María Asensio Morales, asesinada por defender el derecho al agua

Poco le importa a la guardia civil que sean mujeres y niños los que se oponen al paso de los camiones, y se emplean con contundencia para disolverla la concentración pacífica, golpean con sus porras con furia, disparan botes de humo y pelotas de goma.

Por Angelo Nero

Cuatro de marzo de 1981, en un humilde barrio de la localidad alicantina de Huércal-Overa, limítrofe con Murcia, los vecinos salen a las calles del pueblo en demanda del agua, tan necesaria para regar sus cultivos de cítricos, pilar de la economía local. Sus naranjos y limoneros están amenazados por la intención de la empresa Explotaciones Agrícolas Cuevas de Almanzora de extraer el agua de los pozos de la zona para sus explotaciones. El pueblo frente a los poderosos, los nadies frente al capital, una vez más, exigiendo lo que es suyo sin esgrimir otras armas que la razón y su sed de justicia que recorren con el viento todos los rincones de Overa.

Se reúne la asamblea en el cortijo de Maria Molina, y desde allí deciden que sean las mujeres y los niños los que vayan hacia la iglesia parroquial a continuar con las protestas. La comunidad regantes había acudido a los tribunales para constatar que, una vez más, la justicia se ponía de parte de los que tenían el dinero, poderoso caballero, y le daba la razón a la empresa que venía a robarles el agua.

Mari Carmen Parra narra así como comenzó la jornada de protesta: “»Nos pusimos de acuerdo cuando volvíamos a Overa, después de la reunión de San Antonio. Coincidimos en que lo mejor era que fuésemos las mujeres y los niños a interceptar la llegada de los camiones, con sólo nuestra presencia. Pensábamos que, si iban los hombres, la Guardia Civil les pegaría. A nosotras, no. Por eso nos levantamos a las seis de la mañana y nos fuimos hasta el camino. Al principio éramos pocas. El único Guardia Civil que apareció fue el capitán, montado en su coche particular, junto con el chófer. Descendió del vehículo y nos preguntó: ¿Ya están aquí?. Sí, ya estamos aquí, contestamos. Entonces, él volvió a subirse en el coche y se fue. Era noche oscura. Hacía frío. Algunas mujeres llevaban la toquilla encima de los hombros. Encendimos una lumbre y estuvimos bromeando. Esperamos. Algunos hombres se acercaron hasta donde estábamos nosotras”.

Unas ochenta mujeres bloquearon la carretera para impedir la entrada de los camiones que transportaban las tuberías para la extracción del líquido y preciado elemento, pero los camiones no vienen solos, vienen escoltados por la guardia civil, enviada por el gobernador civil de Almería, José María Bances Álvarez, para acabar con las protestas. Poco le importa a la guardia civil que sean mujeres y niños los que se oponen al paso de los camiones, y se emplean con contundencia para disolverla la concentración pacífica, golpean con sus porras con furia, disparan botes de humo y pelotas de goma. Según todos los testimonios de las participantes en la protesta, fue el impacto de una de esas pelotas de goma, disparada a corta distancia, la que fracturó el cráneo a María Asensio Morales, “le abrió la cabeza como una granada”, que contaba 32 años y tenía dos hijos pequeños.

Otra vez escuchamos el relato de Mari Carmen Parra: “»Vimos de lejos que venía el camión, custodiado por las fuerzas de la Guardia Civil. A pie. Avanzaba poco a poco. Empecé a gritar: ‘Que vienen, que vienen’. Una mujer voceó: Tos hombres quedaros atrás’. Recuerdo como si fuera ahora que ellas se pusieron cantar todas juntas: ‘Overa unida, jamás será vencida’. Lo cantaron sólo una vez. Cuando empezaban de nuevo, se quedaron a media frase. Un disparo, como una bengala, se levantó hacia el cielo. Después dispararon. Se escuchaban las voces de fuego, fuego… y adelante, adelante… Me había quedado en medio de las 80 mujeres. Estaba muy cerca de ella. Vestía pantalones y un jersey oscuro. La reconocí porque su cabello era rubio. De pronto, dio un brinco en el aire. Giró, como giran los protagonistas de las películas de vaqueros, cuando son alcanzados por una bala. Todo estaba lleno de humo de los gases. No se oía otra cosa que los disparos de las bolas de goma y los gritos de las mujeres. Pensé que se había desmayado, me arrodillé junto a ella, le tomé la cabeza y entonces me di cuenta de que tenía la cabeza abierta como una granada. Estaba desangrándose. Desde la margen del camino un Guardia Civil me apuntaba con el arma. Me dijo que la soltase. Quería llevármela. Empecé a gritar: Vámonos, que van a matamos a todos”.

La versión oficial, difundida por los medios afines al gobierno como La Voz de Almería, fue que María Asensio cayó al suelo y se golpeó accidentalmente con una piedra, durante la represión de la manifestación, mientras que el informe del centro sanitario donde ingresó atribuía sin duda alguna sus lesiones a un fuerte impacto recibido a escasos metros.

“Empezamos a correr y ellos privanzaron. El camión se puso en movimiento y continuó su camino. Poco a poco. Siguieron disparando, aun cuando estábamos ya en el interior del pueblo. A ella se la llevaron al Hospital de Huercal Overa. Después a Murcia. Falleció 19 días más tarde. Aquella mañana instalaron los tubos y pusieron en marcha la bomba. Durante todo el día la Guardia Civil estuvo recogiendo los casquillos de bala y las pelotas de goma del suelo. Aún ahora, de vez en cuando, entre los naranjales encontramos algunas de aquellas bolas. Todo pasó en menos de 10 minutos.”

La guardia civil se reafirmó en su versión según la cual la mujer falleció accidentalmente, al caerse al suelo y golpear la cabeza contra una pieza metálica, “posiblemente un arado”, según la nota firmada por el responsable de la Comandancia de Almería, el teniente coronel Carlos Castillo Quero. El teniente coronel Castillo Quero saltaría dos meses después a la actualidad como responsable de los asesinatos de los jóvenes Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas, tristemente protagonistas del Caso Almería.

La causa fue rápidamente archivada, pero el marido de la víctima, Baltasar Venancio Sánchez Alarcón, de 37 años, vendedor de frutas ambulante, presentó un recurso, reclamando el procesamiento del capitán de la guardia civil, Antonio Torrado Reyes, que mandaba a las fuerzas antidisturbios, y que finalmente fue citado el 16 de enero de 1984 por el juez de instrucción de Huércal-Overa, que también citó a otros seis guardias civiles que participaron en la represión de la concentración de las vecinas que defendían su derecho al agua.

También fue citado a declarar el abogado Darío Fernández Álvarez, que defendía los intereses de la empresa que pretendía apropiarse del agua de Overa, y que, curiosamente, meses después asumió la acusación particular en nombre de las familias de las víctimas del Caso Almería.

El informe forense señalaba: “Ni una bala produce lesiones tan intensas, como las aquí estudiadas, utilizando un léxico poco científico, pero expresivo, es como si le hubiera explotado una granada”, pese a lo que el fiscal pidió el sobreseimiento y archivo de la causa.

Fue otro de los crímenes que quedaron impunes en la Transición Sangrienta.

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