Aunque el calendario electoral ya aprieta, porque apenas quedan tres meses para las elecciones generales, y esta medida no figura entre las más populares, ya que puede traducirse en un incremento de tributos como el del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), los Presupuestos de 2016 no olvidan esa actualización. Habrá cambios a la baja, pero la inmensa mayoría será al alza.

De momento, España pagará caro la incapacidad de sus políticos. No podrá aprobar los presupuestos generales de 2017 ni presentarlos a la Unión Europea antes del 15 de octubre. Salvo que Rajoy logre negociar nuevos plazos con la UE como ya hizo en julio pasado, España será sancionada con una multa de 5.000 millones y la congelación de fondos por valor de otros 1.100 millones.

La subida del SMI y el aumento de la presión fiscal en el Impuesto de Sociedades son las dos piezas que se han cobrado los socialistas por respaldar la nueva senda de reducción del déficit público pactada con Bruselas. Esto supone que el techo de gasto -que es el pistoletazo de salida a la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado- saldrá adelante con un amplio respaldo.

Presupuestos Generales del Estado: Montoro abre la puerta a quitas de deuda a líderes del PSOE para lanzar los PGE. Noticias de Comunidad Valenciana. El Gobierno concentra la negociación en PNV, Ciudadanos y los canarios, pero lanza guiños a los socialistas: Dirán que si no apoyamos, no será porque no lo intentaron, admiten desde el PSOE

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 contemplan un préstamo de 10.192 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, que están déficit desde hace años, según consta en el borrador de las cuentas para este año.

La partida de los Presupuestos Generales del Estado en materia de Sanidad aumentará este año –si el Congreso lo aprueba- hasta llegar a los 4.093 millones de euros, un 2,3% más frente a los 4.000 que se destinaron en 2016. Pese a que el gasto va aumentando lentamente, aún queda mucho para alcanzar los 4.263 millones que se le asignaron en 2011, ya en tiempo de crisis, y un año antes de que el Partido Popular llegara al poder. (...)

Presupuestos Generales del Estado: Un acuerdo temerario que salva a Rajoy y apuntilla a Puigdemont. Todo ha salido demasiado caro: para el Estado ahora, y más adelante cuando los demás territorios reclamen tratos similares; también para el PNV, porque su avaricia ha roto el saco

La hazaña del presidente de Ciudadanos está por llegar: votar en contra –algo inédito– de la ley quinquenal del Cupo Vasco que proponga la Comisión Mixta del Concierto Económico en su momento

Pero no nos engañemos. Hasta ahora también hemos estado pagando el “sistema equitativo de compensación por copia privada” (nombre oficial de este mecanismo) a las entidades de gestión de derechos de autor. La diferencia es que el asalto a nuestras carteras se realizaba vía impuestos. Cuando el Gobierno eliminó el mecanismo ahora recuperado lo que hizo fue compensar a la SGAE y compañía con una partida de los Presupuestos Generales del Estado. Hay que reconocer, eso sí, que esas organizaciones salieron perdiendo.

Algo más de 1.400 municipios de toda España, alrededor de un 20% del total, actualizarán en 2018 el valor catastral de los inmuebles urbanos no revisados al menos en los cinco años previos, antes de 2013. La relación de este nuevo catastrazo se recoge ya en la orden preceptiva aprobada por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, falta por saber qué coeficientes se aplicarán, puesto que estos se recogerán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.

El Gobierno que dirige Mariano Rajoy impone una fuerte restricción provisional hasta que no haya nuevos Presupuestos Generales, pero no ha informado de ello públicamente. Ha decidido prorrogar las cuentas de 2017 a este nuevo año pero con un fuerte límite al gasto público: los departamentos no podrán gastar o comprometer más del 50% de las partidas ejecutadas en 2017. Las únicas excepciones son las pensiones y las prestaciones al desempleo.

