La Inspección de Trabajo sigue estrechando el cerco a Deliveroo y su modelo laboral. Tras los expedientes de Valencia y Madrid, ahora es en Barcelona donde le han levantado un acta a cuenta de sus repartidores —los llamados rider que suelen repartir en bicicleta—, que la empresa considera autónomos y los inspectores, falsos autónomos que deberían cotizar como empleados.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba este viernes la aprobación de un decreto contra el uso fraudulento de los 'falsos autónomos' con el bombo de aflorar 'de oficio' - esto es, no esperar a que lo tramite el involucrado - 40.000 empleos en este 2018. El decreto apunta especialmente a empresas del sector cárnico y del transporte en las que ya ha habido varias inspecciones y prevé recaudar un extra de alrededor de 400 millones de euros para la Seguridad Social.

El Gobierno pretende aflorar 40.000 falsos autónomos este año: los sindicatos de autónomos y de inspectores señalan su gran presencia en sectores como el reparto de comida, los medios de comunicación, y las cárnicas, entre otros.

Hasta 10.000 euros de multa por traspasar a un trabajador asalariado al régimen de autónomos de manera fraudulenta. El Gobierno ya había anunciado que crearía una nueva infracción para combatir el abuso de las empresas sobre los falsos autónomos y este miércoles la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha concretado que se tratará de una "infracción grave", que será castigada con multas de entre 3.126 euros y un máximo de 10.000.

1. Adoptar por parte del empresario decisiones concernientes a las relaciones de mercado o con el público. Esto es, elegir la forma de presentarse ante el cliente. 2. Fijación de precios o tarifas. Es decir, el autónomo debe tener verdadera libertad de elegir el precio que paga el cliente. 3. El cálculo de la retribución con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada. 4. Inexistencia de estructura empresarial.

Un juzgado ha reconocido que una trabajadora que cobraba desde 2001 seguros en la empresa Amsur, agencia exclusiva de Santalucía, era falsa autónoma, tras una demanda presentada por CGT. La sentencia condena a la compañía a readmitir a la empleada en su puesto como asalariada, ya que fue despedida después de que la Inspección de Trabajo investigara su caso. Amsur ha recurrido la resolución judicial y en Santalucía no responden sobre el caso ya que la empresa mediadora es "independiente y toman las decisiones laborales que consideran oportunas"

Para terminar con este fraude el Colegio General de Dentistas propone la disminución de los alumnos en las facultades de odontología.

En apenas seis meses, la Inspección de Trabajo ha detectado 8.076 falsos autónomos en plataformas digitales de reparto (Deliveroo, Glovo...). La lucha contra la práctica empresarial de forzar a los trabajadores a darse de alta como autónomos cuando deberían ser asalariados es un objetivo del plan de lucha contra la explotación laboral, que entró en vigor en agosto del año pasado. Siguiendo esta instrucción, los inspectores han hallado 32.067 empleados que deberían cotizar en el régimen general. La recaudación contra el fraude sube un 32%

El plan director por un trabajo digno ha permitido regularizar 32.067 falsos autónomos, convertir 173.957 contratos temporales irregulares en indefinidos y ampliar la jornada de 36.694 contratos en el último año, según los datos presentados por la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio. En total, casi 310.000 personas han visto mejoradas sus condiciones de trabajo gracias a este plan en el último año.

Desconectado (o "despedido", en palabras de los repartidores) por no presentar un recibo de su cotización como autónomo. Deliveroo ha echado a uno de los 532 riders que fueron considerados falsos autónomos en el macrojuicio de la Seguridad Social contra la multinacional británica en Madrid.

