Las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo denuncian que el acoso hacia las mujeres que acuden a ellas no ha cesado cuando se cumplen poco más de dos años de la aprobación de la ley que penaliza estas actuaciones, aunque esta sí ha traído "mayor sensibilidad" entre las fuerzas policiales.

Así lo ha señalado el asesor jurídico de las Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), José Antonio Bosch, quien asegura que hay centros como la clínica Dator en Madrid y otros en ciudades como Albacete, Sevilla o Málaga, en los que la presencia de grupos antiabortistas es "permanente".

Este martes, el Tribunal Constitucional estudiará el recurso de Vox contra esta ley, aprobada en abril de 2022, que reformó el Código Penal para castigar estas formas de acoso hacia las mujeres que acuden a abortar y a los sanitarios que practican estas intervenciones con penas de entre tres meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

Una "ola reaccionaria" contra los derechos de las mujeres

Quienes las ejercen actúan en grupos pequeños, organizados por grupos católicos a través de redes sociales, que acuden a las puertas de estos centros de forma rutinaria y, con más intensidad, durante campañas como la internacional 40 días por la vida, según ha explicado el abogado.

"Lo más frecuente es que se pongan a rezar en la puerta de estos centros, aunque también se dedican a obstaculizar la entrada a las mujeres que quieren acceder a ellos, les dan muñecos de bebés para disuadirlas e incluso las increpan e insultan", ha relatado Bosch.

Después de un "pico" de estas actuaciones en torno al año 2010, cuando se aprobó la ley que fijó por primera vez plazos para el aborto libre, estas clínicas han experimentado otro auge en los últimos "cuatro o cinco años", que desde ACAI achacan a una "ola reaccionaria" a nivel global contra los derechos de las mujeres.

Con la particularidad, además, de que en estos últimos años se han observado estos comportamientos en ciudades en las que no se habían registrado antes, como Barcelona, y ya se extienden por "casi todo el territorio".

Ninguna sentencia condenatoria en dos años

Como aspecto positivo de la norma aprobada hace dos años, José Antonio Bosch ha destacado que esta ha traído consigo una "mayor sensibilidad" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y es que, ahora, cuando alguien llama a la Policía para denunciar estas actitudes, los agentes acuden y, a menudo, identifican a los presentes y les invitan a abandonar el lugar, a lo que en ocasiones acaban accediendo, todo ello sin necesidad de que sea la propia víctima la que haga este requerimiento, como ocurría antes.

Pero la posibilidad de que estas acciones sean finalmente castigadas penalmente es muy remota, según la asociación ACAI, que no tiene constancia de que se haya emitido una sentencia condenatoria de este tipo en dos años.

El abogado explicó que, para que estos episodios tengan recorrido judicial, es necesario que la víctima declare, algo que nunca ocurre: "Una mujer que interrumpe su embarazo, lo último que quiere luego es montar un quinario judicial: ir a la comisaría a poner la denuncia, ir al juzgado a declarar...".

En la ley de 2022 se apoyó una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para avalar la decisión de la Generalitat de imponer como condiciones para la celebración de una manifestación convocada por 40 días por la vida que esta no fuera visible ni audible desde los accesos a las clínicas.

La asociación ACAI defiende que la medida más eficaz para evitar estas situaciones es establecer una "zona de seguridad" alrededor de las clínicas, con un radio de 25 o 50 metros de distancia, en la que no esté permitido realizar "ninguna actividad más allá de la deambulatoria", ha señalado Bosch.

Vox contra la intimidad y la libertad de las mujeres

Vox recurrió la norma que modificó el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo con una pena de entre tres meses a un año de cárcel o trabajos en beneficio de la comunidad.

Esa ley vela por "la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación y de este modo garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

La norma castiga al que "obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" o "acose a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad".

Y añade que "las mismas penas se impondrán a quien acose a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo".