La promulgación de la Constitución Española-1978 supone la creación de un auténtico "Poder Judicial", la abolición del sistema de designación, promoción y régimen disciplinario por parte del Poder Ejecutivo, y la instauración del régimen de autogobierno de la Magistratura. El Presidente, los Vocales y el Secretario General del CGPJ están sujetos al deber de efectuar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares (arts. 17 y 18 Ley 3/2015).

Hoy, 23 de julio, las asociaciones de personas usuarias de cannabis de la ciudad de Barcelona reciben un nuevo embate judicial que las aboca de nuevo a la inseguridad y al acceso a la sustancia mediante los mercados ilícitos y la criminalización, como ya sucedió cuando el Tribunal Constitucional suspendió la Ley 13/2017, del 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis.

Con la aparición de los Estados modernos, las parcelas del poder quedaron divididas al modo que conocemos. Por eso el fenómeno de la politización de la justicia no es nuevo en absoluto. En sus últimas tres etapas, la del Estado liberal, el de bienestar y la actual, se ha producido una enorme expansión administrativa que creó las bases para una corrupción de nuevo tipo que descansaba sobre el nombramiento de cargos, la gestión de gigantescos recursos, la concesión de contratos. Es un fenómeno antiguo pero de mayores dimensiones.

Un buen día Josef K se despertó con la desagradable sorpresa de que su dormitorio se había convertido en una sala judicial. La vuelta a la realidad, después del sueño, significaba vivir la vida como un inacabable proceso donde lo que menos importaba era substanciar si era culpable o inocente. Lo importante es que K sintiera que su vida no dependía de él porque estaba al albur del tribunal.

El aparato judicial se ha construido con los cimientos del franquismo y a partir de las condiciones impuestas por los vencedores de la guerra. A diferencia de Europa, en efecto, el fascismo no fue derrotado militarmente. Con el cambio de régimen no hubo prácticamente ninguna depuración de policías torturadores, jueces o fiscales franquistas. Se mantuvieron, apaciblemente, en sus puestos de trabajo sin que nadie les exigiera responsabilidades. Es más, lo peor fue que no solo se acordó la amnistía sino que se decretó el olvido. Con ello, no pocos

Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levin debaten sobre las anomalías democráticas españolas a raíz de que España haya sido degradada a "democracia defectuosa" en los ranking internacionales.

Gozamos los ciudadanos, desde 2019, aunque no nos lo haya dicho nadie, de un nuevo Derecho Fundamental, que es el del Acceso a la Información pública sin límites. Hablamos de la Directiva 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Excepcionalmente, la ley española no reconocía como un derecho fundamental el acceso a la información pública.

Recomendación de cursos realizada por ACRIPES Diplomado Superior en Investigación de Accidentes e incidentes aeronáuticos • Perito judicial en mecánica y estructura de aeronaves (acreditación profesional) • Apostil

Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», nos explica, en el capítulo nº 52 de «La lucha por el derecho», a colación de lo sucedido con el ministro del Interior Grande-Marlaska y el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, por qué sin una auténtica policía judicial, sólo dependiente de jueces y magistrados, es absolutamente imposible la independencia judicial.

El día 10 de enero de 1457 se administraba justicia en los tribunales de Savigny según los siguientes hechos: “El martes antes de Navidad, últimamente pasado, una cerda y sus seis lechones, al presente presos, fueron cogidos en flagrante delito de asesinato y homicidio en la persona de Juan Martín…” El juez dictó sentencia definitiva de este modo: “Decimos y pronunciamos que la cerda, por razón de asesinato y homicidio por ella cometido y perpetrado en la persona de Juan Martín, sea confiscada para ser castigada y condenada al último suplicio

El título suena un poco surrealista, casi absurdo, pero acudir a los tribunales reclamando una patente denegada o para solventar a quién corresponde es algo que aparece en la historia bastante a menudo, aunque no todos los casos alcancen la misma repercusión mediática. Por ejemplo, uno de los mas famosos fue la llamada Guerra de patentes librada contra el control monopolístico que Thomas Alva Edison había impuesto sobre la producción cinematográfica y hoy en día es bastante común este tipo de pleitos.

Para hacernos una idea de lo divertido que puede llegar a ser el sistema judicial norteamericano, sólo hemos de echar un vistazo a las demandas ganadoras de los Premios Stella a lo largo de sus 6 años de existencia.

