El novio de Ayuso avisa a la jueza del "riesgo absoluto de revelación de secretos" con el PSOE

La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, considera que la personación del PSOE en el procedimiento que se sigue contra él por fraude fiscal representa un "riesgo absoluto de revelación de secretos". En un escrito al que ha tenido acceso a El Confidencial, su defensa pide a la jueza que limite el acceso de los socialistas a las actuaciones y se muestra tajante sobre sus verdaderas intenciones: "Nadie duda de que el PSOE, en caso de que reciba copia de los soportes, los va a divulgar".

La jueza María Inmaculada Iglesias, del juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, permitió el pasado abril que el PSOE de Madrid se personara como acusación en la causa que se sigue contra él. Los socialistas se escudaron en la "defensa del interés general" y la jueza acordó darles traslado de las actuaciones este mismo mes a través de una plataforma informática. González Amador avisa sobre el riesgo de filtraciones con este recurso y sugiere una alternativa: que el "acceso y visionado" se lleve a cabo sede judicial y "sin posibilidad de copia".

La filtración de documentos y datos confidenciales sobre esta investigación ya ha dado lugar a una causa paralela. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite el pasado 7 de mayo una querella por revelación de secretos del propio González Amador, quien apuntaba para ello a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos de esta comunidad, Julián Salto Torres. Según concluyeron los magistrados, "de lo que se trata en el presente supuesto es de analizar si se ha visto vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales".

También pide limitar el acceso de Abogacía

Tras la apertura de esta investigación, González Amador advierte ahora a la jueza y a la letrada de la administración de justicia de que deben asegurarse de salvaguardar su intimidad: "El órgano judicial ostenta el deber de adoptar las medidas organizativas adecuadas que, garantizando el derecho de acceso a las actuaciones de las partes, elimine de raíz la posibilidad de que se filtren, revelen y cedan datos personales de los investigados y, con ello, se vulneren sus derechos fundamentales".

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En el recurso que interpusieron tras la personación del PSOE, la defensa González Amador ya pidió que solo les permitieran el acceso a las actuaciones "en presencia del Letrado de la Administración", pero fue rechazado. "Si el problema radica en la presencia del letrado de la administración de Justicia (...), esta parte se aquieta a que se diseñe y arbitre por el órgano al que nos dirigimos cualquier otro mecanismo", apunta ahora en su nuevo escrito.

De hecho, el pasado 24 de abril también recurrió la orden de dar traslado de las actuaciones por vía informática a la Abogacía del Estado, que está personada como representante de los intereses de la Agencia Tributaria. Según explica en su nuevo escrito, aún no ha recibido respuesta a esa petición ni se ha "diseñado ningún mecanismo de acceso que cohoneste el derecho de las partes a acceder a las actuaciones con el derecho fundamental a la protección de los datos personales".

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Hasta que la jueza no resuelva esta última cuestión, González Amador considera que "el peligro de daño irreparable" obliga a "la suspensión del acceso a las actuaciones". La pareja de Díaz Ayuso incide en que no se trata de "prohibir el acceso" de manera absoluta, sino de "acceder y visionar los soportes en los medios del Juzgado tantas veces como lo requieran" y sin que haya un riesgo de vulneración de sus derechos.

"Lo que se pretende con la misma es que no pueda existir ocasión para las filtraciones de contenido de las actuaciones, de revelaciones de secretos y de vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales y a la intimidad personal y familiar, lo que se puede conseguir desde el diseño de un sistema de acceso a las actuaciones igual para todas las partes que garantice la imposibilidad de apoderamiento de los soportes de datos", concluye su escrito.