El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este martes por unanimidad la impugnación de la iniciativa legislativa popular (ILP) que se debate en el Parlamento catalán y que pide declarar la independencia de Cataluña. Al haber sido recurrida por el Gobierno, el órgano de garantías ha procedido a la suspensión de la iniciativa. La providencia de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo da por suspendida la iniciativa legislativa popular desde el 27 de marzo, cuando la impugnó el Ejecutivo, y da un plazo de 20 días al Parlament para que aporte "cuantos documentos y alegaciones considere convenientes".
El Constitucional acuerda, por tanto, publicar "la incoación de la impugnación" en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Explica además que la suspensión de la iniciativa se produce porque así queda establecido en el artículo 161.2 de la Constitución -"la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida"- y en el 77 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Según detallan ambas normas, la sola admisión a trámite del recurso del Gobierno implica la suspensión de la iniciativa, "hasta que el Tribunal Constitucional resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses".
la ILP recurrida y suspendida cautelarmente se registró el pasado 2 de febrero por Solidaritat Catalana per la Independencia y fue admitida a trámite el pasado 20 de febrero con el voto favorable de Junts y la CUP. ERC se abstuvo y el PSC votó en contra. Los socialistas catalanes, de hecho, ya recurrieron la norma el 21 de marzo. Pero el Ejecutivo lo hizo por su cuenta el 26 de marzo por ser la única manera de paralizar la tramitación de la ILP "de manera inmediata".
Así lo dijo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se encargó de anunciar en rueda de prensa desde La Moncloa el recurso ante el Tribunal Constitucional. Aquel martes, Bolaños defendió la impugnación ante los periodistas poniendo de relieve su "coherencia" con la línea de acción del Gobierno. La decisión del Ejecutivo, explicó el ministro, "protege la Constitución, las instituciones de Cataluña, el diálogo, los acuerdos y que seamos capaces de entendernos". "No creemos en ninguna política aislacionista de Cataluña, lo que queremos es que sea el motor tanto de España como de Europa", zanjó Bolaños tras el Consejo de Ministros.
Dos semanas después, la discusión entre el Gobierno y el independentismo catalán sigue en el mismo capítulo. A medida que se acercan las elecciones catalanas previstas para el 12 de mayo, lo socios del Ejecutivo suben los decibelios cuando se trata de abanderar su principal reivindicación: el referéndum de independencia. La misma semana en que Bolaños anunció la impugnación de esta iniciativa legislativa, la secretaria general de ERC aseguró que su formación estaba negociando un referéndum con el Gobierno de Sánchez.
Este mismo lunes, en una Comisión del Senado que le ofreció un gran protagonismo, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, se mostró convencido de que Sánchez cederá a sus exigencias. "Si hoy estamos aquí es porque la amnistía dejó de ser imposible de la noche a la mañana", sentenció Aragonès desde la tribuna, e indicó que lo próximo sería el referéndum.
Mientras tanto, la respuesta del PSOE se mantiene inmutable. El referéndum "no está" en su agenda "ni lo va a estar", lo que a su juicio no es incompatible con permitir que sus socios independentistas mantengan sus posiciones "maximalistas".
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