Según la propuesta actual, los gobiernos nacionales que no quieran que se cultive un transgénico en su territorio estarían obligados a solicitar a las empresas agrobiotecnológicas como Monsanto y Syngenta que excluyan a su país de la solicitud. Es imprescindible alcanzar otro planteamiento donde un Estado no tenga que verse obligado a solicitar el consentimiento de la empresa a prohibir el cultivo de transgénicos. A su vez limita la importancia de un escrutinio riguroso de los riesgos ambientales y para la salud