Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales lo ven de manera totalmente opuesta. Su responsable, Ana Dávila, asegura que "la reclamación de las deudas pendientes de los ciudadanos es una obligación legal que contempla la propia legislación nacional" y asegura que al ampararse en la normativa nacional "es al Gobierno de Sánchez, en todo caso, a quien le corresponde modificar esa normativa y justificar la excepción".
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