El juez que abrió diligencias contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, Juan Carlos Peinado, no está exento de polémica. Su trayectoria al frente de la Justicia no parece precisamente impoluta ni parcial. Buena prueba de ello es que archivó una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, por subvenciones sin respaldo presupuestario ni fiscalización previa que ha sido acusado de prevaricación por una “íntima amistad”.

Pero las dudas respecto de la labor jurídica de Peinado vienen de lejos. De hecho, este segundo caso, el de esa presunta “prevaricación” impulsado por un posible trato de favor, data de 2003 y aparece en el diario de sesiones del Senado del 24 de noviembre de ese año al que ha tenido acceso ElPlural.com.

En aquella jornada fue un tercer actor, el abogado Juan Silván García, con despacho abierto en Talavera de la Reina, quien compareció a petición propia ante la Comisión de Peticiones del Senado, presidida por Demetrio Madrid López. En su intervención acusó al juez que investiga a Begoña Gómez de mantener una “predisposición judicial contra su persona que le podría haber inhabilitado para ser imparcial por el conocimiento de todos los procedimientos”.

Relación de "amistad"

La razón es su relación personal con su compañero titular del juzgado nº 4 que, a su vez, mantenía una “amistad intima” con la ex esposa del abogado Silván. Finalmente solicitó a la Comisión, entre otras cosas, “hacer una investigación, sobre todo lo actuado judicialmente por el titular del juzgado número 3 de Talavera de Reina, don Juan Carlos Peinado García, amigo personal y compañero del señor Vázquez Rodríguez, por presunta trama contra mi persona, que le hubiera podido llevar a cometer algún tipo de prevaricación”.

Tal y como se puede apreciar en el texto que aporta a continuación este periódico, Silván pone sobre la mesa un caso de “abuso” y “corrupción extrema”, que el denunciante, asegura, respalda elevando la documentación pertinente a la comisión, dado que las cosas solo iban “empeorando”. Y en esas lamenta la actitud de estos dos jueces.

El abogado afea “problemas graves de indefensión e inmoralidad, por un malentendido corporativismo en la Administración de Justicia, y por una presunta prevaricación, en el sentido de que la Justicia pudiera estar dando más que alas a una presunta delincuencia por basarse en cuestiones y hechos delictivos para condenar a un ciudadano que lo único que hizo en su día fue considerar que una determinada conducta de un señor juez de Talavera de la Reina no le parecía razonable”.

Aunque el asunto “es largo”, la persona denunciante lamenta un presunto trato de favor por parte del juez que investiga a la mujer de Sánchez, amigo a su vez, como se ha explicado, de la persona principal que lleva el caso que el abogado denunció entonces y dentro del cual se encuentra lo relativo a la custodia de su hijo, entonces de ocho años: “Se fragua una amistad entre la que fue mi mujer y determinados jueces a base de tomar café en las cafeterías, etc. Uno de los jueces del juzgado número cuatro se abstiene por mantener una íntima amistad con ella. Hasta ahí no pasa nada, cada uno es libre de tomar las decisiones que crea correctas, pero hay otro señor, con quien mi mujer se ve todos los días tomando café, que nos juzga. Y esta es la persona con cuyas actuaciones yo no estoy conforme porque existe un enfrentamiento conmigo y una amistad con ella que no quiere reconocer (…) La persona a la que me estoy refiriendo se llama don Juan Carlos Peinado García, amigo personal y compañero del titular del juzgado número 4, a quienes se veía pasar juntos por Talavera en horas laborales y que tenían juntos también sus despachos. Se puede consultar centenares de veces en las que se han visitado mutuamente en sus despachos. Por todo ello podemos decir que el señor Peinado García perfectamente podría tener una predisposición en contra de mi persona, lo que le podría haber inhabilitado contra mi persona, lo que le podría haber inhabilitado para ser imparcial por el conocimiento de todos los procedimientos relacionados conmigo que dicho juez ha llevado”.

El denunciante pide una “modificación de medidas” respecto de la custodia del menor dado que, asegura, las pruebas presentadas por una y otra parte -él y su mujer- han sido admitidas o no, según el denunciante, por una mera cuestión de confianza. “Señor presidente, quiero que ustedes controlen este juicio, porque a mí me da hasta miedo ir al fiscal general, ya que el juez del número 3, mientras me ha negado a mí unas pruebas totalmente legales, ha admitido otras, hace una semana, que han nacido de hechos delictivos, como es el secuestro de un hijo menor, aportando unas pruebas psicológicas hechas mientras se estaban cometiendo presuntos actos delictivos, y un juez así lo ha dicho: que hay indicios suficientes como para que se procese a esta señora. Mientras otro juez niega unas pruebas totalmente legales, admitiendo éstas”, apostilla.

Entre los puntos que pone sobre sede parlamentaria destacan que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le da la razón “en todas y cada una de las quejas”, así como las multas económicas -de hasta 70.000 pesetas- que recibe por poner pie en pared contra unos hechos que él considera denunciables.

Por otro lado, pide exhaustivamente “hacer una investigación sobre todo lo actuado por don Juan Carlos Peinado García, amigo personal y compañero del señor Vázquez Rodríguez, por presunta trama contra mi persona, que le hubiera podido llevar a cometer algún tipo de prevaricación”.

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