Representantes de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han pedido este miércoles en una reunión al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que dimita para forzar a los partidos a pactar la renovación de este órgano, pendiente desde hace más de dos años y medio.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha rechazado de plano este jueves la condición que exige ahora el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), consistente en reformar la ley para que una parte de los vocales de este órgano sean elegidos por los propios jueces. Según ha explicado Bolaños en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, esta propuesta no tiene cabida porque, en un Estado de derecho y una "democracia plena" como la española, "ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos puede

«Solo se necesitan 176 votos en el Parlamento para reformar la LOPJ, mientras que la renovación del CGPJ son necesarios 210 votos. Resulta, pues, más fácil y más legal reformar y después renovar que renovar y seguir incumpliendo frente a Europa. Además, la reforma puede abordarse en unos meses, tal como demuestra la última reforma de la LOPJ de marzo de 2021″, dice en un comunicado de la PCIJ, una asociación transversal de la que forman parte jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, juristas, catedráticos y periodistas.

"No podemos aceptar esta campaña de propaganda y de desprestigio que están haciendo para controlar el único poder que no controlan", ha asegurado el líder de los populares, que se ha preguntado "por qué Pedro Sánchez quiere controlar a los jueces".

En los últimos días, y con el aparataje propio de las grandes ocasiones, que se sirve de editoriales de diarios de gran tirada, se ha retomado la campaña de presión para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial y su presidente dimitamos. Y digo bien cuando aludo a que la operación se ha retomado, porque no es nueva. Con los pactos de renovación me pasa como con las oleadas de Covid, que no sé en cuál estamos: ya no recuerdo si fue el tercer o cuarto intento de acuerdo de renovación, así que lo dejo en el último...

Las cuatro asociaciones judiciales han rechazado la invitación del PP para participar en la convención nacional del partido, que se celebra la semana que viene con actos en distintas ciudades y que culminará en Valencia los días 2 y 3 de octubre. Las asociaciones recibieron por separado la invitación del PP para que acudieran a una mesa sobre Justicia prevista el próximo 30 de septiembre en Sevilla, pero las cuatro han declinado la oferta y así se lo han comunicado al PP en un escrito conjunto.

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez no presentará una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, después de que esta le retirase el acta de diputado el pasado viernes, confirman a elDiario.es fuentes de la defensa de Rodríguez. La decisión corresponde a una nueva estrategia judicial.

Las votaciones para designar a los nuevos representantes del TC y el Defensor del Pueblo tendrán lugar en dos semanas. Génova descarta un pacto sobre el Poder Judicial para entonces

Lo mismo que hay un Gordo de Navidad, hay un Gordo judicial, si bien con la particularidad de que es un Gordo inverso que consiste en que no te toque nada pese a llevar muchas más papeletas que el batallón de subordinados tuyos a los que, en cambio, sí puede que les toque la pedrea de unos cuantos años de cárcel. Esperanza Aguirre es una mujer con suerte, aunque la suya sea una suerte bajo sospecha de tongo.

La separación de poderes del Estado es uno de los principios fundamentales de cualquier sistema democrático y consiste en que cada uno de ellos, ejecutivo, legislativo y judicial, debe ser ejercido por órganos distintos, los cuales, además, se relacionan entre sí a través de un sistema de controles y equilibrios que garantice que ninguno ostenta un poder absoluto ni arbitrario.

El renombrado sociólogo y autor argentino Atilio Borón se une a The Grayzone para hablar sobre el asalto legal a la expresidenta de su país, Cristina Kirchner, los intentos de sabotear a líderes desde Lula da Silva de Brasil hasta Pedro Castillo de Perú, y las fuerzas de élite detrás de lo que él considera un amplio programa continental, similar al infame y sangriento Plan Cóndor de la época de la Guerra Fría. Denuncia la transición de los gobiernos de latinoamérica hacia dictaduras mediático judiciales.

La reforma judicial del Gobierno, soportado por la ultraderecha, echa a la calle a ciudadanos de todo signo, ante el temor de perder la esencia misma del país.

Más de 1500 días lleva paralizado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una situación que mantiene enfrentados al PP y PSOE, pero que también parece estar a punto de enfrentar de nuevo a los partidos que conforman el Gobierno de coalición. Y es que, ante las presiones recibidas para intentar «forzar» esta renovación, los vocales más «socialistas» del CGPJ, como Álvaro Cuesta, parecen resistirse a abandonar el cargo (y los 7.500 euros de remuneración)

¿Y qué es lo que pasa con Sandra? Sandra lleva cinco años con un proceso judicial abierto por un delito del que no existen pruebas. Muy resumidamente os contamos lo que pasó.

Presenté un escrito corto en el que se pedía que la Fiscalía de Madrid, de manera institucional, condenase el golpe de Estado y se pusiese decididamente al lado de la democracia de la que estaban disfrutando sin sobresaltos. El debate fue muy revelador, ni recuerdo ni quiero recordar las posturas, escasas, a favor de los golpistas. Lo más desolador fue la postura mayoritaria de los cínicos que manifestaban, de viva voz, su desacuerdo con la entrada violenta en el Congreso de los Diputados, pero enfatizaban su profesionalidad....

Tras más de diez horas de registros, la Guardia Civil se ha incautado este miércoles de los datos originales sobre las emisiones de partículas y otras sustancias contaminantes a la atmósfera de la incineradora pública de Tersa, situada en la confluencia entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. La planta es foco de una investigación judicial que trata de esclarecer si se cometieron supuestas irregularidades y si estas emisiones superaron los niveles permitidos por la ley entre 2015 y 2019.