El Gobierno toma las riendas tras la polémica decisión del Supremo.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se apresuró a anunciar "un paquete de medidas", sin especificar más, para compensar a los afectados que esperaran recuperar dinero del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Las dará a conocer en 24 horas. El Gobierno andaluz aguarda a las medidas que anunciará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reunió de urgencia a su gabinete y comparece este mismo miércoles.

Algunas entidades ya han manifestado abiertamente que elevarán el precio de las hipotecas, aunque señalan que siempre dependerá de las dinámicas comerciales, ya que la competencia en el sector financiero es elevada. José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, señaló hace unos días que “a futuro, si se falla que el sujeto pasivo del impuesto sean los bancos, se acatará la ley, pero se encarecerá el coste de las hipotecas para los bancos”. En este sentido advierte: “Tendremos un mayor coste para dar hipotecas y las dinámicas comercial

Rivera ha afirmado que “resulta paradójico que haya quienes critican a la Justicia pero luego se reparten los jueces”, y ha apuntado que lo sucedido “es una buena oportunidad” para cambiar el método de elección de los miembros del Poder Judicial, como propone la ley de Cs. “Si queremos independencia del Poder Judicial hay que romper el cordón umbilical con los políticos.”

El origen de toda esta controversia se halla en una pésima redacción del artículo 29 del Real decreto Legislativo 1/1993. Inútiles (en la regulación del AJD), hipócritas (en la valoración de la resolución del Supremo) y manipuladores (en las soluciones prometidas tras la sentencia).Esas han sido las tres características que han definido al grueso de nuestros políticos durante todo el sainete del 'impuesto a las hipotecas'. Si de verdad les queda algo de decencia, supriman el impuesto e indemnicen a los hipotecados

La decisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que ha consternado a la sociedad, los jueces y hasta a la clase política se ha desarrollado casi como un guion cinematográfico con personajes clave en la trama. Muchos de ellos, desconocidos para la mayoría de los ciudadanos, jugaron un papel fundamental en esta historia que se ha ido desvelando en entregas hasta llegar al polémico desenlace final. Estas son las caras protagonistas de lo sucedido en el alto tribunal en los últimos días:

En plena precampaña electoral, la presidenta de Andalucía fue la primera en salir a anunciar a los andaluces un "paquete de medidas" para paliar la rectificación del Tribunal Supremo, que falló a favor de que el impuesto de actos jurídicos documentados lo paguen los ciudadanos y no la banca, como dictaminó 15 días atrás. Lo hizo antes de que Pedro Sánchez anunciara una reforma vía decreto-ley exprés.

Bankia, Banco Santander, economistas, expertos en el mercado hipotecario y asociaciones de consumidores desmienten la afirmación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados será repercutido en el cliente y el precio de las hipotecas. Tras el anuncio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al Gobierno le puede salir el tiro por la culata en la reforma de la ley del impuesto a las hipotecas (Actos Jurídicos Documentados, AJD), anunciada ayer, para imponer al banco el pago del tributo. Por un lado, el cliente no se va a ahorrar nada porque los bancos trasladarán el coste al tipo de interés o a las comisiones, por mucho que Pedro Sánchez les pida que no lo hagan. Y por otro, va a perder las grandes ventajas del sistema actual, en especial la exención cuando el comprador se subrogaba a la hipoteca del promotor.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estiman que 458.000 nuevos hipotecados se ahorrarán cada año más de 1.100 millones de euros, a una media de 2.500 euros de AJD por hipoteca, después de que Pedro Sánchez haya anunciado que se aprobará un decreto ley para que sean los bancos los que asuman el impuesto. De esta manera, ven positivo que el Gobierno haya aclarado la norma, en el sentido apuntado por las sentencias cuestionadas por el Supremo.

Deberíamos llamar a los diputados y senadores los legisladores para que recuerden y recordemos que ellos elaboran las leyes con las que los jueces dictan sus sentencias.

Pagar el IAJD supondrá a las entidades un coste extra de 93 millones de euros mensuales, pero solo tendrán que subir el TIN un 0,11% para cubrirlo.

El funcionamiento anormal de la administración de Justicia es un supuesto previsto a efectos indemnizatorios en la Constitución. En su título VI, dedicado al poder judicial, la carta magna española contiene un precepto que dice: “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley”.

El ejecutivo interviene el mercado hipotecario para calmar la "alarma social" y la "inseguridad jurídica" que había generado la decisión del Supremo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el real decreto para asegurar que sean los bancos los que asuman el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. Pero siempre "con todo respeto a la autoridad judicial", ya que el Gobierno ha cumplido con su deber dentro de su capacidad ejecutiva con este decreto, que entra en vigor este viernes tras su publicación en el BOE. Por tanto, los bancos asumirán desde el lunes el pago de ese impuesto.

Para no entender la magnitud del daño hay que vivir en Marte, o en una realidad paralela donde la posición de privilegio y poder que supone ser juez se confunde con la impunidad..Imagínense que un presidente de sala del Tribunal Supremo encarga a una de sus secciones que fije doctrina en un controvertido asunto tributario. Lo hace porque los magistrados miembros de la misma resultan ser los más reconocidos expertos judiciales en esa específica rama del derecho. Imaginen que ese tribunal no solo sienta esa doctrina por una amplísima mayoría sino

La banca española tiene un as bajo la manga para defenderse de la avalancha de recursos que va a recibir por la sentencia del Supremo de las hipotecas. Las patronales del sector -AEB de la banca y Ceca de las cajas- pidieron un informe a Cuatrecasas con el que cubrirse de potenciales reclamaciones, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.

Cada vez que hay tormenta en la bolsa se suceden muchos perdedores y unos pocos ganadores. El caos desatado por el Tribunal Supremo en el mercado hipotecario no ha sido una excepción. Entre las fuertes caídas en bolsa primero y la lenta recuperación de las cotizaciones después hay un claro vencedor, el ‘hedge fund’ norteamericano Citadel. Este famoso fondo de cobertura, habitual tanto en el capital como entre las posiciones cortas de las cotizadas españolas, se lanzó en una apuesta contra Bankia a principios de octubre.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes el decreto ley por el cual la banca tendrá que pagar el impuesto de las hipotecas. La nueva norma entra en vigor mañana sábado, según se recoge en el decreto ley, que consta de un único artículo con dos apartados, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. La gran novedad con respecto a lo anunciado en el Consejo de Ministros es que el Gobierno ha cambiado otro artículo de la ley de modo que la banca no tenga que pagar el impuesto de las hipotecas (el Impuesto de actos jurí

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado este viernes el decreto ley aprobado por su Gobierno para que a partir del sábado sea la banca y no el cliente quien pague el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, vinculado a la contratación de una hipoteca, en la necesidad de redistribuir de manera más justa la riqueza para no alimentar los populismos.

La crisis desatada por los vaivenes del Tribunal Supremo en el criterio sobre quién debe pagar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de una hipoteca refleja, a ojos de Rafael Catalá, el "funcionamiento normal de la justicia". El exministro considera que la diferencia de opiniones forma parte de la normalidad del sistema judicial, defiende la gestión del presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, y descarta su dimisión y la del de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo.