En un hecho probablemente sin precedentes, un juicio por homicidio en Italia tuvo que interrumpirse a causa del ruido que dos empleados de la corte hacían. Al parecer porque esas personas sostenían relaciones sexuales en una oficina contigua a la sala de audiencias.

El Juzgado Número 5 de Sevilla enjuiciará a siete activistas imputadas por una supuesta falta de deslucimiento de bienes inmuebles. El informe policial acusa a integrantes de la Asamblea de Mujeres Diversas que realizaban acciones de protesta a favor de los derechos reproductivos. No hay pruebas directas de que sean las autoras de las pintadas y la identificación se realizó durante una manifestación, según los abogados defensores, que denuncian la "persecución y criminalización" de las "organizaciones sociales de mujeres".

La juez María Tardón, integrante del tribunal, ha sido recusada tras conocerse su integración en la Asamblea General de caja Madrid. La Sala ha requerido a Silva para que en el plazo de tres días manifieste si continúa con la defensa del abogado Cándido Conde-Pumpido Varela o designa otro letrado para que le asista.

El video no sólo es impactante sino que fue una prueba clave en el juicio que terminó con la condena contra el falso pastor Jesús Olivera y la periodista Estefanía Heit por haber mantenido cautiva durante tres meses en su casa de Coronel Suárez a una mujer llamada Sonia Molina. En las imágenes se ve a la víctima en pleno cautiverio. Balbucea, no puede mantenerse sentada y hasta se orina encima, mientras los dos condenados la agreden verbalmente. La mujer, que cuando logró escapar había perdido 20 kilos, aparece con la cara llena de moretones

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Coca-Cola ha llegado a la Audiencia Nacional. Los 235 trabajadores de la planta de Fuenlabrada han impugnado sus despidos por considerarlos ilegales. Ahora es el juez el que tiene que determinar si la multinacional despidió ilegalmente a estos operarios. Cuenta atrás para el ERE de Coca-Cola. La multinacional se ve las caras con los trabajadores delante del juez que determinará si la empresa vulneró los derechos de los operarios a la hora de plantear el ERE.

La docena de acusados que irrumpieron en la sala Stroika de Manresa (Barcelona) para presuntamente agredir a varios jóvenes antifascistas durante un concierto el 23 de marzo de 2012 han consignado a favor de las víctimas 97.000 euros como reparación del daño, lo que se une a los 16.000 abonados por un menor que participó en las agresiones y que ya fue jugado y condenado. Así lo han explicado este miércoles los abogados de los acusados en el primer día de juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona y que se ha destinado a resolver

Castro, a quien el calendario procesal le permitía resolver en vísperas del día 18, evitará que su pronunciamiento se interprete como una injerencia en el proceso de relevo abierto tras la abdicación El auto marcará el cénit del caso tanto si procesa a Cristina de Borbón por delito fiscal o blanqueo como si la exonera en contra de todos los pronósticos

El informe ha sido remitido al juzgado instructor de Santiago que investiga el siniestro ferroviario

Ni antisistema, ni violento. Simplemente coherente. Héctor Beas, el joven de Villar de Ciervo que el pasado 25 de mayo se negó a formar parte de la mesa electoral de su municipio durante las Elecciones Europeas, será juzgado este lunes 9 de junio en el Juzgado número 1 de Ciudad Rodrigo por un supuesto delito electoral. En rechazo al propio sistema (considera que está “corrupto”), y por “coherencia”, el joven decidió renunciar voluntariamente al cargo que le había tocado por sorteo.

Héctor Beas, el joven de Villar de Ciervo que en las jornada de las Elecciones Europeas del pasado 25 de mayo se negó a formar parte de la mesa electoral de su municipio, ha sido condenado a pagar por ello una multa de 480€. El joven estuvo acompañado de un grupo de amigos que le apoyaron en su decisión de objetar. La declaración fue vigilada por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, tanto con uniforme como de paisano, que no permitieron la entrada en los Juzgados de las personas que lo acompañaban ni de los medios de comunicación.

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el despido de una cajera que trabajaba en un supermercado Champion.

Un juzgado de lo social de Ponferrada dirime la responsabilidad de la empresa minera Alto Bierzo, del Grupo Lamelas Viloria de Manuel Lamelas Viloria -presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León- por la muerte de un minero en su primer día de trabajo en noviembre de 2011. Estando en coma en el Hospital del Bierzo fue despedido.

El concejal independiente recibió una llamada de una mujer, que se identificó como Concepción Ruiz Rosario, familiar de la concejala del PP. Esta le dijo a García que era "un niñato hijo de puta, cuando te vea por la calle te mato, soy capaz de cortarte la cabeza, estoy viuda y me da igual uno más que uno menos, y si te mato no pasa nada". José Gabriel García afirma que Concepción estaba alterada por la denuncia que puso UxA contra la sobrina de esta por posibles irregularidades en contrataciones entre el ayuntamiento y una empresa de la edil.