Que un expresidente sea investigado podría parecer una señal de madurez democrática, pero procesarlo a través de un sistema de justicia viciado es contraproducente. En su intención de erradicar el correísmo, el movimiento caudillista que bajo la égida de Correa monopolizó todas las instituciones de Ecuador, el gobierno del presidente Lenín Moreno está perpetuando un mecanismo que limita la autonomía de la justicia y debilita las instituciones de una democracia que prometió “refrescar”.

con objeto de asegurar que no había nadie en la vivienda? . ¿CONLLEVARÍA LA NULIDAD DEL POSTERIOR REGISTRO QUE SÍ SE REALIZASE CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL?. Se pronuncia sobre esta cuestión la STS 272/2021, de 24 de marzo (ponente Julián Sánchez Melgar). En este caso los acusados fueron condenados como autores de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud a la pena de 4 años y 6 meses de prisión,...

Los poderes públicos han de tomar con cierta frecuencia decisiones en situaciones de incertidumbre científica o técnica. Estas situaciones se caracterizan por la falta de estimaciones seguras acerca del comportamiento de las variables relevantes, así como por la ausencia o la debilidad del conocimiento disponible sobre las relaciones de causalidad que se producen entre esas variables y las circunstancias que afectan directamente al interés general. En este tipo de situaciones de incertidumbre, las autoridades decisorias –el legislador,…

La historia de las guerras judiciales por el aborto en EE.UU se inicia formalmente en 1973, con la sentencia Roe v. Wade, en la que, por una mayoría de 7-2, el Tribunal Supremo decidió que la Constitución protegía (con matices) el derecho de una mujer a acogerse a un aborto. La cuestión del aborto, a principios de los 70, no dividía a los norteamericanos en base a su afiliación política. De los 7 jueces que votaron a favor de Roe v. Wade, 5 habían nombrados por Presidentes republicanos y 2 por demócratas.

Las mujeres representan ya el 53,2 % del total de magistrados y jueces en activo en España. Hasta 1966, la carrera judicial estuvo legalmente prohibida a las mujeres, como otras muchas cosas, como abrirse una cuenta en el banco sin el permiso del marido o tramitar un pasaporte. 52 años después, las mujeres representan ya el 53,2 % del total de magistrados y jueces en activo en España. La prohibición para acceder a la carrera judicial suponía “una protección de sus sentimientos ante determinadas actuaciones que el cumplimiento del deber haría

Según Wells , las falsas identificaciones son responsables de la mayoría de los errores judiciales. De 40 casos analizados por Wells, Small, Penrod, Malpass, Fulero y Brimacombe (1998) en los que las pruebas de ADN absolvieron a inocentes injustamente condenados, en el 90% de los casos uno o más testigos los había identificado erróneamente (algunos de ellos habían sido inicialmente condenados a muerte).

Este artículo de Manuel Sebastián Carrasco explora la efectividad del potencial P300 como prueba incriminatoria en procesos judiciales. En los últimos años parece que se acepta el resultado del análisis de este procedimiento como evidencia de culpabilidad o inocencia. Sin embargo, hay mucho más, dado que la prueba presenta multitud de limitaciones que cuestionan su validez en este contexto.

¿Necesita una abuela solicitarle a su hijo/a un régimen de visitas para ver a sus nietos, usando una vía judicial? ¿Debe poder la justicia restablecer un vínculo familiar, cuando los propios integrantes de ese grupo no lo pudieron hacer? ¿Corresponde que un juez o un asesor, determinen cuándo y cómo se encontrarán abuelos con nietos, cuando los padres no lo creen conveniente? ¿Qué tiene más valor: la palabra de los padres o la de los abuelos? En fin, todas estas preguntas me invaden cuando comienzo con una mediación cuya carátula dice…

Para terminar esta serie de artículos, vamos a hablar de la demanda ante la jurisdiccion social, es decir el documento que presentarías ante los juzgados de lo social en el caso que quisieras pedirle algo a la empresa "por las malas"; siempre hablando de demandas habituales de un trabajador contra la empresa en la que trabaja.

Una reflexión sobre el significado de esa frase. A veces oímos a algunos esgrimir esa frase para ir más allá. Se señala que, puesto que los jueces no han sido elegidos directamente por la ciudadanía, el Poder Judicial carece de una legitimidad democrática equiparable a la del Legislativo y debería, por tanto, quedar subordinado a este. Yo no estoy de acuerdo con esa inferencia y creo que quienes la extraen parten de un error de concepto: el de confundir a la mayoría del pueblo (y sus derechos) con la totalidad del pueblo (y los suyos).

El Tesoro de Guelph, con crucifijos y restos óseos traídos de las cruzadas, fue vendido por marchantes hebreos a Prusia en plena campaña hitleriana contra los judíos.