Cinco exaltos cargos de la Junta de Andalucía imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares se han acogido este lunes a su derecho constitucionala no declarar ante la juez Mercedes Alaya, tras lo cual ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han solicitado nuevas medidas cautelares para los imputados.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto fianzas de responsabilidad civil por valor de 40.317.001,21 euros a 24 imputados en la causa entre exaltos cargos de la Junta y miembros del consejo rector de IDEA, siendo la más alta la fianza de 10,7 millones fijada para el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y destacando también las fianzas civiles de 4.070.633 y 482.790 euros fijadas para el exconsejero de Innovación Martín Soler y el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Según el último informe de la Cámara de Cuentas sobre las cuentas andaluzas de 2012, la Junta de Andalucía tiene 2.471 millones de euros sin justificar. Varios cientos de estos millones están sin justificar desde 1987, primer año fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por lo que podría haber otros millones sin justificar más desde 1982. Muchos de estos millones se pueden dar ya por perdidos. La Cámara de Cuentas evidencia que la Junta no sabe si el dinero se utilizó bien o mal y no pone medios para saberlo.

Las cifras de la población de oso pardo en la Cordillera Cantábrica y, más concretamente, las de las hembras reproductoras con crías están hinchadas. La diferencia entre los censos publicados y la realidad existente sobre el terreno es abismal. Hasta tal punto que el núcleo oriental, repartido entre Cantabria y Castilla y León, "está al borde de la extinción". El problema es que las administraciones y algunos colectivos ecologistas mantienen su mensaje optimista y engordan las estadísticas, con una tendencia constante a la exageración, para rec

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y Ustea han convocado movilizaciones contra el retraso en la resolución de los procesos selectivos de la Junta de Andalucía. Son ya seis años desde que se echaron las solicitudes para acceder a fijo a personal laboral, y aún está pendiente de resolver el grupo más numeroso: el grupo V. Así como la categoría de conductor de grupo IV. La propia Junta ha ido anunciando plazos de resolución que ha ido incumpliendo sistemáticamente. La paciencia entre el personal ha tocado a su fin y por ello se iniciará esta acción.

La Consejería de Presidencia deja definitivamente fuera del reparto de ayudas económicas a la entidad leonesa en la capital tras la polémica surgida en marzo. Es la única que se rechaza por no inscribirse en el "Registro de Entidades Castellano-Leonesas"

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández se ha acogido este miércoles a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, aunque su defensa ha presentado un escrito en el que pide una remoción de la nueva imputación y niega haber dado instrucciones al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en relación con las ayudas a Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén.

El presidente del Gobierno estaría preocupado por la deriva 'podemista' y ya habría iniciado más reuniones y acercamiento con el líder de la oposición, Pedro Sánchez para hacer frente común y evitar así la sangría de votos en el PSOE.

Antonio Román, alcalde de Guadalajara, tendrá que comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital alcarreña por un delito de desobediencia a la Junta Electoral en periodo de elecciones, concretamente en las pasadas elecciones europeas de mayo. Se le acusa de usar el Ayuntamiento para hacer publicidad de su partido, el Partido Popular, y de no retirarla a pesar de ser apercibido hasta tres veces por la Junta Electoral, que en el último aviso ya dio parte a las autoridades para que investigaran el caso.

Durante más de cinco horas, un funcionario de la Consejería de Empleo en Sevilla ha declarado como testigo ante la juez Mercedes Alaya dando cuenta de las irregularidades y la falta de control que han reinado en los fondos destinados para la formación en Andalucía. Teodoro Montes, uno de los principales testigos en este fraude que instruye Alaya, ha narrado cómo su departamento fue desmantelado y privado de personal hasta el punto que él solo estuvo al frente de la supervisión de “miles” de cursos durante más de un año.

El pasado mes de julio, el SAS elaboró un protocolo de prevención para los profesionales de la sanidad. El miércoles los sindicatos de sanidad se volvieron a reunir para pedir que se ampliase el protocolo.

Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla que denunció las "graves" irregularidades existentes en la concesión de cursos de formación, aseguró en su declaración como testigo ante la juez Mercedes Alaya que le llegaron a "prohibir" realizar labores de inspección sobre los cursos.

Caso ERE: 71 millones de euros defraudados al 90% de la revisión de las ayudas sociolaborales. Caso UGT: 4,9 millones de euros con 21 expedientes revisados. Caso de los cursos de formación: 17 millones de euros en el 50% de las ayudas concedidas desde 2007 a 2011. Son las cantidades oficiales reclamadas por el Gobierno andaluz en las tres investigaciones internas abiertas en la administración autonómica después de que estos tres escándalos estallaran en los tribunales desde hace ya tres años. La investigación sigue abierta en las consejerías...

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha convocado este próximo jueves, a las 11, una vista en la que están citados la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, la empresa promotora de Marina Isla de Valdecañas y los propietarios de los chalés, así como las asociaciones Ecologistas en Acción y Adenex.

La Junta exige información de los soldados del ébola de EEUU que quieren hacer escala Defensa no ha trasladado ninguna información a la Junta sobre la petición de EEUU de que 3.000 soldados enviados a Sierra Leona paren en Andalucía

Premiada. Isabel Almendro Flores, hasta hace un mes jefa de servicio de Formación para el Empleo en Málaga, estrenó ayer un nuevo cargo en la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz que preside Susana Díaz, por mediación de su delegado Javier Carnero, le ha nombrado jefa de Patrimonio de la Consejería de Agricultura en Málaga.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha ordenado a la Guardia Civil que investigue una denuncia presentada por un particular por la existencia de nuevos 'intrusos' en distintos ERE, según una providencia dictada el pasada 14 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press.

La formación recibida duró alrededor de 20 minutos y fue impartida con Powerpoint y fotocopias por personal dependiente del ámbito de seguridad de riesgos laborales de la Junta de Andalucía, es decir, no por expertos en materia vírica, contagio de enfermedades letales o doctores y biólogos experimentados. Además, sostiene que el personal sanitario no ha contado en ningún momento con acceso a los materiales de contención de la enfermedad (trajes, guantes, botas, etc.) que se muestran en los gráficos.

El Sindicado Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Sevilla contra 42 altos cargos de la Junta de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de los funciones de los funcionarios y malversación de como mínimo 980 millones.

La juez ha requerido a la Junta que le entregue las actas de las reuniones celebradas desde 2001 al 18 de octubre de 2012 por los viceconsejeros, denominadas 'consejillos'. Hay que recordar que desde mayo de 2012, Díaz ocupaba el puesto de consejera de Presidencia, y por tanto era la encargada de coordinar las reuniones en las que participaron los viceconsejeros de todas las áreas.

La Junta de Andalucía ha sancionado con 120.000 euros a la Sareb. En aplicación de la 'Ley antidesahucios', que obliga a las entidades financieras a dar a la administración pública inventario de sus viviendas protegidas. La Sareb se expone también a otra multa de 11,7 millones de euros. En aplicación de la 'Ley antidesahucios', que obliga a las entidades financieras a dar a la administración pública inventario de sus viviendas protegidas. La Sareb se expone también a otra multa de 11,7 millones de euros.