La compañía francesa de productos homeopáticos Boiron tendrá que pagar 12 millones de dólares en Estados Unidos para evitar una demanda colectiva producto de la publicidad engañosa de sus supuestos remedios. Esta empresa ha aceptado pagar 5 millones de dólares a los demandantes particulares que solicitan la devolución de su dinero, con una indemnización no superior a 100 dólares por demandante particular, debido a la violación de las leyes del estado de California de publicidad engañosa

Un juicio por tráfico de drogas previsto para cuatro días de sesiones en la sala de la Audiencia Provincial de Ourense se ha resuelto en 15 minutos al aceptar los 21 acusados no ir a prisión, y firmar las actas de conformidad ante el tribunal de magistrados.El juicio de 21 acusados contaba, además, con unos 40 testimonios, la mitad de agentes policiales que durante meses hicieron escuchas y seguimiento de parte de los acusados, además de registros domiciliarios que llevaron a la acusación, por parte del fiscal, por delitos de tráfico de drogas

El secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández, ha asegurado que en su partido están "siguiendo con atención" el procedimiento del Gobierno de Venezuela desencadenado con Maria Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela, y ha pedido que sea respetada su "inmunidad política". Así lo ha afirmado en un encuentro con jóvenes del programa Lidera de Venezuela desarrollado por la fundación Futuro Presente, celebrado en la sede del PP, a raíz de las polémicas surgidas por el procedimiento judicial,

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra la senadora socialista Elena Diego, que será juzgada por un presunto delito de prevaricación administrativa cuando era alcaldesa de la localidad salmantina de Villamayor relacionado con la contratación irregular de dos monitoras. Por ello, también se le imputa un delito continuado de nombramiento para cargo público a penas sin concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello. La Fiscalía pide que se la inhabilite para cargo público por ocho años y las...

Hasta 42 personas tienen pendientes cuatro citaciones judiciales en la región por diferentes acciones a favor de la renta básica y de la vivienda. El vicesecretario de organización del PP denunció por intimidación a seis personas por un escrache en su casa, aunque no había nadie Denuncian la existencia de listas negras para criminalizar su lucha.

La Audiencia de Las Palmas considera que el auto de entrada y registro que dio lugar al hallazgo no estaba bien fundado. El juez instructor de la causa de corrupción ha denunciado la desaparición de 100 autos del sumario del caso Unión. Pruebas y resoluciones judiciales del mayor escándalo de corrupción de la isla de Lanzarote, "extraviados o sustraídos". Y anulado, cómo no, en solitario, el auto que implicaba directamente a dos magistrados, uno en el Supremo y el otro en la Audiencia Provincial de Madrid.

Alfon fue detenido durante la huelga general de noviembre de 2012, cuando acudía a un piquete, y fue acusado de tenencia de explosivos. Desde el primer momento, su madre, Elena Ortega apareció en los medios denunciando el “montaje policial” que, según ella y su abogado, se había orquestado contra su hijo. En una entrevista que concedió a La Marea, Ortega aseguraba que Alfon había sido escogido como “cabeza de turco” para reprimir la contestación social.

El fiscal Anticorrupción acusa a demás a Castro de haber rozado la prevaricación, es decir, de haber dictado resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, al señalar que el instructor primero quisó imputar a la infanta y luego buscó la manera de hacerlo: "Cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir...

Por los juzgados de Madrid ya han pasado agentes, bomberos, dotaciones de SAMUR y manifestantes para intentar arrojar luz sobre lo ocurrido en la capital el 22 de marzo, tras las marchas de la dignidad. Éste es el testimonio que han ofrecido los policías agredidos al juez de lo que vivieron aquella noche, la más larga para la UIP.

El fiscal del Tribunal Supremo Manuel Jesús Dolz ha vaticinado que no habrá juicio oral a la Infanta Cristina, a la que el juez José Castro mantiene imputada en el caso Nóos, "porque no es posible abrir juicio oral solamente cuando lo pide la acusación popular y no lo pide el Ministerio Fiscal o la acusación particular, que es en la que se basa la 'doctrina Botín'".

El alcalde de La Vall d'Uixó, Óscar Clavell, ha sido imputado por un presunto delito de 'malversación' por autorizar pagos por valor de 706.789 euros con los informes en contra de los técnicos municipales, a la mercantil Secopsa. La causa se abrió después de que los grupos de la oposición pusieran en conocimiento de la Fiscalía un posible delito de malversación, prevaricación y fraude, y pedían a este organismo que los investigara. El resultado ha sido la imputación porque, dice el fiscal, "el pago fue la culminación de un ...