Está claro que son más importantes los vaivenes de las cuentas de Monedero que la manera fraudulenta en que estas han aparecido en público, filtradas desde las propias instituciones, una actuación delictiva que a estas alturas ya debería haber tenido consecuencias penales. No puede el ciudadano, llámese como se llame, quedar desprotegido de esa manera a merced de una política gubernamental más ocupada en detentar el poder al precio que sea que en la lucha contra la pobreza creciente y en la consecución de una elemental justicia social.