Empresas como Grupo AN y Productos Florida, dos proveedores de productos avícolas de grandes cadenas de distribución, son señalados por Comisiones Obreras (CCOO) por la situación de sus operarios en los centros de producción. Los sindicatos han puesto su lupa sobre el sector cárnico. En esta ocasión, Comisiones Obreras (CCOO) acusa a Grupo AN, Grupo Alimentario Guissona, Productos Florida y Arpisa, empresas dedicadas a la venta de productos avícolas, de operar con falsos autónomos. Estos productores ponen el sello de gran parte del pollo

El Gobierno revisará la figura del TRADE, los autónomos económicamente dependientes, para luchar contra el abuso de los falsos autónomos

La ministra ya había anunciado que legislaría "con contundencia" y "celeridad" contra los falsos autónomos y será su próxima actuación tras la derogación del despido por bajas médicas

Los empleados de Uber tienen un “contrato de trabajo” y es “ficticio” que sean autónomos respecto a la empresa. El dictamen de la Corte de Casación francesa —equivalente al Supremo— considera que hay una subordinación entre la empresa de reparto californiana y sus empleados. El alto tribunal establece que, dado que los trabajadores no tienen su propia clientela, no fijan los precios ni establecen sus condiciones —ni las rutas de reparto que prefieren—, estos permanecen en una relación laboral con Uber.

La ministra de Trabajo se ha reunido este lunes con representantes de RidersxDerechos y UATAE, a los que ha comentado el proyecto de ley para que los mensajeros sean considerados asalariados y no autónomos. Yolanda Díaz, pretende llevar al Consejo de Ministros el proyecto de ley para evitar los falsos autónomos en plataformas digitales como Glovo y Deliveroo "antes de agosto".

El texto que ha salido adelante busca cambios legales y más medios en la Inspección para poder detectar este tipo de prácticas y sancionar a los empleadores. Así, el Congreso ha pedido que se regule en el marco del diálogo social el trabajo realizado a través de medios tecnológicos o digitales, con el fin de evitar su utilización para ocultar la existencia de relaciones laborales y poner fin a esta figura de los falsos autónomos.

Como ya sucediera con los riders, la justicia ha vuelto a posar sus ojos sobre otro nicho de trabajadores autónomos, que, sin embargo, llevaban a cabo tareas estructurales dentro de una empresa, pero que no estaban reconocidos como empleados asalariados: los abogados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló el pasado 16 de julio en favor de 141 letrados que trabajaban en régimen de externos para la multinacional Transcom, donde asesoraban jurídicamente a Santander, Sabadell, Inversis, CaixaBank y Deutsche Bank.

El Parlamento Europeo (PE) también quiere acabar con los fraudes de las plataformas digitales y ha votado propuestas para evitar que los trabajadores y trabajadoras de estas plataformas sean tratados como autónomos, cuando no es así. Propuestas recogidas en el informe de la eurodiputada francesa Sylvie Brunet, con el apoyo de la Comisión de Empleo y Asuntos sociales del propio Parlamento Europeo, y que ha sido aprobado el pasado 15 de septiembre con 524 votos a favor y 39 en contra.

La Cadena SER es en estos momentos una bomba de relojería a punto de estallar. La emisora no está por labor de legalizar y contratar a las decenas de trabajadores que mantiene trabajando bajo la figura de falsos autónomos, como lo aconseja la Inspección del Trabajo. Por el contrario han empezado desde diciembre del año pasado un goteo incesante de salidas –que no computan como despidos al no existir contrato laboral- que se ha intensificado en los últimos días. Incluso muchos hablan de ERE encubierto.

El juez López-Palop aprecia indicios de delito de estafa y contra la Seguridad Social del número dos de Podemos. En el auto, dictado el pasado 12 de marzo pero notificado este miércoles a las partes y contra el que cabe recurso, el juez asegura que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal”. Por ello, acuerda la incoación de diligencias, remite el caso al Ministerio Fiscal y le requiere para que informe si el juzgado de instrucción es competente.

Colectivos de apoyo a mujeres y de derechos humanos señalan las trampas de la propuesta de Ciudadanos sobre la 'legalización' de la prostitución.

La culpa no es del trabajador. La culpa es del sistema que hace que el trabajador, en estos casos que comento, para poder trabajar, deba participar en la comisión de un delito o aceptar unas condiciones económicas inferiores a las legalmente establecidas.