La Unidad Central Operativa (UCO) estima en al menos 845.226 euros el supuesto fraude de los cursos de formación cometido por el sindicato UGT entre 2010 y 2014, concentrándose el grueso del montante presuntamente utilizado de forma ilícita en los primeros años de la investigación. De hecho, el dinero supuestamente defraudado en 2012 (103.847 euros) y 2013(19.204 euros) no podría considerarse fraude de subvenciones ya que no supera el límite de 120.000 euros por ejercicio establecido en el Código Penal para ser considerado delito.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido a la Junta de Andalucía la entrega de todos los correos electrónicos enviados por el personal -funcionarios y altos cargos- que participó en la licitación de la mina de Aznalcóllar, adjudicada en febrero de 2015 al consorcio Minorbis-Grupo México e investigada por un juzgado de Sevilla por posible amaño.

El informe de la UCO sobre el supuesto desvío de fondos públicos para el pago de actos electorales del PP incluye varios correos electrónicos, apuntes contables y un documento mercantil sobre el celebrado el 25 de mayo de 2007 en el Palacio de los Deportes de Madrid con la participación del hoy presidente del Gobierno. Los mensajes implican a altos cargos de la formación.

Agentes de la UCO de la Guardia Civil se han personado este martes en la sede de Turismo Valencia, en la capital valenciana, para pedir contratos y documentación relacionada con la empresa Laterne, en un rastreo del presunto blanqueo del grupo municipal del PP en el consistorio, en la etapa de la exalcaldesa Rita Barberá, dentro de una pieza declarada secreta en la operación Taula, derivada del caso Imelsa.

La Guardia Civil pide contratos y documentación sobre la empresa Laterne en el organismo municipal. Los agentes tratan de averiguar si existió una presunta financiación irregular del PP de Valencia en la campaña de 2007. La investigación se enmarca en una pieza secreta abierta recientemente dentro del 'caso Taula'.

Rechaza reabrir la causa, lamenta el "daño" causado a los investigados y recuerda que "los jueces no trabajamos con papel sino con personas". Considera que se han abierto casos penales por errores administrativos cuando esto no es lo habitual y acusa a Alaya de usar los datos de la UCO para inventar teorías conspiranioicas.

El juez Eloy Velasco ha solicitado remitir documentación de la Fundación pública Madrid+D a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), para que investigue sus vínculos con la trama Púnica.. el juez reclamaba a Madrid+D información sobre sus contratos con la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) en la etapa de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid y Lucía Figar como consejera de Educación.Madrid+D es una entidad de titularidad pública dedicada a la investigación científica, que depende de..

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre durante su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012), el plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007, en una pieza separada del caso Púnica. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en la mañana de este martes en la sede de la Consejería de Sanidad para requerir documentación por orden del instructor.

La UCO ha acreditado que las empresas hicieron llegar vía bancaria a Laterner Product Council, empresa que llevó la campaña de Rita Barberá, y al resto de empresas del entramado societario vinculado a LPC más de dos millones de euros que casan con los apuntes contables de la campaña que tenía LPC.

La Guardia Civil ha detenido al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presunta corrupción.

Dentro de la operación policial iniciada esta mañana también se está realizando un registro en un piso de Valencia. La UCO está buscando pruebas de la vinculación de la empresa de subastas Segre, con la que presuntamente está vinculada la mujer de Ignacio González, con la trama corrupta que ha gestionado el canal Isabel II en Madrid.

Señala Natalia de Andrés que "la detención de Ignacio González no hace más que seguir añadiendo cada vez más sombras a la opaca gestión del PP en Madrid"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González blanqueó dinero utilizando a su nonagenario padre, Pablo González Liberal, que se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, ya que precisa de una botella de oxígeno por problemas respiratorios, han informado fuentes de la investigación. Pablo González Liberal atesora una extensa trayectoria política primero en Alianza Popular y luego en el Partido Popular, donde llegó a ser secretario...

Los registros se comenzaron este jueves, en concreto, en las sedes de Arranz Acinas, en Burgos capital y en domicilios de la familia propietaria. Por el momento no han trascendido más datos sobre la investigación. Toda la información sobre la operación Lezo.

La negativa reacción de los inversores a los registros judiciales de las sedes de las empresas cotizadas se plasma en fuertes castigos que han supuesto descensos significativos en las capitalizaciones de compañías como Santander, OHL e Indra.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato denuncia que la causa que le investiga desde 2015 por presunta evasión fiscal y blanqueo de capitales ha quedado en manos de la Oficina Antifraude, la ONIF, y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, después de que el juez haya dejado la instrucción "sin control".De este modo ha respondido Rato al atestado de la UCO en el que los agentes de la Guardia Civil señalaban que varias empresas privatizadas en los años en los que fue ministro (1996-2004) pagaron por campañas de publicidad

Todo lo que hacía Ignacio González en el despacho de abogados en el que trabajaba era escuchado y analizado por orden judicial ante los continuos chivatazos de distintas personas. El micrófono se colocó de madrugada después de que agentes especializados de la Guardia Civil abrieran la puerta del bufete de abogados con una ganzúa tras asegurarse que ni había ningún trabajador en su interior. Dicho micrófono ha aportado "importantes novedades" a la investigación relacionada con la operación Lezo,

"La Guardia Civil es ya la única institución del Estado en la que se puede confiar". Me lo dijo hace unos meses el líder regional de Podemos, Oscar Urralburu, y me quedé tan estupefacto como si hubiera escuchado a un gitano de los tiempos de mi juventud. Los gitanos y la izquierda nunca han sido partidarios de los tricornios, pero el mundo cambia casi sin que nos demos cuenta. Los últimos acontecimientos corroboran la impresión del podemita.

La Audiencia Nacional busca en Andorra el dinero del Canal y el posible patrimonio oculto de varios de sus directivos. Y para ello, sigue la pista a cinco empresas distintas y seis personas físicas.

Es el eslabón más mediático de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España. Una sigla recurrente a diario en la información periodística: UCO. Pero no se conoce demasiado sobre lo que hay detrás de las letras. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es, entre otras cosas, la élite de la lucha anticorrupción en España y la sostienen unos 400 agentes especializados, encajonados en un moderno edificio en el modesto barrio del aeropuerto de Madrid entre la vía de servicio de la A-2 y las últimas terminales de carga de Barajas...

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba a Ignacio González casi desde un año antes de que el Gobierno de Cristina Cifuentes pusiera en conocimiento de la Fiscalía General del Estado las presuntas irregularidades en la compra de una compañía brasileña por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y ahora bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y de Anticorrupción. .