La pandemia ha cambiado el mundo, dicen. Entre las modificaciones significativas está el sistema sanitario español. No es forzado decir, datos en mano, que la red pública sale tocada y la privada, reforzada. Y reforzada, al menos en parte, gracias a los recursos de la pública. La partida para centros externos se eleva en dos años un 11,61% y marca su récord pulverizando los 9.000 millones de euros gracias al impulso de la Comunidad de Madrid, donde sólo en 2021 se disparó casi un 35%. Por el contrario, en la Rioja bajó un 18,4%.

La factura en asesores y otros trabajos de empresas externas para defender a España de las denuncias de inversores extranjeros por los recortes a las renovables del Gobierno de Rajoy supera ya los 40 M de €. El recorte del Gobierno Rajoy en 2013 vino acompañado de una suspensión a la instalación de plantas de renovables que paralizó este sector durante años. Los fondos que han demandado a España ponen el ojo ahora en la deuda pública, aunque el Banco de España niega ninguna repercusión; hay ya condenas por 1.000 M y otros 2.000 M en juego.

El gobierno de EE.UU. está frustrado porque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está priorizando el gasto social en beneficio de su pueblo por encima de abordar asuntos que son importantes para EE.UU., según un extracto de un documento de inteligencia de alto secreto filtrado. Parte de un alijo de registros clasificados de inteligencia que se filtraron en la plataforma Discord a principios de este año, el documento pone de relieve el creciente descontento de los funcionarios estadounidenses hacia el presidente de México, que ha

Los presupuestos del Estado de 2023 dispararon la partida para el Ministerio de Defensa en un 26%, pero este notable aumento no habría sido suficiente. Durante el primer semestre del año, el consejo de ministros ha ido inflando más el techo de gasto hasta otros 1.800 millones sin aval parlamentario, según los informes de ejecución del propio Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el presupuesto actual de Defensa ya duplica el que logró hace tan sólo siete años -con todas modificaciones incluidas durante el ejercicio-.

Las primas que recibe la Comunidad de las aseguradoras, que según sentenció el Supremo solo pueden dedicarse a mejorar el servicio antiincendios, se destinan a “partidas desconocidas o a otros servicios de emergencias”

Arroyomolinos sólo dedica a la partida social 19,62 euros por habitante cuando la media nacional se sitúa en 119,61, según el estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS). “Somos de los municipios más jóvenes y faltan servicios sociales; este equipo de gobierno apuesta más por el postureo, por las fiestas, por ejemplo, y a la hora de gestionar las cosas de comer, nada”, explica Pascual Jiménez, portavoz del PSOE en el municipio, que está gobernado por PP y Vecinos por Arroyomolinos.

El vicepresidente Antelo de VOX, sin competencias de Turismo, gastó más que la consejera Conesa en su visita a la World Travel de Londres

Esto los economistas convencionales no lo entienden: en España el gasto público no deja de crecer pero el déficit público baja; y también lo hace la presión fiscal. No es magia, es buena teoría económica.

Los medios críticos no superaron el 10% de la inversión total en prensa. ‘La Razón’, periódico del Grupo Planeta que desde 2020 no audita sus ventas, fue proporcionalmente el medio más favorecido. El Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid (CM) ha sido señalado en un estudio académico reciente como uno de los más opacos de España en cuanto a la rendición de cuentas de las campañas de publicidad institucional. La intención parece clara: impedir que la ciudadanía sepa exactamente cuánto dinero se gasta y a qué medios y grupos de prensa

Sumar y Unidas Podemos han registrado sendas Proposiciones de Ley para resucitar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que decayó la pasada legislatura. La reforma de la Ley Orgánica 4/2015 sobre la protección de la seguridad ciudadana, bautizada como ley mordaza, es una de las tareas pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez tras caer en saco roto la legislatura pasada. Ahora, Sumar y Unidas Podemos presionan para resucitar una polémica iniciativa que en sectores de la Policía Nacional ven como una “miserable provocación”.