Gran parte del conocimiento y formación de personal cualificado se genera en nuestras universidades y centros de investigación públicos. Una forma de paliar el deterioro patente de la universidad pública sería implementar un “impuesto a la educación”, pagado por las empresas que usen personal o conocimiento en el que ha habido inversión pública previa.

Este tuit fue publicado por el matemático español Manuel de León, director y fundador del Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC y es un ejemplo de algo que no termina de funcionar en el sistema de revistas científicas. "El sistema está montado de manera que los científicos hacemos investigación (casi siempre subvencionados con fondos públicos). De ahí salen artículos, y los sometemos a las revistas. Si el artículo se acepta, se publica, y para disponer de él tu centro de investigación debe pagar la suscripción, o tú tienes que comprarlo".

A la ciencia, parece evidente, se le antoja irrelevante lo que sostenga la mayor parte de la opinión pública: los hechos son los hechos, y las opiniones valen poco al respecto: analizar los hechos requiere de complejos estudios o ensayos de laboratorio. Progresivamente, el mundo se está tornando un lugar tan complejo, técnico y lleno de información que la opinión pública empieza a ser un lastre. Es decir, que cada vez resultará más espinoso preguntarle algo a propósito de cualquier asunto a ella, a la opinión pública.

El ritmo de la producción científica se ha disparado en las últimas décadas. Algunos estudios recientes estiman que hoy existen unas 30 000 revistas que publican al año más de 2 millones y medio de artículos científicos, con un índice de crecimiento anual de un 5 %. La presión constante por publicar (el famoso “publica o muere”) fomentada por el exigente sistema de evaluación académico y la mayor competición entre el creciente número de grupos de investigación son algunas de las causas de esta sobreproducción de artículos y revistas.