En total hay 1400 soldados que ayudan a controlar la pandemia. Hacen tests en los aeropuertos, preparan y almacenan el material sanitario y ayudan a los ministerios de sanidad desbordados. Ahí ayudan por ejemplo como rastreadores.

Los 44 rastreadores de la provincia de Zamora tratan de poner coto al COVID con la dificultad de las reacciones individuales.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ofrecido de nuevo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su ayuda para combatir el covid-19. En concreto, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que su departamento mande a la región más rastreadores militares. Y es que, cree que los 150 que solicitó en su día el Ejecutivo autonómico “son insuficientes”.

Los gobiernos regionales, que este lunes deben asumen la responsabilidad sobre el toque de queda y los confinamientos en sus territorios en pleno repunte de la segunda ola de la pandemia, solo han movilizado a 1.783 de los 5.000 soldados que Defensa pone a su disposición.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reveló que hay 700 personas que hacen seguimiento de forma directa como rastreadores que hacen seguimiento de forma directa como rastreadores. Una cifra que dista mucho de los 6000 que había anunciado hace un mes.

... y rastreadores. La diputada ha destacado la importancia de por qué se piden estos test y "cuál es el origen". "Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una asistencia sanitaria, ¿nos van a garantizar que haya un circuito limpio?". El parche" no tiene que venir de ampliar los sitios donde se hagan los test sino que se "hagan bien los test y los rastreos". "El problema no es dónde se lo hacen, sino a quién se lo hacen y cómo haces esa cadena de seguimiento"

En la ciudad de Adelaida, Australia, se registró un brote de Covid-19 hace más de una semana y las autoridades australianas informaron este lunes que el ciudadano español que mintió a los rastreadores de los contactos de los casos positivos de Covid-19, no es el único sospechoso de ocultar información y está cooperando con las investigaciones policiales.

Telefónica e Indra suman un total de 3 millones de euros en cuatro contratos para dar seguimiento y rastreo telefónico de casos de Covid-19 en la Comunidad de Madrid. En tres ocasiones, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha ampliado un primer contrato que había sido adjudicado el 29 de mayo a la ‘UTE Indra BPO-Indra-Telefónica' -por la vía de emergencia y sin publicidad- para realizar el seguimiento de contactos y el estudio de seroprevalencia en la comunidad.

El sistema de rastreo investiga un brote familiar con cuatro positivos en total

En momentos en que la pandemia vuelve a poner contra las cuerdas al sistema sanitario, una buena parte de España no logra trazar más del 50% de sus casos. Según el último informe de seguimiento de Sanidad, comunidades como Madrid, el País Vasco o Cataluña rastrean menos del 30%, mientras que Andalucía o Valencia solo llegan al 50% y solo regiones como Galicia o Cantabria alcanzan el rango de 80%. A falta de datos oficiales sobre el número de rastreadores, esas cifras apuntan a capacidades limitadas, para las que además no hubo criterios preciso

Hay tres constantes en la acción de los gobiernos de las naciones desarrolladas: aumento del esfuerzo para secuenciar las muestras positivas y tener datos de la propagación de las variantes, aplicación de medidas más estrictas y esfuerzo para mejorar en la velocidad de la vacunación.

Un día cualquiera de la víspera de la pasada Navidad: la tercera ola de la Covid va ‘in crescendo’ en España mientras las noticias que llegan de Reino Unido son cada vez más preocupantes porque la nueva cepa británica ha disparado los contagios. Pese a ello, no hay restricciones en los aeródromos españoles para los compatriotas que residen en tierras inglesas y regresan a pasar las fiestas junto a sus familias. Tan solo deben presentar una PCR negativa para coger un vuelo.

El Principado salvó una situación muy complicada entre noviembre y enero, cuando los rastreadores tuvieron una labor frenética. Han sido la joya de la corona del plan de Barbón

Un año después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase que la COVID-19 se había convertido en una pandemia y cuando Galicia se encuentra sumida en el proceso de vacunación que debería ir frenando los contagios en los próximos meses, la Xunta ha dado inicio al proceso para contratar el servicio telefónico de rastreo y seguimiento de contactos de los positivos por coronavirus. Destinará 14 millones de euros para un año y el contrato se podrá prorrogar otros doce meses.

El concurso que acaba de convocar la Xunta para contratar por primera vez un sistema estable de rastreo de casos de COVID-19, por un costo estimado de 13,8 millones de euros al año, permite poner cifras oficiales a las condiciones de precariedad laboral en el dispositivo hasta ahora externalizado por procedimientos de emergencia.

El equipo de rastreadores de Navarra ha criticado este lunes que a partir del 1 de mayo la mayoría de estos trabajadores, un 80-90 por ciento aproximadamente, serán reemplazados «en bloque» por un equipo más reducido y, «lo que es más grave, sin experiencia en la materia».

Primero fue Apple en España y Alemania. Ahora ha llegado el turno de Google. Noyb, una asociación de activistas europeos en defensa de la privacidad, ha anunciado que ha interpuesto una denuncia contra Google ante la agencia francesa de protección de datos. La denuncia se ampara en una vulneración que la multinacional tecnológica habría cometido sobre el Reglamento de Privacidad Electrónica (ePrivacy) en el Viejo Continente. Por esa razón, al no tratarse de una vulneración del RGPD, la autoridad francesa podrá estimar o no esta denuncia.

La mitad de las personas a las que les detectan una infección de covid no saben dónde se han contagiado o, por lo menos, así se lo transmiten a la Conselleria de Sanidad. Es uno de los indicadores que ofrece el ministerio en su conocido semáforo y que alerta de que la Comunitat Valenciana ha perdido la trazabilidad, esa línea a partir de llamadas en Atención Primaria que dibuja los diferentes contactos y que permite anticipar futuras infecciones.

Empresas que priorizan la privacidad piden a los legisladores que prohíban la publicidad basada en vigilancia y protejan la privacidad de las personas. El 23 de junio, una amplia coalición de organizaciones de derechos del consumidor, grupos de derechos civiles, ONG, así como académicos, investigadores, expertos en privacidad y entusiastas, todos individuos preocupados, pidieron a los reguladores que detuvieran las prácticas invasivas y hostiles a la privacidad relacionadas con la vigilancia. masto.nogafam.es/@admin/106538731898931144

El Principado recibe 13 millones de Sanidad para invertir en equipos de alta tecnología

La patronal niega ser la principal causa de contagios y atribuye el repunte de los casos a los botellones y las reuniones en domicilios particulares

ntersindicat Salut-iv ha presentado por registro un documento oficial dirigido a la Directora General de Salud Pública de Valencia en el que solicita la reincorporación « con carácter inmediato» de los rastreadores Covid. Parte de los técnicos en Documentación Sanitaria que prestaban servicios en el Centro de Salud Pública de Valencia no obtuvieron la renovación de su contrato durante el pasado 31 de mayo. Concretamente 48 personas, según cifras del sindicato. Esto sucedía en un contexto donde la incidencia de casos acumulados descendía