Según declaración de J.A. González Baro, que compareció como imputado ante la juez Mercedes Alaya el pasado 18 de diciembre tras ser detenido en la segunda fase de la operación Madeja, su empresa asumió como algo natural el pago de las mordidas que le sugerían con más o menos descaro funcionarios con poder de decisión y partidos políticos, como IU. Su padre y verdadero dueño de la empresa, Rafael González Palomo, ya confesó ante la juez que entregó un sobre con 30.000 euros que -según le dijeron- era para el PSOE.