Desde la Asociación española de víctimas de la talidomida, su presidente José Riquelme acusa a PP y C´s de pactar estas ayudas "a nuestras espaldas y sin contar con nosotros". Desde AVITE se posicionan "totalmente en contra" de la enmienda que ambas formaciones presentarán a los Presupuestos Generales del Estado. Riquelme explica que las víctimas españolas de la talidomida cobrarán una indemnización de 56 euros al mes, frente a los 4.000 euros que cobran de media los afectados por este medicamento en el resto de Europa.

El PNV ha decidido apoyar los presupuestos generales del estado. Dice que lo hace por responsabilidad. Pero lo ha hecho porque hace tiempo que no le importa nada de lo que realmente sucede. No importa la corrupción acreditada por partido del gobierno y centenares de sus cuadros. No importa que el PP sea ya una presunta organización criminal (Valencia, Madrid…). No importa que haya “políticos presos”, estos sí, como Zaplana.

"El borrador presupuestario presentado por España se encuentra en riesgo de incumplimiento". Lo advierte la Comisión Europea, tras analizar en detalle el borrador de los Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno para 2019. España es uno de los cinco países "

El Gobierno aprueba este martes el "techo de gasto" y la suspensión de la llamada "regla de gasto", que obligaba a mantener equilibrios presupuestarios. En lo político, esas medidas marcan el primer paso en la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, pero en lo económico, además, suponen uno de los mayores planes de gasto público desde la Transición.

Según la Auditoría de cuentas de la DGT/Jefatura Central de Tráfico, correspondiente al ejercicio 2019, la DGT realizó un pago al Estado de más 600 millones de euros (622.282.363,93 euros), con la justificación de que 153.180.420 correspondían a una Transferencia al Estado, incluida como un gasto de la DGT, en la correspondiente partida de los Presupuestos Generales del Estado del año 2019. El resto hasta esa cantidad (469.101.943,93 euros) se hizo como Transferencia al Estado para generar crédito en el Ministerio del Interior.

El consejero aclara que es el Gobierno central el que asume la multa de no depurar las aguas residuales urbanas de la ciudad de Gijón con cargo a los Presupuestos Generales del Estado

RTVE no está pasando por su mejor momento. El grupo público de comunicación encadena varios meses consecutivos con la audiencia por los suelos.La tele pública va a disponer en 2022 de 445 millones de euros de los presupuestos generales. Lo que no se va a reducir en 2022 es la deuda, es más, se va a disparar. Las estimaciones del Gobierno apuntan a que el próximo año se alcanzarán los 588 millones, un 61,5% más que lo registrado a cierre de junio de 2021, cuando el endeudamiento fue de 364 millones.

Como se observa en el siguiente gráfico sobre los presupuestos asignados tanto a bibliotecas y archivos en los últimos años, el único año donde hubo una ligera subida fue en los PGE del año 2009. De ese año (2009) hasta los presupuestos aprobados para el año 2015 ha habido una caída libre del 60,11% menos para bibliotecas y del 61,57% menos para archivos. Vía: noalprestamodepago.org/2014/10/01/sin-palabras/

La subida media de los programas de sanidad, cultura y educación será del 5,86%, según los Presupuestos a los que ha tenido acceso eldiario.es

La Iglesia no se toca. El Estado entregará en 2016, cada mes, 13,2 millones de euros, 159,194 millones de euros anuales. En las cuentas de 2007 el Gobierno fijó que, desde el 1 de enero de ese año y "con carácter indefinido" y en desarrollo del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos (que data de 1979), el Estado destinaría al sostenimiento de la Iglesia Católica el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF de los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido.

Ambas competencias se encuentran recogidas en el Estatuto de Gernika y que está pendiente su transferencia. La transferencia de prisiones no supone ningún problema para el Partido Popular al tratarse de una competencia de la que ya hacen uso comunidades como la catalana. Respecto a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, existen mayores reticencias entre los populares aunque los jeltzales son optimistas en este sentido.