La comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid ha tumbado este miércoles, gracias a los votos de los diputados del Partido Popular, la investigación de los contratos y la deuda que tiene la Comunidad de Madrid con el grupo sanitario Quirón, principal gestor de la sanidad concertada en Madrid, entre los años 2020 y 2023. La iniciativa, presentada por el grupo socialista, solicitaba que se le encargara a la Cámara de Cuentas –organismo de control externo que preside el expresidente socialista Joaquín Leguina

Lara dejó los hospitales públicos para empezar a trabajar en una clínica privada pese a que “el sueldo era vergonzoso”. “Primaba para mí tener un contrato más largo que dos meses y me prometieron que me harían indefinida. Yo quería comprar una casa y necesitaba esa situación laboral para poder pedir una hipoteca”, cuenta. Tras unos meses en la privada, se formó en oncohematología y se reconcilió con la profesión. Pero la pandemia hizo saltar todo por los aires. La colocó “al límite” y disparó su salida fuera de los hospitales. “No quería ni san

El Ejecutivo foral ha aprobado los primeros doce reconocimientos de víctimas de violencia por actos de motivación política causados por funcionarios públicos o la extrema derecha

El matrimonio formado por Ángeles Muñoz y el fallecido Lars Broberg contrató en 2010 un complejo producto financiero en el paraíso fiscal destinado a ahorrar en el Impuesto de Sociedades y en el de Sucesiones. La mansión de 12 millones de € que encabeza el amplio patrimonio inmobiliario de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, quedó el pasado noviembre libre de cargas. La regidora canceló la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo, según la información del Registro de la Propiedad.

La desigualdad 'baña' cada enclave turístico de las Islas con imágenes como la de El Pajar, en el sur de Gran Canaria, donde infraviviendas y resorts hoteleros están prácticamente pared con pared. Expertos resaltan cómo el sector "utiliza bienes comunes para fines privados", excluyendo la población local

La propaganda de Rodríguez oculta que cualquier acuerdo solo puede darse sobre la base del reconocimiento de los delitos. No se trata de una discrepancia con Hacienda sobre cantidades, como trata de hacer creer la presidenta y su equipo de comunicación, la denuncia de la Fiscalía y lo que ya ha reconocido el propio González Amador en ese correo son delitos penados con entre uno y seis años de cárcel. Dicho de otra manera: cualquier acuerdo de conformidad implicará la condena a la pareja de Ayuso, al menos por fraude fiscal.

Varias paradas de la red aparecen customizadas con la denominación "Línea Stonewashed Blue", un hecho que para usuarios y expertos dificulta la orientación y la accesibilidad: "No respetáis nada", se quejan.