Consideran que los delitos en los que se habría incurrido en las adjudicaciones aún no habrían prescrito. La Policía ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga si el Partido Popular se financió con donaciones de empresarios a los que posteriormente benefició con adjudicaciones públicas que revise hasta 23 contratos concedidos por ministerios del Gobierno de José María Aznar entre los años 2002 y 2004. A pesar de que han pasado 19 años desde la concesión de dichos contratos aún no habrían prescrito.

El político de Podemos fue a Ecuador en calidad de «observador» de las elecciones, una «tapadera» para las negociaciones. Allí Monedero jugó un papel clave en la firma de un contrato entre la consultora Neurona y el partido del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, cuyo candidato actual, Andrés Arauz, ganó la primera vuelta de las elecciones en el país el pasado 7 de febrero. El contrato que el partido ecuatoriano adjudicó a Neurona asciende a 20 millones de dólares (algo más de 16 millones de euros).

La oposición de la Asamblea de Madrid quiere investigar “posibles tratos de favor” en los miles de contratos firmados por la Comunidad de Madrid para combatir el coronavirus.“Queremos investigar tanto al hermano de Ayuso como a cualquier ciudadano o empresa que esté en la misma situación: que haya sospechas, o información, de que ha podido haber conductas de tráfico de influencias para conseguir contratos”, explica Carmen López, la diputada socialista expulsada del pleno, que está especializada en fiscalizar los gastos de la Administración

Foto 1: "No podemos adaptar las contrataciones a la reforma laboral". Foto 2: los contratos que quieren hacer.

Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre 13 contratos de adquisición de material sanitario y de adjudicación de ayudas por parte del Gobierno denunciados por un diputado del PP de la Asamblea de Madrid después de que esta misma Fiscalía comenzara a investigar el contrato de compra de mascarillas del que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Personas del entorno del expresidente Donald Trump prepararon una solicitud por carta pidiéndole permiso para enviar a contratistas privados armados para requisar e inspeccionar las máquinas de votación donde supuestamente se fraguó el fraude electoral que denuncian Trump y sus seguidores por el que éste fue derrotado por el candidato , Joe Biden. Los contratistas tendrían además que revisar las actas electorales y contarían con la ayuda de agentes federales según la "carta de autorización", recogida en un correo del 21 de noviembre 2020

Jesús Mingo se ha convertido en uno de los nombres más “famosos” dentro de los municipios y los distritos de Madrid. Un nombre que, sin embargo, asusta dentro del Partido Popular de Madrid, debido a los constantes contratos menores que el empresario es capaz de “conquistar” dentro de la administración madrileña. Unos contratos que cada vez “salpican” a más dirigentes del PP madrileño.

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, se reserva incluso por contrato el derecho a intervenir desde el escenario en todos y cada uno de los conciertos multitudinarios organizados por su ayuntamiento. Así se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción. En uno de los contratos que ha consultado ElDiario se puede leer lo siguiente: “El patrocinado está obligado a la presentación del concierto por parte del alcalde de Vigo”.

Joaquín Pérez se sustenta en las últimas cifras de la Seguridad Social, que reflejan “cómo se disparan las bajas en los contratos indefinidos. En concreto, llaman la atención dos variables. Sobre todo, la de personas que causan baja por no superar el período de prueba. Estos casos se han multiplicado por 9 con respecto al año pasado, antes de que entrara en vigor la reforma laboral. El período de prueba dura, en función de los puestos, entre dos y seis meses. Por lo tanto, es el artificio perfecto para hacer contratos basura con cara de indefin

Un ciudadano ha denunciado al Ayuntamiento de Alicante ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente de la Generalitat Valenciana, tras reclamar una serie de documentos relativos a subvenciones y contratos menores relacionados con las actividades de las concejalías de cultura y turismo, dependientes de los ediles Antonio Manresa y María del Carmen Sánchez, ambos del partido Ciudadanos, trasladando sus sospechas de que la opacidad en las respuestas está encubriendo al menos, un delito de fraccionamiento de contratos.

El Parlamento de Galicia ha acordado reclamar a la Xunta todos los contratos celebrados por la Administración gallega con las empresas del Grupo Eulen, cuya dirección para el noroeste de España ejerce Micaela Núñez Feijóo.Esas contrataciones sumaron más de 37 millones de euros en los trece años de gobierno de Feijóo. En 2016,el ejercicio posterior a que Eulen obtuviera un récord de adjudicaciones de 6,2 millones en el ejercicio de 2015,Micaela Núñez fue ascendida desde la dirección regional del grupo en Galicia a la dirección de todo el norte

El Gobierno andaluz ya hacía antes de la pandemia un uso excesivo y con déficit de justificación, transparencia y garantías del contrato a dedo. Así lo pone de relieve la Cámara de Cuentas en una fiscalización de los contratos de emergencia de 2018 y 2019. El análisis censura su uso en ocasiones sin cumplimiento de requisitos legales por parte tanto del PSOE como del PP

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso tiene hasta el 31 de diciembre de 2024 para hacer fijos a 3.247 médicos madrileños con contratos temporales que actualmente trabajan en la sanidad madrileña. Para cumplir los plazos, la Consejería de Sanidad acaba de licitar un contrato para que una empresa privada le ayude en esta tarea y gestione “las pruebas selectivas para acceso a la condición de personal estatutario fijo del Servicio Madrileño de Salud”.

Análisis de Javier Jorrín en El Confidencial sobre la figura del fijo discontinuo y su papel en los datos de actividad y paro: "Los expertos recomiendan analizar la evolución mensual del mercado laboral con los datos de afiliación a la Seguridad Social. Y esta estadística no está afectada por la polémica de los fijos discontinuos, ya que los que se encuentran en periodo de inactividad no computan como cotizantes en alta laboral. Fin del problema."

Se trata del personal de confianza que se elige por 'enchufe' (cesa cuando sale el alto cargo que le ha nombrado), que no ha realizado prueba ni oposición alguna y que no concurre en una valoración de méritos académicos o profesionales. Es más, no se conocen sus nombres (no son públicos), es el secreto mejor guardado, ni sus condiciones económicas. Su coste estimado alcanzará un nuevo récord de 65,4 millones de euros (un 18% más), lo que supone una media de unos 55.000 euros por contratado.

Ciudadanos quiere que el Gobierno explique por qué el contrato otorgado a la multinacional Indra para el mantenimiento de la app Radar Covid --para el rastreo de los casos de coronavirus en España-- se adjudicó "sin publicidad" previa y con tramitación "de emergencia", y ha advertido de la "opacidad" que, a su juicio, rodea a este proyecto. A través de una batería de preguntas registradas este jueves en el Congreso, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y la diputada María Muñoz solicitan conocer las razones del Ejecutivo

En situaciones como esta pandemia las administraciones públicas pueden contratar a dedo, sin abrir expediente e incluso solo con hablarlo. Pero, eso sí, tienen que cumplir las reglas de transparencia a posteriori y publicar los detalles en 15 días. En 2020, tardaron una media de 43. Y eso sin contar los que aún no se han publicado.