucción de la causa, cuatro meses de celebración de la vista, ingentes y exhaustivos informes policiales, periciales, la declaración de más de un centenar de testigos, pinchazos telefónicos y seguimientos.El tribunal concede el mayor protagonismo en estas prácticas delictivas a 5 de los 13 acusados.

Desde este viernes, el Gobierno del Principado permitirá que los cazadores realicen batidas de lobos para erradicar a la especie de un tercio del territorio asturiano, lo que WWF considera una medida «indiscriminada, retrógrada e ilegal».Del Olmo sostiene que «la caza del lobo se desarrollará en esas zonas permanentemente sin limitación de cupo, una medida indiscriminada que supondrá la muerte de cualquier ejemplar y en cualquier momento del año, sin ni siquiera respetar la época de cría».

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) ha alertado este jueves sobre la oleada de robos de registros y de rejillas, tanto de agua como de alcantarillado, que están sufriendo, según una nota de prensa del Ayuntamiento de Gijón.Según la EMA, desde el pasado viernes han desaparecido más de 180 tapas, principalmente en las zonas de Tremañes y Somonte. Unos robos que fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional, que investiga el caso.

El acuerdo parlamentario de PP, PSOE, Ciuddanos e IU, desempolva el viejo proyecto del gobierno de Sergio Marqués, con escasos referentes en España, salvo los cremallera públicos a Núria y Montserrat.En 1998, la oposición del PSOE en la Junta General y la fuerte contestación desde sectores ecologistas tumbó el proyecto, que ha cobrado fuerza en los últimos meses alentado desde el Ayuntamiento popular de Cangas de Onís, desde sectores empresariales de la zona y también desde formaciones como Izquierda Unida.

La mayor de las condenas recae en la exdirectora de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, condenada a nueve años y medio de prisión por varios delitos de malversación de caudales públicos y cohecho y deberá pagar una indemnización de 2.500.000 euros. El exconsejero de Educación asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, ha sido condenado a seis años de cárcel y 400.000 euros de multa.La funcionaria Marta Renedo ha sido condena a nueve años de cárcel con multa de 480.000 mil euros y una indemnización a la administración.

El trabajador asegura que las chicas trabajaban como prostitutas, se llevaban un porcentaje de las copas y tenían horario

Los participantes llevaban un pañuelo de la Plataforma contra la contaminación de Gijón, ya que el tema central de los actos son los altos niveles de contaminación atmosférica que sufre Asturias y en concreto el concejo de Gijón. Una situación que es reconocida el nuevo consejero del nuevo consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, del Gobierno del Principado de Asturias, el señor Fernando Lastra.